La Ley de Tasas Judiciales, la modificación de la Demarcación y Planta Judicial, la Ley de Justicia Gratuita, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la privatización del Registro Civil, la Ley de Servicios Profesionales o la imposición de costas en los procedimientos Contencioso-Administrativos, son reformas legislativas que están alejando la justicia de los ciudadanos, provocando que ésta no sea igual para todos ya que se limita el acceso a la misma. A estas normativas, se une también el retraso de casi un año en el abono de los servicios de turno de oficio y asistencia al detenido por parte de la Junta de Andalucía.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga ha adoptado la decisión de tomar medidas contra estas reformas legislativas y que se irán comunicando en el momento apropiado.
Así, la primera medida será la suspensión todos los jueves a partir del día 2 de octubre de la asistencia a imputados no detenidos, a juicios rápidos sin detenidos, con excepción de los asuntos derivados de violencia de género; y la interrupción del servicio de asistencia jurídica gratuita, excepto en los casos de vencimiento de plazos judiciales.
Estas disposiciones, adoptadas por la institución colegial, se acogen a la aprobada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). “La situación jurídica en nuestro país es muy frágil. Los ciudadanos están perdiendo derechos constitucionales, se ven indefensos, a lo que se suma el empeoramiento de las condiciones laborales de los abogados, sin los cuales no hay Estado de Derecho” ha señalado Francisco Javier Lara Peláez, decano del Colegio de Abogados de Málaga.
