MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
También recurrió el Gobierno la convocatoria de un Pleno de investidura para el 30 de enero que finalmente no fue celebrado al exigirse que la elección del candidato de Junts per Catalunya (JcCat) fuera presencial.
El requisito de que Puigdemont estuviera presente en su Pleno de investidura, sumado al de que tuviera que acudir con autorización expresa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena -que le investiga por posible rebelión o sedición y malversación de fondos públicos- se adoptó de forma inédita por el tribunal de garantías como medida cautelar previa a admitir o no el recuso del Gobierno. En dicho momento se dio además plazo a los diputados electos de JxCat, entre ellos al propio Puigdemont, y al Parlament que presentaran alegaciones antes de decirse sobre la admisión del recurso.
En sus alegaciones JxCat ha argumentado que el requerimiento que le hizo en su día el TC al dictar sus requisitos para la investidura vulnera la "autonomía" de la cámara. Dicho requerimiento consiste en no iniciar, tramitar, informar ni dictar ningún acuerdo o actuación para un debate de investidura de Carles Puigdemont (JxCat) como candidato a presidir la Generalitat que no respetara las medidas cautelares del TC, y les avisaba de posibles responsabilidades, incluida la penal.
Según JxCat, la orden de impedir o paralizar iniciativas parlamentarias dirigida al presidente y al resto de la Mesa de una asamblea legislativa es "una clara extralimitación del ejercicio de la función de control de constitucionalidad", y también argumentan que el acto que se impugna es obligado y tasado según el Estatut, y constituye un acto parlamentario de trámite.
DERECHOS DE LOS DIPUTADOS
También alegaban que el requerimiento va dirigido a personas que no tienen intervención directa alguna en los actos que se impugnan, y que la indicación del TC, sin sentencia previa, limita "gravemente" derechos de los diputados y calificaban las medidas cautelares de "monstruosidad jurídica". Por su parte, el Parlament también pide que desestime el recurso del Gobierno.
La solución alcanzada en su día por el TC, que se reunió de forma extraordinaria en sábado para adoptar sus medidas cautelares, permitió superar las tesis contrarias a la admisión del recurso planteadas inicialmente por el ponente de la resolución, el magistrado progresista Juan Antonio Xiol. Actualmente se busca un acuerdo unánime respecto de este asunto, para evitar una imagen de fractura del tribunal en un asunto que se considera de gran trascendencia.
