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Caso Maquillaje

Exconsejero balear confiesa que ordenó contratar a Studio Media como "agradecimiento" a sus testaferros

08/02/2012
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Alfredo Conde afirma que el exconseller de UM quería "agradecer que convenciera a mi mujer para que fuera administradora de Metalumba"

PALMA DE MALLORCA, 7 (EUROPA PRESS)

El exconsejero insular de Territorio, Bartomeu Vicens, ha admitido que ordenó contratar a la productora Studio Media por 11.930 euros públicos -con el objetivo aparente de difundir por radio unos programas sobre el patrimonio de Mallorca, a pesar de que estos ya habían sido emitidos- como "agradecimiento" a sus presuntos testaferros al frente de la tapadera Metalumba, Alfredo Conde y Elisabeth Diéguez. El acusado ha recordado que ésta se prestó a figurar como administradora de la misma, por lo que "quería agradecérselo".

Así lo ha puesto de manifiesto durante el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma por una pieza separada del caso Maquillaje, en el marco de la cual la Fiscalía solicita tres años y diez meses de cárcel para Vicens por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los mismos ilícitos penales por los que ya fue condenado dentro de una pieza del caso Son Oms, al beneficiar con 12.000 euros a su contable particular por un informe plagiado de Internet.

Vicens, quien ha salido de la cárcel de Palma, donde cumple condena por estos últimos hechos, para sentarse de nuevo en el banquillo, ha puntualizado que el motivo "personal" que le llevó a contratar a Studio Media -administrada por Conde y Diéguez- era gratificar a ambos por ser Diéguez administradora de Metalumba, empresa de la que presuntamente se sirvió el exconsejero de UM para cobrar unos 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones que supuestamente percibió a raíz de la recalificación del polígono Son Oms.

Cabe recordar que Metalumba fue creada en 2002 por Vicens, quien puso la mercantil a nombre de su mujer, Antònia Martorell, y a Diéguez como administradora única, si bien la Fiscalía la considera testaferro del exconsejero.

Tras puntualizar que otra de las causas de la contratación era "hacer unas rutas sobre patrimonio", el acusado, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, ha recordado que conoce a Conde desde que estudiaron bachiller juntos y "sabía que después siguió estudios de comunicación". "Sólo hablé con él para hacer la contratación, pero no con nadie más", ha precisado el exdiputado 'uemita', quien únicamente ha respondido a las preguntas de su defensa.

Junto a Vicens se sientan en el banquillo Conde y Diéguez, su mujer -para quienes la Fiscalía reclama dos años y tres meses de prisión-, y el exdirector insular de Patrimonio, Joan Josep Mas -un año y medio de cárcel-, quien realizó un informe sobre la necesidad de contratar a esta productora audiovisual.

En el turno de su interrogatorio, Conde, quien también se ha negado a declarar ante las preguntas de los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángen Subirán, ha recordado que habló con Vicens para materializar la contratación, cuya pretensión era "agradecer que convenciera a mi mujer para que fuera administradora de Metalumba". En este sentido también ha sido interpelada Diéguez, quien ha reconocido que figuró como administradora de esta sociedad si bien no llevó a cabo ninguna gestión en ella.

Por su parte, el exdirector insular de Patrimonio ha manifestado, a preguntas de la Fiscalía, que la idea de contratar a Studio Media "surgió de Vicens", quien le dijo que "ya había contactado con la empresa, que se la contrataría y me ordenó que hiciera un informe de necesidad". "Fue un trabajo directamente encomendado por él. Me dijo que se iba a encargar de todo, que yo hiciera el informe y confié en su palabra porque era mi superior jerárquico", ha aseverado el acusado.

"Fue 'a posteriori' cuando me enteré de que los programas ya se habían emitido y se me cayó la cara de vergüenza", ha aseverado Mas, quien ha asegurado que en ningún momento sospechó que el trabajo ya se había realizado y remunerado, a pesar de que en diciembre de 2003 participó en uno de los programas que ya habían sido emitidos y que volvieron a ser pagados. Según la Fiscalía, Mas conocía que la serie ya había sido realizada y pese a ello "no hizo gestión alguna para evitar el pago, recuperar los fondos públicos o exigir un trabajo adecuado al contrato".

MAS: "DESCONOCÍA QUIÉN ESTABA DETRÁS DE STUDIO MEDIA"

Es más, el acusado ha recalcado que le pareció "estupendo" promocionar el patrimonio de la isla a través de la radio y "estaba cien por cien convencido de su necesidad", al tiempo que ha apuntado que desconocía "quién estaba detrás de Studio Media: no sabía quiénes eran Conde ni Diéguez". Finalmente, ha señalado que únicamente llevó a cabo el informe de necesidad, tras el cual "acabó mi trabajo" respecto a este expediente, y escuchó "algún tramo" de los CD que le presentaron tras ser adjudicado el contrato.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía asevera que la pretensión del también exdiputado de UM era beneficiar de forma "arbitraria" con fondos públicos a Conde y Diéguez, con los que mantenía una "antigua amistad" y a quienes quería favorecer por los servicios y colaboraciones que le habían prestado. Se da la circunstancia, además, de que Vicens había cobrado de Studio Media, de 2001 a 2003, un total de 9.011 euros por sus servicios de asesoría jurídica, por lo que le estaba legalmente prohibido intervenir en cualquier contrato del Consejo con esta productora.

A pesar de ello, el acusado llevó a cabo cuantas gestiones fueron necesarias para crear un expediente de contratación por valor de 11.930 euros para una asistencia técnica relativa a la realización de la serie 'Elements patrimonials de Mallorca', programa que ya había sido emitido entre 2001 y 2003 por Ona Mallorca -emisora que gestionaba Studio Media- y por tanto ya retribuido por el Consejo, de acuerdo al escrito del Ministerio Público.

Además de infringir "toda norma legal y el régimen de incompatibilidades", según el Ministerio Público, Vicens no requirió a la empresa si estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, a pesar de conocer que Studio Media no podía contratar con la Administración debido a que no había atendido a estos requerimientos fiscales.

PAGO DE LOS 11.930 EUROS AL CONSEJO

El Ministerio Fiscal pide por tanto que Vicens, Diéguez y Conde respondan de forma conjunta al pago de los 11.930 euros supuestamente defraudados en favor del Consejo, mientras que solicita que Mas abone esta cantidad de forma subsidiaria a la del resto de acusados. El juicio proseguirá el próximo jueves.

Precisamente, este mismo tribunal será el encargado de juzgar por primera vez a la exdirigente histórica de UM, Maria Antònia Munar, y al exvicepresidente del Consejo Miquel Nadal, quienes se sentarán en el banquillo en mayo junto a otros ocho acusados por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas de la Institución insular a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido.

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