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Tras la sugerencia de Esperanza Aguirre

El Ministerio de Justicia aplaza el debate sobre devolución de competencias al Estado hasta que mejore la economía

17/04/2012
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Dice que la situación "absolutamente límite" del país no permite convocar oposiciones y niega menosprecio a víctimas del franquismo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha aplazado el debate sobre la devolución de competencias por parte de las comunidades autónomas al Estado para cuando exista una mejor situación económica. Además, ha enmarcado la negativa a convocar este año oposiciones a jueces y fiscales en la "situación absolutamente límite" del país.

En respuesta al diputado socialista Álex Sáez Jubero, el 'número dos' de Justicia ha postergado el debate sobre las competencias para cuando "mejoren las condiciones económicas" y se haya definido el nuevo modelo de planta judicial.

"Cuando podamos estar en condiciones, porque mejoren las condiciones económicas y porque hayamos definido e implantado ya el nuevo modelo, podremos sentarnos a dialogar sobre si con la cercanía se gestiona mejor que desde lejos, si desde las comunidades autónomas se pueden solucionar mejor los problemas de los ciudadanos que desde el Gobierno central, pero será un debate que se producirá cuando se den las circunstancias para ello", ha respondido.

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el secretario de Estado ha presentado las grandes líneas de los presupuestos de Justicia para 2012. "Los mejores que podríamos construir dentro del momento actual de dificultad", ha añadido.

El 'número dos' de Justicia ha emplazado a "no ser derrotistas" pese a la actual "situación de dificultad extrema". Las cuentas del Ministerio de Justicia se rebajan este ejercicio en un 6,3 por ciento, hasta alcanzar los 1.574 millones de euros.

Durante su intervención, Román ha apostado por "sustituir la Justicia interina por una Justicia profesional". En este sentido, ha advertido del "elevado" índice de interinidad, que llega al 25 por ciento en el ámbito de los funcionarios y al 10 por ciento respecto a los jueces y fiscales.

Román ha manifestado que el Ejecutivo no invertirá "inutilmente" en la creación de unidades jurisdiccionales de forma lineal, sino que esperará a la puesta en marcha del nuevo modelo de planta judicial y al despliegue de los tribunales de instancia para convocar nuevas plazas en la Administración de Justicia.

En este contexto, ha recordado que este sector no se declaró prioritario en el decreto-ley de medidas urgentes para la corrección del déficit público. "Este año nos vamos a centrar en la cobertura de plazas de funcionarios interinos", ha indicado, para abogar por potenciar también la figura de los jueces de adscripción territorial.

"La pervivencia de la Escuela Judicial no está en riesgo. Hay otras fórmulas para potenciarla, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", ha puntualizado.

En la Comisión de Justicia, el secretario de Estado ha explicado que se mantiene la inversión de 45 millones de euros destinada a luchar contra la violencia de género, mientras que la partida de los programas de inversión sufre una "importante reducción" en nuevas tecnologías, obras y patrimonio, lo que implica no acometer nuevos proyectos.

PROBLEMAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Eso sí, se trabajará por desarrollar el sistema de gestión procesal Minerva, el Registro Civil único, fomentar la compatibilidad de información entre los distintos operadores jurídicos y por reducir "al mínimo el almacenamiento de papel" y la utilización del fax y el correo postal.

Román ha revelado que el presidente de la Audiencia Nacional y el presidente de la Sala de lo Contencioso llamaron "alarmados" al Ministerio porque "no funcionaba" el expediente judicial electrónico, el cual debía operar en septiembre del pasado año en esta sede judicial.

Esta situación obligó a adoptar una solución transitoria y a dirigir allí gran parte de recursos para lograr la implantación definitiva del expediente judicial electrónico, el cual "hará que el extravío o la posible manipulación sea mucho más difícil".

En el turno de su intervención, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha reprobado el mensaje "sectáreo" que ofrece la eliminación de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Román ha negado que suponga un "menosprecio" para el colectivo y ha garantizado que las "mismas funciones" las continúa ejecutando la División de Derechos de Gracia y otros derechos.

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