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ERE

La juez de los ERE cree que la Junta podría haber "ideado" un sistema para "eludir" el control de la UE

15/02/2012
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Reclama operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de IFA/IDEA para saber si existe autorización del consejero de Economía

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, considera que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de "un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios", lo que "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".

En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez plantea como "conclusión apriorística" que las ayudas dadas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad" de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.

A ello se suma que "podría haber sido un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo en su mayoría ayudas por encima del umbral de mínimis y, en segundo lugar, incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas ayudas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa, incumplimiento que podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".

Por este motivo, la instructora requiere a la Administración autonómica para que en el plazo de diez días aporte las publicaciones de las ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, al tiempo que solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores las comunicaciones que haya podido recibir de la Junta sobre "las ayudas directas exentas", todo ello en relación al periodo de 2001 hasta la actualidad.

AYUDAS DE 'MÍNIMIS'

En el auto, la magistrada se refiere a la normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales, y dentro de las mismas se centra en las ayudas de 'mínimis' que no requieren de autorización por parte de la Comisión Europea, aseverando que "resulta más que dudosa la aplicación de este régimen de exención de notificación y autorización previa a gran parte de las ayudas otorgadas", en primer lugar "porque la mayoría de las ayudas directas a empresas incumple con el requisito esencial que se repite en todos los reglamentos, y es que el Estado miembro haya recibido una solicitud de ayuda del beneficiario".

Según pone de manifiesto la juez Alaya en este auto dictado el pasado día 8 de febrero, el segundo motivo "por el que el régimen de exención de notificación previa sería de difícil aplicación a las ayudas directas a empresas que se analizan en la presente causa es que dicho régimen de exención no excluye, sino que muy al contrario lo exige expresamente, el deber de información de la concesión de tales ayudas a la Comisión Europea".

Además, y en otro auto fechado el 30 de enero y también recogido por Europa Press, la juez reclama a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) "la filiación completa de los miembros de la unidad propia de control interno que colaboran o colaboraron con la Intervención General de la Junta de Andalucía (...), en labores de control interno y auditoría, desde 2001 a 2010". En cuanto a la Consejería de Empleo, reclama la juez la "filiación completa" de sus interventores delegados entre 2001 y 2010, así como la "filiación completa de todo el personal que ha trabajado en la Dirección General de Trabajo" entre 2000 y 2010.

PIDE LOS EXPEDIENTE DE AYUDA A 23 EMPRESAS

Pide la juez además que la Consejería de Empleo entregue los expedientes de ayuda correspondientes a un total de 23 empresas beneficiarias de las subvenciones autonómicas investigadas, pidiendo además "toda la documentación" de cualquier ayuda librada por cualquier consejería para las empresas 'Electrón Service Line' y 'Newbiothecnic'. También pide la juez los "informes anuales" presentados ante la Comisión de Economía del Parlamento de Andalucía por el "presidente del IFA/IDEA" de turno entre 1999 y 2010 sobre "acciones de todo tipo para lograr los fines del Instituto".

Reclama la juez también los "informes de control de eficacia que debieron ser confeccionados" sobre el funcionamiento de IDEA, así como "los motivos" de su no realización en el caso de que no existieran. También pide "detalle de las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros" formalizadas por IDEA desde la entregada en vigor de sus estatutos en 2007 hasta ahora, "con mención expresa a si existe o no autorización previa a la aprobación definitiva, por el Consejo de Gobierno, del titular de la Consejería de Economía y Hacienda", toda vez que entre 2004 y 2009, fue José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía, el titular de dicho departamento.

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