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¿Justicia contra reloj?; por José Luis Requero, Magistrado

30/03/2015
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El día 28 de marzo de 2015, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de José Luis Requero, en el cual el autor considera que sería desalentador que conductas censurables queden sin castigo por no haber concluido el procedimiento a tiempo porque el sistema judicial es torpe y lento.

¿JUSTICIA CONTRA RELOJ?

No soy temerario si digo que la reforma del proceso penal que viene está afectada por los casos de corrupción, gran protagonista de la crónica judicial. Antes el hábitat de esa crónica eran las páginas de sucesos; ahora abre casi a diario la información política. A los escándalos de las últimas décadas me remito. Sin embargo, aún se funciona con la ley de 1882 y, aunque las reformas han sido numerosas, se echa en falta una ley integral y, sobre todo, optar de una vez por un modelo de instrucción penal moderno.

Lo que estamos viviendo en los últimos años es el afloramiento de una corrupción que ya no entiende de colores ni jerarquías. Esa corrupción, mezclada con la crisis, ha generado desafección y recelo hacia partidos y sindicatos; no es ajena a la corrupción que se cuestione el bipartidismo o -”caso Nóos” mediante- la monarquía. Por tanto, cómo sea el proceso penal, es decir, el instrumento que permiinvestigar y juzgar los delitos, en especial hoy día la corrupción, percute en la salud del sistema político.

Hablo de una patología -la corrupción- y la cuestión es si la medicina proyectada es eficaz o, si me apuran, sincera. Lo planteo de forma descarnada, aun a riesgo de hacer un juicio de intenciones: el poder político -que es quien tiene iniciativa legislativa- puede crear un instrumento eficaz contra la moderna delincuencia y, en particular, contra la delincuencia que surge en su ámbito, o puede diseñar un proceso penal que salvaguarde sus intereses, solapándolos -o parapetándose- con la estabilidad del sistema político.

La reforma es amplia y como no soy maniqueo entiendo que no es el mal sin mezcla de bien, pero tampoco lo contrario y me fijo en dos aspectos: el cambio de denominación de “imputado” por “investigado” y la duración del proceso. Lo primero lleva a un debate sobre la presunde ción de inocencia, lo acepto, pero se orienta más a los telediarios: es una medida de imagen; un asunto menor pero ilustrativo de qué es lo que preocupa. Más alcance tiene limitar la duración los procesos y que la llave de las prórrogas la vaya a tener el Ministerio Fiscal.

Esa limitación es plausible si es sincera, pero ¿qué es sinceridad? Pues sinceridad sería dotar de medios a la Justicia para que un proceso se instruya no contra reloj, sino en un tiempo razonable. Planteo un test de sinceridad: esta medida, por ejemplo, ¿va acompañada de atribuir autonomía presupuestaria al Poder Judicial?, no; ¿la Justicia sigue dependiendo de los medios que le dé el poder político?, sí; los juzgados de instrucción ¿seguirán colapsados o perdiendo energías, por ejemplo, celebrando juicios de faltas?, sí...y así podríamos continuar.

En fin, la medida sería aceptable si hubiera intención de alumbrar una Justicia eficaz y bien dotada, cuestión eternamente pendiente y, por lo menos, exigible y debida desde 1978, porque mal vamos si en lo sustancial nada cambia, seguimos viviendo de la herencia del siglo XIX. Lo que se intuye es el interés en evitar el desgaste de imagen de instrucciones eternas y retransmitidas, que se investigue lo justito y que no se hable de imputados. Vamos a instrucciones contrarreloj, pero sin cambiar el status quo de la Justicia; la prórroga será lo ordinario, lo que dará lugar a que se alegue la nulidad de lo investigado en prórroga, ideal para el abogado marrullero que se buscará retras ar la investigación y así anularla. Y otra cosa: no es admisible confundir las instrucciones largas y costosas con la táctica de algún juez estrella que sí manejaba la instrucción y sus tiempos para fines extrajudiciales. Eso se arregló no limitando el tiempo de instrucción, sino con una querella, aunque tardía y por un caso.

Sería desalentador que conductas censurables queden sin castigo por no haber concluido el procedimiento a tiempo porque el sistema judicial es torpe y lento. Lleven esto a delitos gravísimos. El riesgo es que el interés por las causas con relevancia política arrastre a la delincuencia anónima, común, que otras conductas no menos graves queden impunes. Y cuando se vea que en lo político no hay regeneración sino truco y que el sistema no funciona, entonces vendrán, obviamente, los antisistema.

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