SANTANDER, 5Abr. (EUROPA PRESS) -
En una sentencia notificada este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, ha estimado el recurso presentado por Nauplia Capital, mercantil que presentó una oferta para adquirir la unidad productiva cuando la concesionaria Marina de Santander entró en concurso de acreedores y se abrió la fase de liquidación.
La Sala sostiene que, según la legislación vigente, para que la Autoridad Portuaria autorizara la transmisión de la concesión, el concesionario (Marina de Santander) debía estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias derivadas de la concesión.
Además, ha añadido que la misma normativa establece que las autorizaciones y concesiones se extinguen cuando se disuelve o extingue la sociedad concesionaria.
Ambos requisitos, a juicio de la Sala, no se cumplen ya que "concurre en el caso de autos no solo la insolvencia de la concesionaria al mantener una deuda con la Autoridad Portuaria por el impago de tasas desde el año 2010, sino que la misma concesión está incursa en causa de extinción derivada de la declaración de concurso" de Marina de Santander.
En este sentido, la Sala sostiene que la Autoridad Portuaria "debió declarar unilateralmente la resolución de la concesión al ser declarada en concurso" la concesionaria, en mayo de 2018, y "mucho más" cuando el Juzgado aprobó su plan de liquidación, en 2020.
Además, el tribunal aclara que su decisión ahora "no revoca el auto del juzgado de lo Mercantil" que aprobó la transmisión de la unidad productiva del puerto deportivo, en el marco del concurso de acreedores, a la Comunidad de Propietarios de Atraques y Módulos de Servicio del puerto. Y es que, según ha precisado, la Sala "se limita a someter a control el acto administrativo de la Autoridad Portuaria por el que se transmiten los derechos concesionales sobre el puerto deportivo", porque la citada transmisión "es un asunto absolutamente independiente y al margen de la transmisión de la unidad productiva, que es la que autorizó el juez de lo mercantil".
La sentencia no es firme, ya que contra la misma cabe interponer un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
