SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
De este modo, la juez instructora ha dictado tres nuevos autos, en uno de los cuales da cuenta de que la causa relativa al exchófer de Francisco Javier Guerrero ya ha sido remitida por los juzgados de Andújar (Jaén), quienes han aceptado el requerimiento de inhibición solicitado por la magistrada para investigar los hechos puestos de manifiesto por Juan Francisco T.B., quien fue imputado por dos presuntos delitos de fraude de subvenciones y que en su declaración apuntó que parte de los fondos públicos recibidos los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él", a "fiestas y copas", según el acta de su declaración consultada por Europa Press.
Hay que recordar que, en un reciente auto, la juez citó a declarar a Guerrero el próximo día 23 de febrero y determinó que dicha declaración "se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda ampliarse con las diligencias previas de los juzgados de Andújar", por lo que, una vez recibidas éstas, la juez podrá cuestionar al exalto cargo sobre las manifestaciones del que fuera su chófer.
La instructora, igualmente, ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía la "totalidad" de los expedientes de ayudas sociolaborales a empresas, incluidas las denegadas entre los años 2001 y 2011 y las ayudas destinadas a pequeñas empresas, algo que el Ministerio Público consideró "necesario" al poder tratarse las ayudas de menor cuantía "de ayudas a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta".
ESTUDIARÁ LOS "PROCEDIMIENTOS CONTABLES" DE IDEA
De igual modo, la juez Mercedes Alaya acuerda una prueba "pericial contable" a cargo de la Intervención General del Estado para que se analicen los "procedimientos contables y la gestión" de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en lo relativo a las transferencias de financiación, para lo que la magistrada designa a dos peritos de la propia Intervención General. Asimismo, y a petición también de la Fiscalía Anticorrupción, solicita el auxilio jurisdiccional de la Agencia Tributaria.
La juez Mercedes Alaya, que acuerda igualmente investigar las ayudas concedidas a empresas del exchófer de Francisco Javier Guerrero, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. La Junta pidió la imputación del exprimer edil por el supuesto dinero que recibió en subvenciones directas una de las tres empresas participadas por él.
Asimismo, la juez, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, acuerda ampliar la investigación a otras cinco empresas radicadas en la Sierra Norte de Sevilla y estrecha el cerco sobre las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y "a su entonces persona de confianza" José María Sayago Lozano.
INFORMACIÓN SOBRE LAS COMISIONES DE VITALIA Y UNITER
Por último, la magistrada requiere a la Administración autonómica para que aporte "información documental" sobre las comisiones cobradas por Vitalia y Uniter, consultaras que mediaron en las pólizas de seguros de renta asociadas a los expedientes de regulación de empleo. Además, pide a las partes personadas que fijen "fecha y hora" para acudir al Juzgado y examinar, en presencia del secretario judicial, todas las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Como es sabido, la juez indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos ERE financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
