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La Fiscalía pide un total de 48 años de cárcel

Abren juicio oral contra los 13 acusados de desviar más de un millón de euros a través de Turisme Jove, en Baleares

22/02/2012
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Sobre ellos pesan presuntos delitos de cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, negociaciones prohibidas y fraude

PALMA DE MALLORCA, 21 (EUROPA PRESS)

Tras más de tres años en fase de instrucción, el juez ha abierto juicio oral contra el exgerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, el exdirector general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y el exjefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa pública, Juan Francisco Gosálbez, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama por la que habrían desviado más de un millón de euros a través del consorcio y que provocó su quiebra técnica.

Sin embargo, no son los únicos que se sentarán en el banquillo puesto que junto a ellos también serán juzgados otros diez inculpados, tal y como consta en el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, al que ha tenido acceso Europa Press. En total, el Ministerio Público solicita 48 años y medio de prisión para los trece acusados, sobre quienes pesan presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

Las penas más elevadas que reclama la Fiscalía, a cuyo escrito de acusación se ha adherido la Abogacía de la Comunidad Autónoma, son los 12 años de cárcel que reclama para Gálvez, 10 años y medio para Amengual y los cuatro y medio que pide para Gosálbez, quienes presuntamente llevaron a cabo las actuaciones necesarias para conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado.

"Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau. Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

COBRO DE COMISIONES POR LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

Otros de los imputados a quienes acusa la Fiscalía son el empresario de Injerjes de Paguera y exregidor de Calvià, Jesús García Oeo; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà; el constructor Antonio Tugores; el publicista Manuel Carmelo; el rotulista Pau Pujante y el hotelero francés André José Villena, quien según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.

También están personados en el caso, como acusación popular, el PP, que únicamente acusa a Gosálbez -para quien solicita cuatro años y medio de cárcel- y el Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo (REAJ), que pide cuatro años de prisión para Gosálbez, Amengual, Gálvez y María Auxiliadora Pérez. Las acusaciones reclaman además cuantiosas indemnizaciones para los inculpados en favor de Turisme Jove y el REAJ.

Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Consejería de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consejera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

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