VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)
Este viernes se ha facilitado por parte del tribunal valenciano un extracto de una diligencia dictada por el secretario de la Sala, en la que se indica al ministerio fiscal y al resto de las partes del proceso que tienen dos días hábiles para conocer la exposición razonada que fue remitida por el juez de Palma, José Castro, y en la que se aludía a presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.
Estos dos días hábiles son los próximos lunes y martes, aunque el plazo legal establecido finalizaría, en realidad, a las 15 horas del miércoles, día 31. Según recoge la regla segunda del artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras escuchar durante estos dos días a las partes, el tribunal resolverá dentro del tercer día lo que estime procedente.
Así, y si no existen alegaciones fundamentadas, el tribunal tendría que pronunciarse sobre la competencia el jueves. Sin embargo, ese día ya es 1 de agosto, un mes inhábil en materia penal, salvo en casos de causas con reo o de urgencia, preceptos que no se aplicarían a este procedimiento.
Esto quiere decir que el pronunciamiento de la Sala sobre la competencia será a partir del mes de septiembre. Sin embargo, no se puede concretar un día porque todo dependerá de las alegaciones que formulen las partes al auto del juez Castro, es decir, de si se limitan a decir "si" o "no" o, por contra, presentan escritos con diferentes argumentaciones. El tribunal se pronunciará cuando pueda estudiar la posición tanto las de Fiscalía, como las del resto de partes o del magistrado Antonio Ferrer, quien fue designado ponente para estudiar el escrito de Castro y elaborar una propuesta.
Con todos los escritos y las posturas definidas, la Sala realizará una votación y decidirá si es competente para investigar los delitos atribuidos a Camps y a Barberá o si, por contra, no ve indicios y remite el procedimiento de nuevo a Palma de Mallorca. En el primer caso, se designaría a un instructor para investigar los hechos.
EL ESCRITO LLEGÓ EN MAYO
Fue el pasado mes de mayo cuando el juez Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con indicios delictivos sobre Camps y Camps, en relación a su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.
En su escrito, el magistrado apuntaba, entre otros motivos, a la "inadecuada" elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la entidad, toda vez que se "prescindieron" los trámites obligados por la ley, así como "el sentido común y la rutina".
En esta línea, subrayaba cómo la tramitación de los expedientes no se ajustó a los tiempos habituales "en el actuar administrativo". Estas y otras "irregularidades" ponen de manifiesto, a juicio del magistrado, que las contrataciones con el Instituto Nóos fueron "estrictamente voluntaristas". El juez considera que Camps y Barberá asentían verbalmente "a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos ni viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas", dijo en su momento.
