PALMA DE MALLORCA, 06 (EUROPA PRESS)
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que los contratistas a quienes ha levantado la imputación son el promotor audiovisual y administrador de Ona Digital, Miguel Brunet, el profesional autónomo David Salvat, la presidenta de la Casa Balear en Berlín, Enriqueta Castelló, la administradora de Gráficas Planisi, Juana Planisi, el empresario gráfico José García, la proveedora Mercedes Estarellas y el contratista Iván Marcos.
El magistrado se ha pronunciado de esta forma después de que las defensas de los ocho imputados, entre ellas la de Forcades, ejercida por Gabriel Garcías, así lo solicitasen al negar que sus patrocinados incurrieron en irregularidad alguna. En el caso del ex consejero, las pesquisas indagaban si resultó favorecido de forma irregular con tres contratos 'a dedo' que le adjudicó del Instituto Balear de Turismo, por un montante global de 20.000 euros, a través de su empresa de nuevas tecnologías SM2.
Ante esto, su abogado negó cualquier ilegalidad al presentar tres facturas por un trabajo que le fue encargado desde la empresa pública, ya que esta labor fue llevada a cabo, mientras que el hecho de pagarlo en tres partidas fue a iniciativa del Ibatur.
En este sentido, apuntó en el escrito que presentó ante el juez que la compañía dependiente de la Consejería de Turismo vio más conveniente dividir en tres el contrato de 20.000 euros para agilizar el pago, si bien niega que esta práctica sirviese para eludir la convocatoria de un concurso público al ser las partidas menores de 12.000 euros -cantidad máxima que la Ley permite abonar a un proveedor sin necesidad de acudir a concurso-.
De hecho, en la declaración que prestó ante el magistrado, Forcades apuntó que su empresa, de "las más importantes de Baleares" y con una facturación de siete millones de euros al año, tiene "poco poder de negociación" con la Administración, si bien actualmente la mercantil no contrata con el Ibatur ya que "cortaron". Es más, defendió la legalidad de estos contratos menores, y aseveró que pese a que había un fraccionamiento de contratos cada uno "tenía su unidad operativa y no dependía de otro".
RECHAZA LEVANTAR LA IMPUTACIÓN A OTROS DOS CONTRATISTAS
El juez ha desestimado, sin embargo, archivar la causa para otros dos empresarios que así lo habían pedido, Matías Javier y José María Aldazabal.
Cabe señalar que diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa revelan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.
Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.
