MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Se le atribuye un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y otro de abuso en el ejercicio de su función por los que se piden para él que sea suspendido por dos años multa de 3.000 euros.
El alto tribunal tiene previsto celebrar el juicio entre este miércoles y el jueves en sesiones de mañana y tarde, han informado fuentes de este órgano. Comenzará con la exposición de cuestiones previas por las partes, a las que seguirá el comienzo del juicio en sí con el interrogatorio del acusado, mientras que los testigos han sido citados a lo largo de los dos días de vista.
El Supremo abrió una investigación sobre Ortiz después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona viese indicios de que realizaba "asesoramiento en interés y al servicio" de los empresarios del sector Ricard Puignou. y Enric Marugán cuando estos presentaron varios recursos en la Sala que presidía contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones de ITV.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el juez conocía "sobradamente" que sus amigos empresarios poseían intereses mercantiles relacionados con la adjudicación y explotación de las ITV, pues Puignou era el administrador de Certio y Marugán jefe del anterior, con acciones e intereses en dicha entidad.
Los tres se reunían con frecuencia desde 2010 a comer o cenar y en abril de dicho año realizaron un viaje común a Drubrovnic, sin que esta circunstancia mereciera que Ortiz se abstuviera de los recursos sobre las concesiones de estaciones de ITV que le tocaba resolver. En todos los casos el procsado presidió el tribunal que dictó las sentencias y con respecto a uno de los recursos fue además ponente de la resolución.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Constan en la causa, según destaca el fiscal, numerosos corresos electrónicos "que desvelan la implicación en la defensa de los intereses de Certio por parte de Ortiz Blasco" siendo su sección la que resolvía los recursos sobre seguridad industrial.
"El contenido de mensajes e intervenciones, junto con la investigación de Vigilancia Aduanera, el interrogatorio del aforado y la prueba testifical acreditan que el aforado asesoraba de manera permanente a Certio y a la Generalitat sobre asuntos que necesariamente debían resolverse judicialmente en la Sección que presidía, (*) comprometiendo la rectitud e imparcialidad de la función pública de realizar Justicia".
Más allá de su función como juez, señala el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, trataba de "preservar el 'statu quo' en la adjudicación de estaciones de ITV" buscando un pacto entre adjudicatarios que posibilitara la pérdida de objeto de los recursos que llegaban a su tribunal.
Llegó incluso a instar a las letradas de la Generalitat a una modificación legislativa sobre estas concesiones, presentándoles a Pignou como "experto mundial en el mercado de las ITV" pero ocultando su condición de administrador de Certio. Afirma la Fiscalía que en modo alguno puede entenderse toda esta actividad como mediación judicial.
Se trata de la misma trama en relación con la cual el TSJC mantiene abierta una casa contra un grupo de empresarios que pretendían supuestamente obtener concesiones irregulares de ITV.
El Supremo también mantiene imputado por la misma causa a otro juez: al magistrado de la Sección Primera de lo contencioso-administrativo del TSJC Emilio Aragonés, al que le atribuye también inicialmente un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
