MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho este lunes que tiene "datos" que le "hacen ser optimista" respecto a la posibilidad de un acuerdo entre los grupos políticos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cumpliendo el plazo estimado para ello, después de que Congreso y Senado se hayan dado una nueva prórroga, hasta el 22 de octubre.
En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, ha destacado la importancia de que "las instituciones cumplan con las finalidades que están previstas en la constitución", así que los encargados de "legitimar con sus elecciones" deben cumplir el plazo. "Los plazos de renovación del CGPJ son los que marca la ley, y es a lo que hay que estar", ha zanjado.
Por otro lado, Torres-Dulce ha relatado que las fiscalías de la Audiencia Nacional y la de Madrid ya tienen en su poder los respectivos informes policiales sobre los incidentes de la pasada 'Diada', la quema de banderas y de una foto del Rey en Barcelona --en el caso de la Audiencia Nacional-- y el asalto de ultraderechistas a la sede de la Generalitat en Madrid.
Preguntado por las posibles actuaciones de la Fiscalía contra grupos de ultraderecha, ha admitido su preocupación por "cualquier repunte" de conductas ilegales y de hechos que "merezcan un reproche penal", pero también ha destacado que el Ministerio Público se encarga "de velar por que los partidos políticos se comporten con la coherencia constitucional que le exige su estatus correspondiente".
MADRID ARENA
Torres-Dulce ha respondido también sobre el juicio por el caso Madrid Arena, el magistrado ha dicho que por parte de la Fiscalía de Madrid, le trasmiten "la percepción" de que puede "estar muy cerca" que se solicite la "transformación de las diligencias en proceso", y por lo tanto, que llegue el momento para calificar los hechos".
En cualquier caso, lo que Torres espera de un caso de tanta "trascendencia" como el Madrid Arena, donde murieron cinco jóvenes en una avalancha hace casi un año, es que, una vez que "queden dilucidados los responsables", se "vea con la máxima rapidez y con la máxima precisión de garantías" para aquellos que participan en el proceso.
¿DELITO EN LOS INSULTOS A ALAYA?
Torres-Dulce ha tildado de "improcedentes" los insultos que recibió la semana pasada la juez Mercedes Alaya, que instruye los supuestos ERE fraudulentos en Andalucía pero ha recordado que corresponde a la Fiscalía de Sevilla decidir si en ellos hay indicios de delito.
Por otro lado, el fiscal se ha mostrado partidario de buscar fórmulas para recuperar el dinero robado o evadido por los delincuentes, además imponerles penas de cárcel, un ámbito en el que ha reconocido que la Justicia "va muy por detrás" de los delincuentes, que a la hora de cometer delitos financieros hacen operaciones de "ingeniería" para evadir su responsabilidad, personal y económica.
Así, ha subrayado que recuperar el dinero es aún más complicado en casos en los que, por ejemplo, se paga una comisión directamente en un paraíso fiscal. Torres-Dulce ha destacado que países como Suiza, que es "paradigma del secreto bancario", está colaborando, y que otra vía para avanzar están siendo las actuaciones policiales en los países destino del dinero, a través de Europol e Interpol.
No obstante, ha añadido que ayudaría la desaparición de los paraísos fiscales, "algunos sostenidos por naciones que hipócritamente mantienen una actitud de colaboración que luego no se corresponde con determinadas situaciones concretas".
Torres-Dulce ha defendido la autonomía del Ministerio Público --ni él recibe órdenes del Gobierno ni se las da a los fiscales-- pero cree que "queda bastante campo para reforzar la autonomía y la visibilidad de autonomía del Ministerio Fiscal, con un presupuesto propio, y capacidades de autonomía administrativa" que hoy en día no tiene.
En esa línea, ha dicho que ha pedido tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que si finalmente se concede a la Fiscalía la investigación de los delitos debe hacerse un "blindaje" de los fiscales que vayan a llevar determinados asuntos, pero blindaje no sólo del Gobierno, sino también de "campañas mediáticas, lobbies sociales, económicos y financieros".
PRESUPUESTO PARA CONSOLIDAR PLANTILLAS
El fiscal general considera satisfactorios los Presupuestos Generales del Estado porque permiten a la Fiscalía atender algunas prioridades, aunque ha pedido esfuerzos para "consolidación de plantilla" precisando que en algunos lugares, como Málaga, la situación es "preocupante". Según ha dicho, cree que su petición en este ámbito va por buen camino.
También ha lamentado que la Comunidad de Madrid paralizase el proyecto de Ciudad de la Justicia, porque habría acabado con problemas de infraestructuras y dispersión de sedes, y el "déficit tecnológico", que está "perturbando gravemente el trabajo de los juzgados", puesto que con los actuales sistemas los juzgados y las fiscalías no están conectados, incluso la fiscalía tiene varios sistemas incompatibles entre sí.
Hechas sus peticiones, ha dicho no obstante que no tiene "ninguna queja" ni del ministro de Justicia ni del de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Más vale que no me queje mucho del señor Montoro claro", ha ironizado, añadiendo que es éste quien "tiene la llave de la despensa". nas vias.
