MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Según publicó el domingo el diario 'El País', la sentencia del TSJM, dictada a finales del pasado año y a la que ha tenido acceso Europa Press, anula los elementos que había incorporado el Gobierno regional a la norma estatal, algo que según fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, precisan que lo recogido en la resolución de 2021 ya se trasladó a un decreto en 2022, tal como, defienden, estipula el fallo judicial.
Así, subrayan que la Comunidad de Madrid "ya cumple con la sentencia" al haberse incorporado los criterios de promoción y titulación en los respectivos decretos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato aprobados en 2022.
En este sentido, explican que si bien la sentencia de 2023 alude a que estos criterios debían recogerse en un decreto y no en una resolución, esto ya se hizo en 2022.
Sin embargo, para la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, esto supone "sólo una de las causas de nulidad" y cree que se trata de "varapalo en toda regla" al "intento" del Gobierno regional de "dinamitar" la Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
"Donde la ley dice por consenso la Comunidad de Madrid dice que ese consenso consiste en una mayoría de cuatro quintos. Donde dice que se atenderá a la consecución de las competencias básicas y los objetivos, la Comunidad dice que esa consecución se entenderá alcanzada cuando se hayan aprobado todas las materias. Es una contraprogramación en toda regla", asegura en declaraciones a Europa Press la secretaria general de esta Federación, Isabel Galvín.
CCOO ACUSA A LA COMUNIDAD DE "PERVERTIR" EL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para este sindicato, la Administración autonómica "pervierte" el sistema de evaluación introducido por la LOMLOE en sintonía con las recomendaciones de la OCDE y los sistemas educativos de la Unión Europea "más exitosos", que "van en la línea de evaluar por competencias y no tanto por asignaturas". Además, cree que "aboca al profesorado a incumplir las funciones que el artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación establece".
Como explica CC.OO, se han anulado las cuestiones que "no figuran ni en la LOE tras la reforma efectuada por la LOMLOE ni en los Reales Decretos que la desarrollan", como que las decisiones de promoción y titulación en la ESO hayan de adoptarse por mayoría cualificada de dos tercios del equipo docente, y que las demás decisiones en la evaluación del alumnado de la ESO deban adoptarse por mayoría absoluta.
En la promoción en la ESO, pide que se pueda tomar apriorísticamente la decisión, sin llevar a cabo una evaluación individualizada, de la repetición cuando el alumnado tenga evaluación negativa en tres o más materias o en tres si dos de ellas son lengua castellana y matemáticas; que la decisión de titulación en Bachillerato deba tomarse por mayoría cualificada de cuatro quintos; que las demás decisiones en la evaluación del alumnado del Bachillerato deban adoptarse por mayoría absoluta, y que se pueda decidir, sin una evaluación individualizada, la titulación en Bachiller exclusivamente con todas las materias superadas (cuando la LOE-LOMLOE permite titular con una materia suspensa si la nota media es superior a 5 y se dan una serie de circunstancias muy estrictas, lo cual no es una novedad, pues es algo que se aplica en las universidades, es decir, en estudios superiores: compensación de notas).
Ante esto, Isabel Galvín ha instado al Ejecutivo regional a que "se conduzca por la vía de la lealtad institucional" en lugar de "continuar aplicando un oposicionismo absurdo al Gobierno de España".
