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Caso Maquillaje

Vicens vuelve este martes al banquillo por desviar 12.000 euros a la productora de la que había sido asesor jurídico

07/02/2012
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La Fiscalía pide tres años y diez meses para el exconsejero insular por los delitos de malversación y prevaricación

PALMA DE MALLORCA, 06 (EUROPA PRESS)

El exconsejero de Territorio del Consejo de Mallorca, Bartomeu Vicens, volverá este martes al banquillo de los acusados para ser juzgado por el presunto desvío de 11.930 euros públicos a la productora Studio Media -de la que anteriormente había sido asesor jurídico-, por unos trabajos que ya habían sido realizados y que no reportaban ningún tipo de beneficio a la Institución insular sino únicamente a los administradores de la empresa adjudicataria.

En concreto, la Fiscalía solicita tres años y diez meses de cárcel para Vicens en el marco de esta pieza separada del caso Maquillaje por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los mismos ilícitos penales por los que ya fue condenado dentro de una pieza del caso Son Oms, al beneficiar con 12.000 euros a su contable particular por un informe plagiado de Internet. En la actualidad Vicens cumple condena por estos hechos en el centro penitenciario de Palma.

Asimismo, junto a Vicens, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, se sentarán en el banquillo el administrador de Studio Media y presunto testaferro de Vicens al frente de la sociedad Metalumba, Alfredo Conde, la mujer de éste, Elisabeth Diéguez -para quienes la Fiscalía reclama dos años y tres meses de prisión-, y el exdirector insular de Patrimonio, Joan Josep Mas -un año y medio de cárcel-, quien realizó un informe sobre la necesidad de contratar a esta productora audiovisual.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía asevera que la pretensión del también exdiputado de UM era beneficiar de forma "arbitraria" con fondos públicos a Conde y Diéguez, con los que mantenía una "antigua amistad" y a quienes quería favorecer por los servicios y colaboraciones que le habían prestado. Se da la circunstancia, además, de que Vicens había cobrado de Studio Media, de 2001 a 2003, un total de 9.011 euros por sus servicios de asesoría jurídica, por lo que le estaba legalmente prohibido intervenir en cualquier contrato del Consejo con esta productora.

A pesar de ello, el acusado llevó a cabo cuantas gestiones fueron necesarias para crear un expediente de contratación por valor de 11.930 euros para una asistencia técnica relativa a la realización de la serie 'Elements patrimonials de Mallorca', programa que ya había sido emitido entre 2001 y 2003 por Ona Mallorca -emisora que gestionaba Studio Media- y por tanto ya retribuido por el Consejo, de acuerdo al escrito del Ministerio Público.

Además de infringir "toda norma legal y el régimen de incompatibilidades", Vicens no requirió a la empresa si estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, a pesar de conocer que Studio Media no podía contratar con la Administración debido a que no había atendido a estos requerimientos fiscales.

Así las cosas, el exdirector insular de Patrimonio, siguiendo instrucciones de Vicens, realizó un informe sobre la necesidad de la contratación que "había diseñado" el exconsejero "pese a conocer la falta de utilidad y sentido de aquel contrato", según la Fiscalía, que postula que Mas también conocía que la serie ya había sido realizada y emitida con anterioridad puesto que él mismo había intervenido en uno de los programas. Pese a ello, "no hizo gestión alguna para evitar el pago, recuperar los fondos públicos o exigir un trabajo adecuado al contrato", abunda la Fiscalía.

La acusación pública señala que finalmente Vicens autorizó y ordenó el pago de la cantidad presupuestada "con la convicción de que beneficiaba a sus amigos y colaboradores ya que a él, personalmente, le era más favorable mantener buena relación con los colaboradores de Studio Media". Por su parte, Conde y Diéguez también tenían "pleno conocimiento" de que el contrato era ilegal y suponía "un enriquecimiento personal a costa de los fondos públicos".

PAGO DE LOS 11.930 EUROS AL CONSEJO

El Ministerio Fiscal pide por tanto que Vicens, Diéguez y Conde respondan de forma conjunta al pago de los 11.930 euros supuestamente defraudados en favor del Consejo, mientras que solicita que Mas abone esta cantidad de forma subsidiaria a la del resto de acusados. El juicio arrancará este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, a partir de las 11.30 horas, y prevé quedar visto para sentencia el próximo jueves.

Precisamente, este mismo tribunal será el encargado de juzgar por primera vez a la exdirigente histórica de UM, Maria Antònia Munar, y al exvicepresidente del Consejo Miquel Nadal, quienes se sentarán en el banquillo en mayo junto a otros ocho acusados por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas de la Institución insular a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido.

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