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El juez de la Mata reclama que el Supremo británico revise la negativa de entregar a España a Troitiño

12/08/2015
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Quiere que aclare si sería admisible el uso de una videoconferencia para tomarle declaración

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reclamado al la Corte Suprema británica que revise la negativa del Tribunal Superior de Londres a entregar a nuestro país al etarra Antonio Troitiño, al que se quiere procesar por supuesta pertenencia a banda terrorista. Quiere que aclare si la posibilidad de que se le interrogue por videoconferencia es causa bastante para denegar la extradición.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto en el que acuerda dirigirse a la Fiscalía británica, que es la que representa la posición de España en el proceso, para que interponga recurso de casación ante la Corte Suprema británica contra la decisión del tribunal londinense, hecha pública el pasado 31 de julio.

El Tribunal Superior londinense estimó el recurso de la defensa del etarra contra la decisión del juez de distrito que había aceptado inicialmente la entrega en abril, al considerar que España no había justificado de forma suficiente su reclamación ya que su ausencia de España era la única razón que impedía acusarle y enjuiciarle. Estableció que ello chocaría con la Ley de Extradición británica de 2003, según este tribunal.

IMPORTANCIA PÚBLICA GENERAL

De la Mata discrepa de esta interpretación y apunta en su auto que el Supremo británico debe ser el que aclare esta cuestión por ser considerada de "importancia pública general" y de "extremada relevancia".

El juez español añade en su auto que la alternativa a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) planteada, como sería una comisión rogatoria internacional para tomar declaración a Troitiño por videoconferencia, no sería viable por cuanto Reino Unido viene rechazando la autorización para declaraciones por ese sistema para personas imputadas.

En concreto, De la Mata quiere que el Supremo británico resuelva si es admisible la videoconferencia en dicho país para declaraciones de personas imputadas y si dicha posibilidad debe considerarse por sí sola causa de denegación de la extradición de Troitiño a nuestro país.

"La respuesta a estas preguntas es una cuestión de derecho de singular importancia a fin de evitar las contradicciones e inconsistencias en la interpretación de los convenios internacionales y leyes nacionales, que pueden llevar a una situación de falta de la previsibilidad o seguridad jurídica", razona el juez de la Audiencia Nacional.

Añade que se trata de una persona que "estaba en fuga" y que entró en Reino Unido con una documentación falsa para, según su propia confesión, eludir la justicia española.

En la resolución conocida este martes, De la Mata razona además que, lejos de la falta de justificación alegada por la corte británica, "en este caso se ha explicado exhaustivamente por la Fiscalía de la Corona cuál es el curso procesal a seguir, qué es lo que pende, por qué lo que pende está condicionado a la presencia del acusado y que, por tanto, se han tomado en cuenta y desestimado otras alternativas".

La interposición del recurso de casación ante el Supremo estará condicionado a la propia autorización o admisión a trámite del tribunal superior londinense, que es a quien llegará la resolución de De la Mata en primer término.

Condenado a más de 2.700 años de cárcel por 22 atentados, Troitiño, alias 'Miguel Ángel', estuvo en busca y captura desde el 20 de abril de 2011, tras ser puesto en libertad sólo siete días antes por un error de la Audiencia Nacional, que le descontó el tiempo pasado en prisión preventiva del límite máximo de estancia en la cárcel (30 años) y no del conjunto de sus condenas.

Tras ser arrestado en Londres, Troitiño se benefició de la anulación de la llamada 'doctrina Parot' --que establecía que los descuentos de pena por beneficios penitenciarios se aplicasen a cada una de las penas, no sobre el máximo legal de estancia en prisión--.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la anuló el 21 de octubre de 2013 y Troitiño logró la libertad condicional.

COMETIÓ 22 ATENTADOS

El etarra cometió 22 atentados cometidos como miembro del 'comando Madrid', entre ellos el perpetrado en 1986 en la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles, fue puesto en libertad tras pasar 24 años en prisión, pero no tendría que haber salido hasta 2017.

Troitiño Arranz nació el 26 de junio de 1957 en Tariego de Carrato (Palencia). Fue miembro del "comando Madrid", detenido el 16 de enero de 1987, al asaltar los GEOS un piso de la calle Río Ulla, donde fueron detenidos otros cinco etarras: Cristina Arrizabalaga, María Teresa Rojo, Esteban Esteban Nieto, Inmaculada Noble y José Ignacio de Juana Chaos.

Consiguieron huir en aquella ocasión; José Martín López Castañares, siendo arrestado en 1994, al descubrirse la fábrica de ETA en Mouguerre (Francia). También huyó Inés del Rio Prada "Nieves" y "Pequeña", siendo detenida en el mes de julio de ese año en Zaragoza.

El primer atentado mortal por el que fue condenado se produjo el 26 de octubre de 1983 en Irún, donde ETA asesinó al carnicero Lorenzo Mendizabal. Fue tiroteado cuando despachaba a sus clientes en su establecimiento. Por esta acción, Troitiño fue condenado a 20 años de cárcel en 1988.

El 14 de junio de 1984 participó en el asesinato del guardia civil Ángel Zapatero Antolín en San Sebastián. En aquel atentado con bomba lapa resultó herido un niño de 14 años. Por estos hechos la Audiencia Nacional condenó al terrorista a 29 años de cárcel en 1988.

Un año después la Audiencia Nacional le condenó a otros 87 años de prisión por ametrallar al teniente coronel del Ejército de Tierra Carlos Vesteiro, al comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas y al soldado conductor Francisco Casillas el 17 de junio de 1986 en Madrid.

ATENTADO EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

La máxima pena impuesta a este terrorista fue ese mismo año 1989 cuando fue condenado a 2.232 años de cárcel por el atentado perpetrado en la madrileña Plaza de la República Dominicana donde murieron 12 guardias civiles y otras siete personas resultaron heridas el 14 de julio de 1986. Los terroristas colocaron una furgoneta bomba cargada con cinco ollas a presión cargadas de explosivos.

En 1990 la Audiencia Nacional le condenó a 378 años de cárcel por el atentado contra un Land Rover de la Guardia Civil perpetrado el 25 de abril de 1986 en la calle de Juan Bravo de Madrid. Murieron cinco guardias civiles y otros cuatro resultaron heridos. Además, hirieron también a siete viandantes.

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