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  • EDICIÓN DE 14/02/2014
 
 

No es aplicable la eximente completa de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cuando el recurso a la fuerza no es racionalmente necesario para la defensa de los intereses públicos

14/02/2014
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Confirma el TS la condena impuesta al recurrente, agente de la Policía Nacional, como autor de un delito de lesiones de los arts. 147.1 y 148.1 del CP. Del relato fáctico se desprende que el actor decidió reprimir la actitud molesta de la víctima, y usando de la porra o defensa reglamentaria que llevaba, le golpeó con suma fuera varias veces, fracturándole tres costillas.

Iustel

Pretendiéndose la aplicación de la eximente completa prevenida en el art. 20.7 del CP, que establece que están exentos de responsabilidad criminal los que obren en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, es necesario que se den unos requisitos que en este caso no concurren. Así, el acusado no realizó un uso racional de la fuerza para la tutela de los intereses públicos, pues no es necesario utilizar la fuerza para reprimir una actuación simplemente “molesta” de un ciudadano, que ya había sufrido ciertas lesiones en una contienda previa, máxime cuando el imputado disponía del apoyo de otros dos compañeros, por lo que la víctima no representaba peligro alguno. Incluso aunque la víctima se encontrase agitada, la reacción policial no puede consistir en el recurso a la fuerza bruta, dado que existen procedimientos para intentar calmar a los ciudadanos molestos y agitados, sin necesidad de romperles las costillas.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia 949/2013, de 19 de diciembre de 2013

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 728/2013

Ponente Excmo. Sr. CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil trece.

En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por Eutimio contra sentencia de fecha 17 de diciembre de 2012, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Quinta, en causa seguida al mismo por delito de lesiones, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del primero del Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, y estando dicho recurrente representado por la Procuradora D.ª M.ª Mercedes Martínez del Campo y como recurrido el Abogado del Estado que se adhiere al recurso interpuesto por la Procuradora del recurrente.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción num. 6 de Alzira instruyó Procedimiento Abreviado con el num. 17/2009, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Quinta, que con fecha 17 de diciembre de 2.012, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

PRIMERO: "Un grupo de tres mujeres y un varón estaban en los establecimientos de recreo del centro de la ciudad de Alzira (Valencia) en las horas de la noche del día 9 de febrero de 2007 y madrugada del siguiente día. En un momento determinado se les unió el señor Laureano, conocido de una de las mujeres de aquel grupo de amigos (la señora Virtudes ), quién por su conducta molestaba al grupo que, finalmente, decidió marcharse saliendo a pié hasta la Plaza del Reino de dicha ciudad, en cuyas inmediaciones tenía estacionado el vehículo con el que habían llegado hasta Alzira desde los pueblos contiguos, lugar de su residencia.

El señor Laureano les alcanzó con su vehículo cuando todavía estaban en dicha plaza, y eran sobre las 3'00 horas del día 10 de febrero del citado 2007, y dispuesto a toda costa a continuar la fiesta y persistiendo en su conducta molesta, determinó que una de las mujeres del grupo llamase a la policía, a lo que el señor Laureano reaccionó violentamente empujándole por la espalda hasta lanzarla al suelo, del que la agredida se levantó recogiendo los trozos en que el teléfono móvil quedó roto y esparcido por el suelo; el varón del grupo intercambió algún golpe con el señor Laureano y, finalmente, Doña Virtudes pidió a sus amigos que se marcharan hasta el coche y que ella intentaría tranquilizar al señor Laureano, pero ella misma vino al suelo cayendo sobre el señor Laureano que forcejeaba con ella, quedando el señor Laureano finalmente con la cara ensangrentada.

Una patrulla de la policía nacional formada por los agentes Eutimio que la comandaba, Juan María y Abilio, los tres mayores de edad y sin antecedentes penales, que caminaba en funciones de seguridad ciudadana por las inmediaciones, vestidos de particular e identificados con sus placas, al advertir al señor Laureano en el suelo se acercaron para saber del suceso, e intentaban tranquilizar al señor Laureano que se mostraba muy nervioso; el acusado Abilio fue remitido por el jefe de la patrulla a identificar a las dos mujeres y el varón que se alejaban en dirección al vehículo, y al tiempo llegaron los también agentes de la policía nacional Celso y Eleuterio, mayores de edad y sin antecedentes penales, éstos uniformados, en apoyo de la patrulla anterior.

En un momento determinado, Eutimio decidió reprimir la actitud molesta del señor Laureano y usando la porra o defensa reglamentaria que llevaba, le golpeó con suma fuerza en el dorso y flancos del torso, dejando sobre la piel del señor Laureano la huella de los golpes que se corresponden con fractura de las costillas 4.ª y 6.ª derechas y 6.ª izquierda, lesiones que precisaron para su curación de una primera asistencia y tratamiento médico consistente en antiinflamatorios y analgésicos.

Además de estos golpes y lesiones, sufrió el señor Laureano varios golpes en la cara, con rotura de huesos propios de la nariz y contusión múltiple, precisando de tratamiento médico para su curación, incluso ingreso hospitalario, no quedando acreditado que ninguno de los acusados causara alguna de esas lesiones, ni que le golpeara con la defensa otro más que le citado Eutimio ".

SEGUNDO- La Audiencia de instancia, dictó la siguiente Parte Dispositiva:

FALLO: "Primero.- Absolver a los acusados Eleuterio, Juan María, Celso y Abilio, del delito de lesiones de que venían siendo acusados por la acusación particular, declarando de oficio 4/5 partes de las costas procesales causadas.

En cuanto sea firme esta sentencia, queden sin efecto cuantas trabas y embargos se hubiesen constituido en sus piezas y ramos respecto de estos acusados absueltos.

Segundo.- Condenar al acusado Eutimio como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito lesiones, antes definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de un año de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo.

Tercero.- Le condenamos igualmente al pago de 1/5 de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular, y a que por vía de responsabilidad civil indemnice al lesionado Don Laureano en la cantidad de mil euros (1.000 euros), por las lesiones causadas, cantidad de la que responderá subsidiariamente el Estado".

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se preparó contra la misma recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de ley, interpuesto por la representación de Eutimio que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- La representación de Eutimio formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1.º de la L.E.Crim., por inaplicación del artículo 20.7 del Código Penal, eximente completa de cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. SEGUNDO: Infracción de ley al amparo del art. 849.2.º de la L.E.Crim., por error en la apreciación de la prueba. TERCERO: Quebrantamiento de forma al amparo del art. 851 de la L.E.Crim., al penarse un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación. CUARTO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim., por violación del art. 24.2 de la Constitución Española, presunción de inocencia.

QUINTO.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el recurrido, Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, se adhirió al recurso del recurrente, y el Fiscal lo impugnó por los razonamientos que adujo, quedando los autos conclusos pendientes de señalamiento de día para la votación y fallo cuando en turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento han tenido lugar la votación y fallo prevenidos el 5 de noviembre pasado.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia impugnada, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia con fecha 17 de diciembre de 2012, condena al recurrente, agente de la Policía Nacional, como autor de un delito de lesiones, de los arts. 147 1.º y 148 1.º del CP 95, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de un año de prisión e indemnización de 1.000 euros al perjudicado, con la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Frente a ella se alza el presente recurso del condenado, fundado en cuatro motivos, por presunción de inocencia, quebrantamiento de forma, error de hecho e infracción de ley, al que se adhiere la Abogacía del Estado, que impugna la indemnización impuesta al Estado como responsable civil subsidiario.

SEGUNDO.- El cuarto motivo de recurso, que por razones sistemáticas debemos analizar en primer lugar, denuncia vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Alega el recurrente que existen serias dudas sobre la autoría de las fracturas costales que sufre el lesionado, no cuestionándose la producción de dichas lesiones sino que las mismas sean imputables al acusado, porque la víctima se mezcló en una pelea anterior en la que se pudieron producir las fracturas.

En reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

Pero también es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En el caso actual el Tribunal sentenciador dispuso como prueba de cargo de un informe pericial forense del que se infiere racionalmente que las fracturas costales constituyen una consecuencia natural del uso por parte del agente policial de su porra o defensa con una fuerza excesiva, al golpear repetidamente con ella al perjudicado en el pecho. Dispuso asimismo de la propia declaración de los acusados, de la que se deduce que el único que utilizó la porra o defensa para golpear repetidamente con ella al perjudicado en el pecho, fue precisamente el recurrente. Y valora estas pruebas razonadamente en el fundamento jurídico tercero de la sentencia impugnada, llegando a la conclusión lógica, fruto de las reglas de experiencia, de que si las fracturas se produjeron por el uso de la porra o defensa policial, y si el recurrente fue el único que la utilizó golpeando al perjudicado en el pecho, que es donde se produjeron las fracturas, es el único autor posible de las lesiones ocasionadas por dicho instrumento. El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

TERCERO.- El motivo tercero, por quebrantamiento de forma al amparo del art 851.º de la Lecrim, que por razones sistemáticas debemos analizar a continuación, denuncia la supuesta vulneración del principio acusatorio por haber sido condenado el acusado por un delito más grave que el que fue objeto de acusación, sin haber procedido el Tribunal en la forma prevenida en el art 733 de la Lecrim. Considera el recurrente que el Ministerio Fiscal acusaba por unos hechos constitutivos de falta, y en cambio la acusación particular por otros hechos diferentes constitutivos de delito, y que la sentencia condena por los hechos objeto de acusación atribuidos por el Ministerio Fiscal, pero calificándolos indebidamente como delitos.

Como recuerdan la STS 940/2012, de 24 de noviembre, y la STS 263/2013, de 3 de abril, entre otras, el principio acusatorio impide la condena sin una acusación previa de la que la parte acusada haya podido defenderse, sostenida por alguien distinto del Tribunal responsable del enjuiciamiento. Esta Sala ha señalado, entre otras, en STS núm. 1954/2002, de 29 de enero, que "... el contenido propio del principio acusatorio consiste en que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él acusación por una parte acusadora ajena al órgano enjuiciador, en tales términos que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse en el ámbito de los términos del debate, tal y como han quedado formulados por la acusación y la defensa, lo que significa que ha de existir correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia condenatoria ".

Esta correlación se manifiesta en la vinculación del Tribunal a algunos aspectos de la acusación, concretamente a la identidad de la persona contra la que se dirige, que no puede ser modificada en ningún caso; a los hechos que constituyen su objeto, que deben permanecer inalterables en su aspecto sustancial, aunque es posible que el Tribunal prescinda de elementos fácticos que no considere suficientemente probados o añada elementos circunstanciales que permitan una mejor comprensión de lo sucedido según la valoración de la prueba practicada; y a la calificación jurídica, de forma que no puede condenar por un delito más grave o que, no siéndolo, no sea homogéneo con el contenido en la acusación.

La cuestión de la vinculación a la pena interesada por las acusaciones fue tratada por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en el Pleno no jurisdiccional de fecha 20 de diciembre de 2.006, en el que acordó que " el Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa".

Este Acuerdo fue seguido en Sentencias posteriores de la Sala como son exponentes la 1319/2006, de 12 de enero de 2007, 20/2007, de 22 de enero, 159/2007, de 21 de febrero, 393/2007, de 27 de abril, 424/2007, de 18 de mayo, 764/2010, de 15 de julio y 263/2013, de 3 de abril, entre otras, en las que se expresa que, respecto a la posibilidad de imponer pena superior a la más grave de las solicitadas por las acusaciones, la razón que justifica un cambio en el punto de vista seguido hasta ahora y que produzca la vinculación del juzgador a la pena en concreto solicitada, como ámbito delimitador de las facultades del Tribunal sentenciador, deriva de la esencia misma del principio acusatorio, y en suma, de la estructura del proceso penal, denominado acusatorio, en donde quedan perfectamente escindidas las funciones de acusar y de juzgar, de modo que no puede nunca un mismo órgano arrogarse ambas, bajo pretexto alguno.

Del mismo modo que el Tribunal sentenciador no puede condenar por un delito que no haya sido imputado por la acusación, tampoco puede imponer una pena que no le haya sido solicitada por acusación alguna, pues ambos mecanismos se basan en el respeto al principio acusatorio, y sus correlativas derivaciones de congruencia y defensa.

La STC 347/2006, 11 de diciembre -con invocación de la doctrina jurisprudencial que se desprende de la STC 228/2002, 9 de diciembre -, incluyó la vinculación al quantum de la pena entre las exigencias del principio acusatorio: "...hemos afirmado - razona el Tribunal Constitucional- que el Juez puede condenar por un delito distinto que el sostenido por la acusación o acusaciones siempre y cuando se trate de un delito homogéneo con el que fue objeto de acusación y siempre y cuando no implique una pena de superior gravedad. Pero, en todo caso, como límite infranqueable en el momento de dictar Sentencia, al Juez le está vedado calificar los hechos de manera que integren un delito penado más gravemente si este agravamiento no fue sostenido en juicio por la acusación, ni imponer una pena mayor que la que corresponda a la pretensión acusatoria fijada en las conclusiones definitivas, dado que se trata de una pretensión de la que no pudo defenderse el acusado".

Fue a la vista de esta doctrina constitucional, cuando el Pleno no Jurisdiccional para unificación de criterios, celebrado el día 20 de diciembre de 2006, sometió a debate mantener o modificar la línea jurisprudencial tradicional de esta Sala, sobre la posibilidad de imponer pena superior a la solicitada dentro de los límites legales, adoptándose, como ya se ha expresado, el acuerdo de que " El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa ", coincidente con la doctrina del Tribunal Constitucional.

Este criterio, como también se ha expresado, ha sido aplicado por esta misma Sala en numerosas resoluciones. Como razona la STS 1319/2006, de 12 de enero de 2007, entre las exigencias derivadas del principio acusatorio, ““se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica " ( SSTC 12/1981, de 10 de abril, 95/1995, de 19 de junio, 225/1997, de 15 de diciembre, 4/2002, de 14 de enero, 228/2002, de 9 de diciembre, 35/2004, de 8 de marzo y 120/2005, de 10 de mayo ).

La íntima relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa ha sido asimismo señalada por tal Tribunal al insistir en que del citado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica ( SSTC 53/1987, de 7 de mayo, 4/2002, de 14 de enero ).

De manera que ““ nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia ““ ( SSTC 11/1992, de 27 de enero, 95/1995, de 19 de junio, 36/1996, de 11 de marzo, 4/2002, de 14 de enero ).

En el caso actual, sin embargo, el motivo carece de fundamento. La condena impuesta no supera la pena solicitada por la acusación particular, no altera de modo sustancial los hechos objeto de imputación y respeta la calificación jurídica de los hechos como delito agravado de lesiones formulada por dicha acusación particular. Las acusaciones recogen en su relato acusatorio, como hechos relevantes, la causación de unas fracturas al lesionado y el uso de un instrumento contundente por la policía. Aun cuando el Ministerio Fiscal acusaba por falta, la acusación particular lo hacía por delito, precisamente de los arts. 147 1.º y 148 1.º, que es justamente el delito por el que se ha condenado al recurrente, por lo que no cabe apreciar exceso alguno en la condena impuesta respecto de la acusación formulada.

No se aprecia, en consecuencia, vulneración alguna del derecho de defensa, pues todos los términos de la acusación fueron conocidos por el acusado, y la pena finalmente impuesta es muy inferior a la más elevada de las solicitadas por las acusaciones. En definitiva, se respeta el hecho esencial y no se condena por delito más grave ni se impone pena superior a la peticionada, por lo que el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- El segundo motivo, por error en la valoración de la prueba, al amparo del art 849 2.º de la Lecrim, se basa en el atestado, seguido de una dilatada relación de folios de la causa, y en el reportaje fotográfico aportado por el denunciante.

La doctrina de esta Sala (Sentencias de 23 de marzo de 2012, núm. 209/2012 y 28 de febrero de 2013, núm. 128/2013, entre otras muchas) considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el art.849.2.º de la Ley Enjuiciamiento Criminal, es necesario que concurran los requisitos siguientes:

1.º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa; 2.º) Que este documento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar; 3.º) Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la L.E.Criminal; 4.º) Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

En el caso actual no concurren los referidos requisitos. En efecto, el recurrente se apoya, en realidad, en todo el conjunto probatorio para efectuar una nueva valoración del mismo, lo que es ajeno a este cauce casacional. No se cita un documento específico que de modo literosuficiente acredite un error probatorio del Tribunal sentenciador, sino que se realiza una valoración probatoria alternativa, que no tiene encaje en este motivo. El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

QUINTO.- En fin, el primer motivo, por infracción de ley, al amparo del art 849 1.º de la Lecrim, denuncia la inaplicación de la eximente completa de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

Ha de recordarse que este cauce casacional impone el absoluto respeto del relato fáctico. Conforme al mismo el recurrente " decidió reprimir la actitud molesta de la víctima, y usando de la porra o defensa reglamentaria que llevaba, le golpeó con suma fuerza varias veces en el dorso y flancos del torso, dejando sobre la piel del Sr. Laureano la huella de los golpes que se corresponden con fractura de las costillas 4.ª y 6.ª derechas y 6.º izquierda, lesiones que precisaron para su curación de una primera asistencia y tratamiento médico consistente en antiinflamatorios y analgésicos ".

La cuestión suscitada en el motivo es la inaplicación de la eximente completa prevenida en el art 20 7.º CP 95.

La doctrina de esta Sala en relación con la aplicación de esta causa de justificación en los supuestos de recurso al uso de la fuerza por los miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, estima necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.º) que los agentes actúen en el desempeño de las funciones propias de su cargo,

2.º) que el recurso a la fuerza haya sido racionalmente necesario para la tutela de los intereses públicos o privados cuya protección les viene legalmente encomendada,

3.º) que la medida de fuerza utilizada sea proporcionada, es decir la idónea en relación con los medios disponibles y la gravedad de la infracción que pretende evitar el agente mediante su utilización, actuando sin extralimitación alguna,

4.º) que concurra un determinado grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo, que justifique que sobre el mismo se haga recaer el acto de fuerza.

En el caso actual es claro que no concurren dichos requisitos. En primer lugar el recurso a la fuerza no fue racionalmente necesario para la tutela de los intereses públicos, pues no es necesario utilizar la fuerza para reprimir una actuación simplemente "molesta" de un ciudadano, que ya había sufrido ciertas lesiones en una contienda previa, máxime cuando, como señala el Tribunal sentenciador, el agente policial disponía del apoyo de otros dos compañeros, por lo que la víctima no representaba peligro alguno. Incluso en caso de que llegase a abalanzarse sobre el acusado, lo que no hizo según el relato fáctico, habría bastado con colocar la defensa a modo de barrera o con su sujeción por parte de los compañeros del acusado, sin necesidad de recurrir a violencia alguna, como con pleno acierto razona el Tribunal de Instancia.

Y, en cualquier caso, el uso de la fuerza es manifiestamente desproporcionado y abusivo, pues no era en absoluto necesario fracturar a un ciudadano tres costillas, utilizando la defensa o porra policial, con suma fuerza y golpeando reiteradamente su dorso, y los flancos del torso, para reprimir una actuación simplemente molesta, cuando la fuerza pública se encontraba en clara superioridad numérica y física, estando la víctima ya lesionada. Incluso aunque la víctima se encontrase agitada, la reacción policial no puede consistir en el recurso a la fuerza bruta, pues existen procedimientos para intentar calmar a los ciudadanos molestos y agitados, sin necesidad de romperles las costillas.

Procede, por todo ello, la desestimación del motivo, y con él de la totalidad del recurso. con imposición de las costas a la parte recurrente, por ser preceptivas.

III. FALLO

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de ley, interpuesto por Eutimio contra sentencia de fecha 17 de diciembre de 2012, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Quinta, en causa seguida al mismo por delito de lesiones. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Candido Conde-Pumpido Touron Julian Sanchez Melgar Jose Ramon Soriano Soriano Antonio del Moral Garcia Perfecto Andres Ibañez

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Candido Conde-Pumpido Touron, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

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