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Preferentes

El fiscal superior de Galicia advierte de que habrá una "dura batalla legal" por las preferentes y que durará "años"

16/07/2012
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Recuerda a las diócesis gallegas que "otras conferencias episcopales" siguen las mismas recomendaciones sobre protección del patrimonio Propone la implantación de "planes de prevención" en las administraciones para evitar los casos de corrupción

Propone la implantación de "planes de prevención" en las administraciones para evitar los casos de corrupción

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, advierte de que habrá una "dura batalla legal", que durará "años" por la comercialización de las preferentes, tras la demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía en relación a los productos comercializados por Novagalicia Banco (NCG) y de los que se estima que hay 43.000 afectados en Galicia.

En una entrevista a Europa Press, afirma también que hay que esperar a que concluya la investigación para determinar si se podrían exigir más responsabilidades por los robos en la Catedral de Santiago. Sobre el patrimonio eclesiástico, recuerda a las diócesis gallegas que "se les pide que sigan las recomendaciones de documentos manejados por otras conferencias episcopales".

De nuevo sobre las preferentes, el fiscal superior admite que, por el momento, se desconoce cuántos afectados sabían lo que firmaban. "Es difícilmente determinable a quienes se les dio información y quienes no tenían información suficiente". "Por eso la demanda se presentó como un procedimiento de intereses difusos", añade.

Lo mismo indica sobre el número que podría recuperar su dinero. "En el proceso de ejecución se podrían determinar individualizadamente estas cuestiones porque en ese momento es cuando el juez tiene que dictar un auto, ver cada uno de los contratos y decir si está dentro de los supuestos". No obstante, advierte de que "primero habrá una dura batalla legal en la habrá que afinar la demanda".

También recuerda que ahora se está "en la fase inicial", para precisar, a renglón seguido, que el juzgado deberá determinar primero "si es competente". Asimismo, aclara que, una vez admitida a trámite, será cuando las personas o colectivos interesados podrán adherirse a la demanda de la Fiscalía.

En cuanto a los plazos para una sentencia, reconoce que se podría estar hablando "de años". "No es precisamente un procedimiento rápido pero de momento es el único instrumento jurídico", señala el fiscal, quien ha avanzado que la Fiscalía "está en la idea" de solicitar que declaren directores o exdirectores de sucursales. Sobre la colaboración de Novagalicia Banco, a la hora de facilitar información, afirma que ha sido "óptima".

CODICE CALIXTINO

Por otra parte, tras la reciente recuperación del Códice Calixtino, el fiscal superior recuerda que "en principio" la acusación se centra en Manuel F.C., extrabajador de la Catedral, y se muestra cauteloso a la hora de plantear más responsabilidades por los problemas de seguridad en el templo.

"Me parece que terminara ahí, pero si el juez de instrucción entiende que hay responsabilidad a mayores puede deducir los testimonios correspondientes". En los mismos términos, se manifiesta al ser preguntado si una sola persona pudo cometer todos los robos. "El procedimiento judicial aclarará todos estos extremos", recalca.

Acerca de la falta de respuesta de las diócesis al proyecto 'Igrexa Segura' para prevenir los robos del patrimonio eclesiástico, el fiscal superior admite que sigue "a la espera", al respecto de lo que recuerda que se trata de una propuesta "basada en documentos internacionales y lo que hacen conferencias episcopales de otros países tanto de Europa como de América".

"A las diócesis se les pide que sigan las recomendaciones de los documentos manejados por otras conferencias episcopales como inventarios actualizados, una base de datos de objetos sustraídos y que suscriban un manual de seguridad redactado por las Fuerzas de Seguridad sobre los modus operandi más frecuentes", recalca Carlos Varela.

En cuanto a la posibilidad de que las administraciones fijen un límite al patrimonio que tiene en custodia la Iglesia, el fiscal superior aboga por "tomar como referencia" lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia del año 1995.

A su juicio, se trata de una normativa "suficiente", aunque admite que "todo es mejorable". "Es una ley del año 1995 y las leyes también hay que tenerlas permanente actualizadas para que respondan a las necesidades de cada momento", apunta.

PLAN CONTRA LA CORRUPCION

Por otro lado, sobre los presuntos casos de corrupción política existentes en los juzgados, Carlos Varela aboga por establecer "barreras de prevención" a través de la implantación de un plan en las entidades que gestionan recursos públicos.

"Es importante que haya, tanto en administraciones locales como en la autonómica, planes de prevención de riesgos de gestión, incluidos los de corrupción o tráfico de influencias", subraya en alusión a una propuesta que recoge la Fiscalía en la memoria de este año. "Eso contribuiría a reforzar el ámbito represivo y que no toda la carga del sistema estuviera en el ámbito penal", sostiene.

INCENDIOS Y CÓDIGO PENAL

Durante la entrevista con Europa Press, y sobre el anuncio de la ampliación de las penas a incendiarios con la reforma del Código Penal, el fiscal superior de Galicia pospone su valoración "hasta que conozca el planteamiento a fondo", aunque admite que "son pasos" para reducir su incidencia.

Sin embargo, recuerda que "llevar a juicio a los que cometen incendios forestales con pruebas contundentes tiene sus dificultades", así como también las plantea "la valoración de las pruebas" por parte de un tribunal jurado. Por ello, aboga por que el legislador considere "si el tribunal jurado es adecuado para enjuiciar el delito de incendios".

Respecto a la posibilidad de que las penas se cumplan en verano, como se hace en Portugal con los pirómanos, cree que "habría que ver si eso sirve como mecanismo de ayuda". "Pero a lo mejor no tenemos el problema tanto en la gente", apostilla, antes de argumentar que en Galicia la mayoría de los incendios se producen "por imprudencias y un uso inadecuado a la hora de la quema de residuos forestales".

PRESTIGE

Por otra parte, en relación al inicio, en octubre, del juicio del 'Prestige', diez años después de la catástrofe, Varela afirma que lo que espera es que "se celebre". "Debemos hacer alguna reforma en el ámbito judicial para que no haya unos tiempos de respuesta que se dilaten tanto en el tiempo", admite.

En el juicio, la Fiscalía centrará las peticiones de responsabilidad civil en la compañía aseguradora y no contra el Estado ya que no acusa al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.

Varela confirma que el objetivo, mediante una pericial, es que en la indemnización "venga referido el daño ambiental puro", que incluye desde los perjuicios en los recursos marinos hasta el tiempo que estuvo paralizada la flota o los daños respiratorios.

DEMARCACIÓN JUDICIAL

Además, en el marco del debate sobre la demarcación judicial, el fiscal superior cree que, "probablemente", haya que reducir partidos judiciales, pero rechaza hacer "tabla rasa" de lo existente.

En este sentido, Carlos Varela sostiene que "se podría concentrar en el ámbito provincial jurisdicciones especializadas como violencia de género, que podrían tener perspectiva comarcal", y mantener otros órganos judiciales "ofreciendo una justicia de proximidad en relación ámbito penal o civil".

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