TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)
En concreto, Martín era el presidente del tribunal que tomó esa decisión de adjudicar la plaza y del que también formaban parte otras personas que no mostraron "oposición ni votos particulares al acuerdo tomado".
Así consta en el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 4 de febrero que desestima la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se destaca precisamente que la decisión de otorgar esa plaza se adoptó "por acuerdo unánime del tribunal" y no de forma "unitaria de una persona".
El querellante, Félix Fernández, justificaba la realización del acto prevaricador en que uno de los opositores, Luis Alfonso Sánchez --"al que se pretendía favorecer por ser hijo del interventor del Ayuntamiento", según afirmaba-- tuvo la calificación de apto al haber conseguido la puntuación más alta "pese a haber contestado erróneamente a una de las preguntas que se realizaron".
La decisión del Tribunal se recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, que desestimó la demanda en septiembre de 2004, al no considerar que se produjera arbitrariedad en la calificación del opositor que ganó la plaza.
Esta sentencia se volvió a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, que revocó la sentencia anterior, considerando que la contestación errónea de una de las preguntas por parte del opositor aprobado vulneraba las bases de la oposición, anulando la decisión del tribunal de oposición.
La ejecución de esta última sentencia quedó paralizada hasta que en febrero de 2007 se nombró otro tribunal de oposiciones, acto que fue objeto también de recurso administrativo ante el Juzgado de Ciudad Real, que consideró "correctamente ejecutada" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Contra esta última resolución, el querellante formuló otro recurso contencioso-administrativo, que fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en diciembre de 2007, estimando el recurso. En este caso fue el Ayuntamiento el que recurrió la decisión y la ejecución de la sentencia quedó en suspenso.
A la par del segundo recurso, se volvieron a convocar oposiciones, en las que Alfonso Sánchez Mejía resultó aprobado y a las que no se presentó el querellante "por entender que se realizarían igualmente de manera torticera".
En este caso, el Tribunal Supremo cree que no se puede achacar al alcalde de Valdepeñas su actuación ya que "se trata de la decisión de otro tribunal del que ya no formaba parte".
