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Pide "inmediata ampliación" de plantilla de funcionarios del juzgado

Anticorrupción pide a la juez de los ERE que requiera a la Junta las ayudas denegadas entre 2001 y 2011

27/01/2012
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado también a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, que requiera a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que remita una información "detallada" de los expedientes de denegación de ayudas sociolaborales solicitadas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por personas, empresas o entidades locales desde el año 2001 hasta el 2011.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En un comunicado de prensa, la Fiscalía Anticorrupción pone de manifiesto que, "no habiendo considerado la magistrada procedente requerir los expedientes de denegación de ayudas", procede requerir a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo "para que certifique relación detallada, vistos los expedientes, de personas, empresas o entidades locales que habiendo solicitado formalmente ayudas sociolaborales de carácter excepcional desde 2001 hasta 2011, se les haya denegado la misma".

Sobre este particular, la Fiscalía Anticorrupción argumenta que tal petición realizada a la juez Mercedes Alaya se sustenta en la "necesidad" de "contar con elementos de juicio para discernir los criterios utilizados para la utilización de los fondos públicos objeto de los delitos que se investigan", así como para "el buen fin de la investigación y la necesaria concreción de la imputación" de las personas supuestamente implicadas en los hechos.

Por estos mismo motivos, reitera su petición --ya acordada en un auto de junio de 2011-- de que se requiera a la Junta "para que aporte el resto, hasta la totalidad, de los "expedientes" de las ayudas a empresas dadas a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)", considerando "necesario" que se examine "la totalidad de los expedientes citados y no solo los de mayor cuantía, al poder tratarse las ayudas de menor cuantía de ayudas a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta".

TÉCNICOS DE AUXILIO JUDICIAL

Asimismo, también demanda la "necesaria e inmediata ampliación de la plantilla de funcionarios" del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dado el "innegable esfuerzo que tanto para la magistrada instructora, Mercedes Alaya, como para la plantilla del Juzgado supone la presente causa, no sólo por la inabarcable amplitud del objeto de investigación sino también por la enorme complejidad añadida de la misma".

Igualmente, pide que se reitere el requerimiento a la Agencia Tributaria para que designe "a la mayor brevedad" un equipo concreto de técnicos que realice funciones de auxilio judicial, "facilitando así el avance de las investigaciones" de la Policía Judicial, que a este respecto cuenta ya con la ayuda de una persona específica designada por la Dirección General de Seguros.

Entre otras peticiones, destaca la que realiza a la juez Mercedes Alaya para que le dé traslado "de toda la documental aportada a la causa", con referencia expresa a la documentación remitida por la Intervención General de la Junta y por IDEA.

ACTIVIDAD "REAL" DE SOCIEDADES

De otro lado, y con el objetivo de "detectar y contribuir a analizar las relaciones que puedan haber existido" entre las personas y sociedades perceptoras de fondos, las sociedades mediadoras, las compañías de seguros, las sociedades que hayan prestado servicios de asesoramiento técnico y jurídico y los imputados en la causa, pide que se realice un primer estudio de las relaciones entre todos ellos desde el año 2001, "de forma que se puedan dar indicios de posibles vías de retorno de fondos públicos percibidos" por las sociedades beneficiarias y las compañías de seguros.

Además, reclama "profundizar" en la actividad "real" de sociedades que "hayan podido ser utilizadas para facilitar el ilícito enriquecimiento de imputados así como para determinar el destino de los fondos percibidos que son objeto de esta causa".

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