SANTANDER, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
De esta forma, el tribunal de apelación desestima el recurso presentado por la mujer contra la sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Santander que la consideró autora de un delito contra la administración de justicia y la condenó además al pago de una indemnización a su jefe de 3.000 euros por los daños morales que la denuncia le causó.
Según el relato de hechos, el jefe de la acusada descubrió que ésta se había apropiado de diversas cantidades de dinero cobrado a clientes de la empresa que regentaba. Así, le pidió que devolviera el dinero y como la mujer no lo hizo, presentó denuncia ante la policía.
Cuatro días después, la mujer acudió a dependencias policiales y "con plena conciencia de que lo que iba a relatar no era cierto, denunció que su jefe había estado acosándola laboral y sexualmente durante más de diez años".
En su denuncia, la mujer afirmaba que "la había sometido a tocamientos y vejaciones, y que en una ocasión la había obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento".
La denuncia se instruyó y meses después el juez instructor archivó la causa por "falta de verosimilitud de la versión de la denunciante".
Por otro lado, el Juzgado de lo Social n.º 6 declaró procedente el despido de la acusada así como que la situación de acoso que afirmaba la mujer no estaba acreditada.
La Audiencia confirma estos hechos, declarados probados por el juez de instancia, y subraya el hecho de que la acusada presentó su denuncia "con inmediatez" a que su jefe hiciera lo propio por no reponer el dinero.
Además, se refiere a la declaración de la mujer que la propia recurrente señaló como testigo presencial de los acosos denunciados, quien "declaró que no presenció ningún tipo de acoso".
"De todo ello se infiere que la denuncia era falsa y que la acusada, a sabiendas de la falsedad, le denunció porque le había descubierto para presionarle y que no siguiese reclamándole el dinero manteniendo su puesto de trabajo", señala la sentencia, que es firme.
Finalmente, el tribunal considera que la pena impuesta es proporcionada, "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados falsamente: acoso laboral y sexual durante más de diez años".
