MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Alto Tribunal suspende estos preceptos al admitir a trámite el recurso interpuesto contra la norma por el Gobierno, y establece la suspensión de los mismos desde el pasado 10 de noviembre --fecha en la que el Ejecutivo central interpuso el recurso-- y reclamó la suspensión cautelar. El Tribunal Constitucional deberá ratificar o levantar esta suspensión en un plazo no superior a cinco meses.
Así lo dicta el TC en un auto del pasado 28 de noviembre y conocido este lunes 4 de diciembre, en el que deja en suspenso la obligación de que todos los toros que se toreen en plazas de esta autonomía tengan un mínimo de 4 años cumplidos y en cualquier caso menos de 6; o el establecimiento de pesos mínimos de los toros y obligación de una báscula de pesaje en todas las plazas independientemente de la categoría de la plaza de que se trate.
Asimismo, suspende la cancelación por parte de el presidente de la plaza de la corrida si no se cumplen los requisitos ahora impugnados; y el reconocimiento veterinario de los toros para comprobar el estado sanitario y de bienestar del animal una vez terminado el espectáculo.
Además, se suspende que los animales que tengan que ser toreados lleguen a la plaza de toros como mínimo 48 horas antes de la celebración del espectáculo taurino; que no sean recluidos en los chiqueros de la plaza durante su estancia; y su vuelta tras la corrida desde los mismos corrales.
También se suspende la prohibición de la presencia de caballos durante las corridas de toros; y la limitación a tres toros por espectáculo y con una duración no superior a 10 minutos.
Igualmente, se suspende que no se puedan usar divisas, puntas de pica, banderillas, picas, farpas, estoques o espadas, verduguillos puñales ni ningún instrumento punzante que pueda producir heridas y/o la muerte del toro. Como consecuencia, también se suspende que omitir estas condiciones sea considerado infracción muy grave.
INVASIÓN DE COMPETENCIAS Y DEFENSA DE LA TAUROMAQUIA
El Ejecutivo decidió interponer recurso por "falta de competencias y por incumplir determinados preceptos de leyes estatales sobre patrimonio inmaterial y tauromaquia.
A juicio del Gobierno, Baleares no tiene en su Estatuto competencias específicas para la protección de animales, además de que la regulación "incumple determinados preceptos de leyes estatales, tanto las referidas a patrimonio inmaterial como las referidas a la tauromaquia".
Por un lado, considera que esta ley balear "invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes".
También entiende que invade competencias estatales "en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español y en las de seguridad pública".
A esto se añade que, a diferencia de otras comunidades autónomas, las Islas Baleares no tienen recogido en su Estatuto de Autonomía competencias específicas para la protección de los animales.
El Gobierno también recuerda que en 2016, el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre la Ley catalana de protección de los animales, indicando que "es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural".
Por su parte, conocida la interposición del recurso, el Gobierno balear precisó que la ley "ampara esta decisión" pero avanzó que defenderá ante el Tribunal Constitucional la normativa aprobada en el Parlament.
