SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)
Así, aunque ha asegurado que "aplaude" más que "critica" esta reforma, ha criticado que "no aborda la verdadera problemática de la falta de medios" y ha citado algunos datos de instituciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según los cuales en España "hay 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes" y, en el caso de Cataluña, la cifra es de "10,5 jueces por cada 100.000 habitantes", cuando la media europea es de 18 jueces.
"Son cifras duras, pero exactas", ha incidido durante su intervención en la mesa redonda inaugural del encuentro 'Una Justicia de futuro', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que ha denunciado la situación de "cierto colapso" de la Justicia catalana.
De este modo, ha avisado de que "lo más preocupante" de la reforma de la Lecrim es que los jueces deben acortar los plazos de los procesos penales, pero que no se les dota "de los medios necesarios" para cumplirlos. "La reforma se ha quedado a medias", ha zanjado Gordó, para quien esta nueva Ley "disminuirá la agilización" de los procesos o "tendrá el efecto contrario", es decir, en su opinión, los ralentizará.
Asimismo, ha alertado de que con el nuevo texto de la Lecrim "puede vulnerarse" el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones recogido en el artículo 18.5 de la Constitución Española con la interceptación de las comunicaciones en casos de urgencia --como en la lucha antiterrorista-- y ha reivindicado que "la eficacia y la eficiencia" de la Justicia "nunca pueden ir más lejos de los derechos fundamentales" de los que gozan los ciudadanos.
Por todo ello, ha lamentado que con esta reforma "parcial" se ha "perdido una oportunidad" en comparación con lo que hubiese supuesto, a su juicio, una reforma "integral", pese a reconocer que es "absolutamente cierto" que había una "necesidad urgente" de reforma este texto legal.
LOS VALORES DEL PROCESO PENAL TENÍAN "TINTES DRAMÁTICOS"
En este sentido, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, ha defendido las modificaciones en materia del uso de las nuevas tecnologías en los procesos penales porque, a su juicio, los valores del proceso tenían "tintes dramáticos" y "no se trata de necesidad y urgencia política, sino que la situación no admite dilación".
De esta forma, ha incidido en que una decena de jueces de instrucción habían hecho hincapié en la necesidad de regular, por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones de los encausados o investigados y que este era un "problema absolutamente inaplazable". De hecho, ha advertido de que si no entra en vigor la Lecrim las investigaciones basadas en las nuevas tecnologías "estarían absolutamente tocadas".
Igualmente, en alusión a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales que ha hecho el consejero de Justicia catalán, Marchena ha incidido en que "tenía sentido" por su presencia en el primer borrador, pero que "esa posibilidad se eliminó".
