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Defensas piden la absolución

El Fiscal pide cuatro años para los tres acusados del espionaje político en Álava por la "extrema gravedad" de los hechos

14/03/2013
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Destaca que Telleria manejaba información procedente de un ámbito "sensibilísimo" como la lucha antiterrorista

VITORIA, 13 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para el exdirigente del PNV Aitor Telleria y para los dos ertzainas acusados por el supuesto espionaje político en este territorio, al considerar que utilizaban información procedente de un ámbito "sensibilísimo", como la lucha antiterrorista, para conocer datos de políticos y empresarios alaveses, algo que ha calificado de "extrema gravedad".

Tanto el fiscal superior de Álava como las defensas de los tres acusados han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales durante la última sesión del juicio que se ha celebrado en los tres últimos días en la Audiencia Provincial de Álava por el conocido como 'caso Telleria'. El caso ha quedado visto para sentencia.

No obstante, además de mantener su petición de cuatro años de prisión para los tres acusados por un presunto delito continuado de violación de secretos, en el que Telleria sería cooperador necesario y los dos agentes, los autores directos, el fiscal ha planteado una calificación alternativa. De esa forma, subsidiariamente ha solicitado una pena de tres años por el mismo delito, aunque en este caso con Telleria como inductor, en lugar de como cooperador necesario. Las defensas han solicitado la libre absolución de los acusados.

Además, el fiscal ha mantenido su petición de una indemnización de 342.000 euros para los afectados y de inhabilitación por tres años para los causados. En su informe final, ha reiterado la "carrera de obstáculos" a la que tuvo que hacer frente en el periodo de instrucción. Ya en la primera sesión de la vista oral, censuró que la investigación judicial sobre este tema había sido "bombardeada por tierra, mar y aire" por "elementos extraños", todo ello debido a que se trataba de una causa que afectaba a "determinados ámbitos de poder".

"HASTA DONDE SE PUDO"

Este miércoles, ha reiterado las trabas que se le pusieron para investigar los hechos. "Se llegó hasta donde se pudo", ha reconocido. No obstante, ha subrayado que resulta "incontrovertible" que seis documentos con información sobre la vida privada y las actividades de dirigentes del PP y del PSE, así como de empresarios y otras personalidades alavesas, fueron localizadas en el ordenador de Telleria.

El fiscal ha recordado que un experto informático de la Ertzaintza ha ratificado durante el juicio que aquellos documentos "parecían informes policiales". Además, ha subrayado que en las fechas correspondientes a aquellos archivos se produjo un tráfico de llamadas "inusual" entre Telleria y los dos agentes. Según ha afirmado, el exdirigente del PNV no ha ofrecido una explicación convincente sobre cómo llegaron aquellos documentos a una memoria informática de su propiedad.

A su juicio, éste no es un caso sobre "cotilleos de salón", sino que se trata de un asunto "de extrema gravedad". Tal y como ha afirmado, los tres acusados se pusieron "de acuerdo" para obtener esta información. En el caso de Telleria, ha denunciado que utilizara sus contactos en la Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza, dedicada a la investigación antiterrorista, para obtener datos sobre personas "honradas" con fines "injustificables".

El fiscal ha subrayado que la información que, a su juicio, se remitía por parte de los agentes a Telleria, procedía de una esfera "sensibilísima", como era el ámbito de actuación al que se refería la UIA, especialmente cuando en el momento de los hechos, en 2008, ETA aún no había decretado el cese definitivo de su actividad terrorista.

MÉTODO 3

El representante del ministerio público ha aludido a la "crisis constitucional" causada por el supuesto espionaje político cometido en Cataluña a través de la agencia de detectives 'Método 3'. No obstante, ha precisado que en este caso no se trata de unos partidos que han recurrido a una empresa privada para "investigar" a sus rivales, sino que "el miembro de un partido utiliza sus contactos en una unidad policial de máxima sensibilidad para obtener información de ciudadanos honrados".

En referencia al papel de fuentes que, al parecer, tenían algunas de las personas sobre las que se recopilaban datos, ha destacado que estos ciudadanos "colaboraban desinteresadamente y ponían en peligro su vida" en la lucha antiterrorista.

El fiscal, aludiendo a las supuestas filtraciones de datos de dichas personas, ha lamentado que "miembros relevantes" de la UIA -en referencia a los dos ertzainas acusados-- "se pasaban eso por el arco del triunfo y pasaban (datos) al miembro de un partido para nada que pueda ser justificado".

"Los cuerpos policiales están para proteger y servir; no para utilizar a los ciudadanos, con riesgos para sus vidas, con otros fines", ha denunciado. El fiscal ha rechazado que éste sea un proceso contra la Ertzaintza, sino que está dirigido contra unas personas concretas, tras lo que ha confiado en que la causa contribuya a que los ciudadanos puedan "confiar" en la Policía autonómica.

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