SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
En auto con fecha de 13 de junio, y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora señala que por la representación procesal de María Dolores Calzado y Rosa María Rentero se presentó escrito suplicando al Juzgado acordar el sobreseimiento y archivo de las diligencias respecto de ellas, investigadas en esta pieza por haberse beneficiado de manera ilegítima de una ayuda concedida por la Junta a las empresas de la Faja Pirítica para financiar las prejubilaciones de las personas que habían trabajado en éstas, siendo consciente ambas de que no tenían derecho a ello porque nunca habían trabajado para estas empresas.
La representación procesal alega que "han transcurrido más de diez años desde que suscribieron los referidos boletines de adhesión" y que han "reintegrado a la Junta de Andalucía, hace casi seis años, cuanto les fue exigido que así hicieran".
Habiéndose dado traslado de las copias a las partes, la Fiscalía se opuso al sobreseimiento y archivo de las actuaciones contra estas personas. Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el hecho de que con posterioridad a haberse beneficiado de manera ilegítima de esas ayudas, hayan devuelto lo "indebidamente" percibido "no puede conllevar" el archivo, ya que el delito se había consumado con la concesión y pago de las ayudas, sin perjuicio de que esa devolución puede tener su reflejo penológico a través de la apreciación de la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo 22.5 del Código Penal.
De otro lado, los letrados de la Junta, en sus alegaciones, exponen que la percepción de las rentas por las investigadas habría estado produciéndose, al menos, hasta el año 2011, y el plazo de prescripción del delito de malversación se computaría desde que cesaron los pagos, por lo que no ha transcurrido el plazo alegado.
Tras esto, la juez instructora, en su auto, señala, como la Junta en sus alegaciones, que "la percepción de las rentas por las investigadas habría estado produciéndose, al menos, hasta el año 2011, cuestión ésta fundamental puesto que el plazo de prescripción del delito de malversación se computaría desde que cesaron los pagos".
"Es por ello por lo que no ha transcurrido el plazo alegado de contrario y por lo que no procede el sobreseimiento, y todo ello sin perjuicio de que, en su caso, el importe de la responsabilidad civil derivada del delito pueda moderarse atendida la devolución y que esa devolución puede tener su reflejo penológico a través de la apreciación de la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo 22.5 del Código Penal", acuerda la juez.
