EL ‘PERPETUUM MOBILE’ DE LA ADMINISTRACIÓN
Para quienes somos profesionales de estos achaques jurídicos, la reforma de la Administración es una suerte de perpetuum mobile que, como se sabe, es una pieza de música que encadena su principio y su fin de forma que se puede reiterar indefinidamente. Muchas veces tiene carácter humorístico como ocurre con el conocidísimo de Johann Strauss hijo que se oye invariablemente en los conciertos de Año Nuevo.
La reforma administrativa que ahora se nos anuncia participa en este aire musical aunque carece lógicamente del sentido del humor. Porque estamos ante un asunto serio en el que es arriesgado entrar al vernos obligados a opinar entre quienes desean arrasar y dejar a las Administraciones públicas in puris naturalibus y quienes pretenden dejarlo todo como está. Entre estos últimos los hay que invocan incluso esencias “de identidad” de los pueblos. Tal es el caso de los partidos nacionalistas, proclives ellos a la errática hipérbole.
Hace bien el Gobierno en tomarse la molestia de intentar su reforma administrativa porque, en esta coyuntura, existe una guerra librada contra el déficit público y una de sus batallas tiene como escenario la Administración pública. Ahora bien, conviene no acelerarse y hacer una pira atropellada con el aparato administrativo para ofrecerlo en sacrificio a la diosa del déficit.
Vayamos pues por partes. Las sociedades, fundaciones, consorcios o agencias no nacieron por capricho sino que tienen una justificación: la conveniencia de separar un patrimonio para la mejor prestación de un servicio público. Lo que carece de justificación es su abrumadora procreación cuando incrementan de forma desmedida los costes, cuando multiplican cargos directivos con sus secuelas clientelares y cuando el personal debe su ingreso, no a pruebas públicas, sino al dedo mirífico de un pariente propicio o de un compañero de partido o sindicato. Es bien cierto que, si estamos donde estamos, es porque la patología de estas sociedades ha contribuido al despilfarro y, lo que es muy grave, a una pérdida del control democrático, especialmente en las Administraciones locales. Es decir, que a base de invocar la eficiencia, nos hemos dejado en la gatera los pelos de sacrosantos principios constitucionales. Todo lo que se haga por tanto para corregir estos vicios -que el Gobierno ha detectado adecuadamente- estará en la buena dirección.
En tal sentido, aplicar el cauterio a organizaciones que duplican e incrementan de manera desaforada el gasto y, lo que es peor, fragmentan la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos y empresarios, es correcto. Podemos invocar muchos ejemplos: los tribunales de defensa de la competencia cuando estamos en un mercado único; las agencias de protección de datos que en rigor disminuyen la protección y enmarañan los datos; las juntas consultivas de contratación que mantienen registros de empresas clasificadas cuando el registro debe ser único para no incrementar los costes a los empresarios. Lo mismo ocurre con cientos de observatorios que han crecido como las setas tras las lluvias otoñales o los servicios meteorológicos y qué decir de las agencias autonómicas de evaluación del profesorado universitario que es lo menos universitario y lo más pueblerino que el ingenio humano ha podido concebir. Aunque, en este último caso, el veneno viene de la creación de una agencia nacional de evaluación de la calidad y la acreditación que ha actuado, como hemos denunciado los especialistas, al margen de los principios constitucionales. Sin embargo, las organizaciones ligadas al mundo de la cultura como los teatros, los orfeones, las orquestas, los auditorios, etc, deberían mantenerse, pues todo esfuerzo para elevar el nivel cultural y la sensibilidad artística de los españoles siempre será escaso. Precisamente por estas razones deben desaparecer cuantos antes las televisiones autonómicas.
Los órganos de control como los tribunales de cuentas, consejos consultivos y defensores del pueblo están en la picota por el coste que su creación y su funcionamiento han supuesto ya que han multiplicado cargos de confianza y personal no seleccionado por procedimientos de competencia pública y se han instalado con frecuencia en sedes dispendiosas.
Ahora bien, nos importa mucho precisar las diferencias entre ellos. En tal sentido lo que se ha hecho en Asturias al suprimir el defensor del pueblo y atribuir sus competencias a una comisión parlamentaria es una opción razonable.
Respecto a los consejos consultivos conviene decir que sus atribuciones no implican sin más duplicidad con el Consejo de Estado. El asesoramiento legal al ejercicio de la potestad reglamentaria de los Consejos de Gobierno es correcto. Más dudosa es la tramitación de las abundantes reclamaciones de responsabilidad patrimonial que presentan los ciudadanos cuando sus cuantías son reducidas. Y debería haber una competencia nueva a atribuir a estos consejos consultivos: la elaboración de dictámenes preceptivos y no vinculantes con carácter previo a la aprobación de las Ordenanzas locales. Esta función daría una dimensión renovada, más ajustada a las exigencias del tráfico jurídico, de la autonomía local.
En cuanto a los tribunales de cuentas, sorprende que cuando es indispensable reforzar la fiscalización de los fondos públicos, se defienda su supresión. Hay que decirlo claro: los tribunales autonómicos de cuentas, allí donde existen, no suponen duplicidad alguna con el de idéntico nombre del Estado pues sus atribuciones se encaminan a la fiscalización de la Administración autonómica y de las entidades locales. Pretender que se creen secciones nuevas en el Tribunal de Cuentas de Madrid es un simple cambio de escenario que carece de la hermosura de los teatrales. No se olvide que este Tribunal de Cuentas soporta ya un ingente volumen de trabajo y que, por ejemplo, este año 2013 está aprobando informes de fiscalización de los ejercicios 2008 y 2009.
Resta por hacer una última consideración. El Gobierno cuenta con instrumentos para llevar a término sus proyectos y, entre ellos, no es el menor el que aportan la competencia básica para establecer el régimen jurídico de las Administraciones y la ley de Estabilidad presupuestaria. Pero, más allá de enarbolar como amenaza los preceptos legales, dispone del cauce político pues ¿para qué sirve el hecho de que la mayoría de las comunidades autónomas se hallen gobernadas por las mismas siglas? Tanto poder político no puede ofrecer las hechuras de un vidrio quebrado.
