MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
En vista pública se expondrán las distintas posturas de las partes en torno al recurso de casación interpuesto por la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) contra la sentencia que la Audiencia Provincial de Baleares dictó el 23 de julio del pasado año contra Munar por delitos de prevaricación, fraude y revelación de información confidencial.
El tribunal de la Sección Segunda decretó un día después el ingreso en prisión provisional de la exmandataria, quien en 1979 se convirtió en la primera alcaldesa de Baleares con tan sólo 24 años, ante el elevado riesgo de que pudiera fugarse con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular.
La Fiscalía del Supremo ya pidió el pasado mes de enero que sea confirmada la condena de seis años de cárcel --excepto en lo relativo a los diez años de inhabilitación impuestos por prevaricación-- al situar a la expresidenta frente a esta trama fraudulenta, puesto que "no es razonable inferir que la acusada, desde su posición directiva y a partir del conocimiento que de lo actuado tenía sin sombra de duda, se produjera de modo ingenuo y ajeno a todo intento de alterar el procedimiento de enajenación, en claro perjuicio de la Administración afectada".
La Audiencia consideró que Munar así como otros cinco acusados beneficiaron a la promotora Sacresa con la venta de los solares palmesanos por debajo de su valor real por tratarse de un negocio de "sabrosas perspectivas" y todo ello "merced a algún tipo de cohecho que movió las voluntades apropiadas".
Así, junto a Munar también fueron condenados el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal (cuatro años de prisión), el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens (ocho meses), el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), el máximo accionista de la empresa adjudicataria de los terrenos, Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).
El tribunal no entró a valorar la existencia de un presunto soborno --que ascendería a cuatro millones de euros, lo que está siendo investigado en el marco de otro procedimiento judicial--, pero sí aseveró no poder "vendarse los ojos" e ignorar las confesiones que respaldaban el "móvil económico para justificar la venta por concurso y precio topado" en lugar de a través de un procedimiento de subasta, que hubiera imposibilitado el "manejo" del proceso y la obtención de algún tipo de comisión.
La sentencia dio cuenta de los elementos que apuntan al "concierto fraudulento" al que llegaron los acusados para defraudar al Consell con la venta de Can Domenge, el bien inmueble "de mayor valor que tenía entonces la Institución", por 30 millones de euros cuando varios peritajes elevaron su precio por encima de esta cantidad. Y ello para beneficiar a Sacresa y sin que su actuación "en modo alguno estuviese presidida por el interés general, sino por su deseo de controlar el proceso de enajenación".
