PALMA DE MALLORCA, 1 (EUROPA PRESS)
La jueza que investiga una presunta estafa de 13,9 millones de euros en la compraventa de un complejo hotelero de Mallorca por parte del empresario José María Ruiz Mateos, asevera, en el auto por el que ha decretado la busca y detención del fundador de Rumasa y Nueva Rumasa, que éste no tiene derecho "a reírse de la Administración de Justicia ni a dificultar u obstaculizar la tramitación de esta causa sin justificación para ello", llegando a valerse incluso "de su avanzada edad y presunto mal estado de salud".
Así lo pone de manifiesto en su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, quien lamenta en sus fundamentos jurídicos que Ruiz-Mateos haya además contado presuntamente con la colaboración de terceras personas "dispuestas a plasmar por escrito pretendidas dolencias con el fin último de no comparecer ante este Juzgado".
"No es de recibo que se pretenda eludir una obligación legal amparándose en unos supuestos daños físicos y psicológicos que a día de hoy no han quedado demostrados", incide la magistrada, después de que el conocido empresario jerezano no compareciese el pasado viernes ante el Juzgado, donde estaba citado a declarar, alegando la fractura del cuarto dedo del pie derecho.
Según recoge el auto, de doce páginas, el mismo viernes se libró exhorto al juzgado de guardia de Pozuelo de Alarcón para que el forense se personase en el domicilio de Ruiz-Mateos para analizar las lesiones que afirmaba padecer, tras lo cual constató la fractura del cuarto dedo del pie derecho si bien la patología traumática es una lesión de carácter leve que no impide la deambulación independiente del afectado, al menos en trayectos cortos.
Por su parte, el médico forense adscrito al Juzgado instructor de la causa también emitió un informe en el que hacía referencia, por el contrario, a una fractura en el tercer dedo -no en el cuarto-, y dejaba constancia de una patología de carácter leve con curso "hacia la evolución satisfactoria", unas circunstancias que no imposibilitan al imputado comparecer ante el Juzgado.
Al hilo de lo anterior, la jueza asevera no encontrar "la forma de explicar que se trata de una causa compleja y con abundante documentación", lo que justifica que el encausado sea citado a declarar en Palma y no vía exhorto desde Madrid.
La instructora de la causa ya había citado en diversas ocasiones a Ruiz-Mateos, quien en varias de ellas ha alegado problemas de movilidad así como económicos para no comparecer en los Juzgados. Las dos veces en que sí ha hecho acto de presencia en dependencias judiciales se ha acogido a su derecho de no declarar.
En el marcho de este mismo caso, la jueza interpuso tanto al fundador del 'holding' de la abeja como a sus seis hijos varones, también imputados, una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros, mientras que también decretó la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.
IMPUTADO EN TRES CAUSAS POR ESTAFA EN BALEARES
Cabe recordar que la sociedad Inversiones Grupo Miralles se querelló contra Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones en relación a la compraventa del hotel Eurocalas, mientras que posteriormente amplió su denuncia al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.
Ello, según alegaba el querellante, representado en la causa por la abogada Isabel Fluxà, por vender el hotel Cervantes de Torremolinos, perteneciente a los Ruiz-Mateos, a la mercantil Clesa --también propiedad de los denunciados--, "obstaculizando" así su posible embargo.
Sin embargo, se trata tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que el empresario jerezano está siendo investigado en Baleares. Así, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma está siendo investigado por otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.
Mientras tanto, el jerezano y sus seis hijos también están encausados en una causa centrada en una supuesta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó. Se trata de un caso que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien también acordó la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales.
