CASTELLÓ, 18 (EUROPA PRESS)
Así lo han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la resolución judicial, dictada antes de este verano, y que abre la puerta a que los denunciantes recurran a la vía administrativa o judicialmente al contencioso-administrativo para reclamar por los daños sufridos.
El incendio se declaró el 17 de junio en Viver, si bien se extendió al municipio de Caudiel (Castellón) como foco principal, y desde el principio se barajó la posibilidad de que pudiera estar originado por las chispas producidas durante el frenado de un tren a lo largo de la vía, según aseguró entonces el que era 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.
Una respuesta parlamentaria del Gobierno al exsenador de Compromís Carles Mulet revelaba que la Guardia Civil localizó hasta seis focos junto a la vía del tren en la investigación del incendio forestal --que afectó a unas 150 hectáreas de terreno-- y determinó que fue provocado por la acción de un tren de mercancías "posiblemente a causa de partículas incandescentes del sistema de frenado". El fuego obligó a desalojar algunas viviendas y a confinar a la población de Caudiel como medida de protección.
Unos 50 afectados, propietarios de terrenos que sufrieron daños, denunciaron a Adif aunque el Juzgado de Segorbe ha archivado la causa dado que el administrador ferroviario, como entidad pública, no puede tener responsabilidad penal, y señala que pueden acudir tanto a la vía administrativa como a la contencioso-administrativa para verse resarcidos.
El alcalde de Caudiel, Antonio Martínez (PP), ha explicado a Europa Press que el Ayuntamiento de la localidad se personó en la causa pero únicamente con la intención de saber quién era el responsable del incendio, y ha calificado de "injusta" la decisión de archivo. "Si ha sido el tren, Adif tendrá que pagar las correspondientes indemnizaciones a los vecinos a los que les afectó", ha dicho, y ha cifrado en más de 50 los afectados, uno de ellos con graves daños en una nave.
Una de las personas afectadas ha declarado a À Punt que el fuego le provocó pérdidas de hasta 50.000 euros y se ha mostrado decepcionada porque con esta decisión no cobrará "absolutamente nada". De acuerdo con esta información, la mayoría de propietarios renuncian a nuevos recursos por otras vías.
"CRÍTICAS INFUNDADAS"
Ante este archivo, desde el PSPV, a través del secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, --al que el nuevo Gobierno de PP y Vox siguen manteniendo en el cargo pese a que ha pedido que lo cesen ya-- han lamentado que el equipo del Botànic que ha dirigido el área de Emergencias de la Generalitat los pasados ocho años "no sólo ha tenido que hacer frente a multitud de situaciones críticas para la vida de los ciudadanos valencianos, sino que también ha tenido que soportar las críticas infundadas y se ha visto como una a una los juzgados las dejaban en aguas de borrajas, perseguidos, calumniados y señalados".
"Desde el PSPV exigimos a Carlos Mazón, a María José Catalá y al ahora portavoz del PP, Miguel Barrachina, que pidan perdón por generar alarma social con infundios y atacando la profesionalidad de los técnicos de la lucha contra incendios de la Generalitat Valenciana", han dicho en un comunicado en el que les acusan de haber mantenido "una actitud amoral generando bulos sin ningún escrúpulo que ahora quedan al descubierto con la resolución judicial".
Ángel ha subrayado que "durante estos años Emergencias ha tenido que movilizar y coordinar centenares de recursos para combatir temporales, incendios, crisis sanitarias e incluso la llegada masiva de refugiados ucranianos y se ha hecho siempre regido por el criterio de los técnicos, que tienen un gran reconocimiento en todo el Estado español y también en la Unión Europea".
Además, ha criticado que "algunos 'dirigentillos' políticos han intentado sacar rédito político de unas situaciones donde lo más importante era atender la emergencia y a las personas que la sufrían"", que es "lo que ha hecho siempre el gobierno que ha presidido Ximo Puig", ha defendido.
