MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
En un auto, la Sala de lo Penal ha hecho firme la parte correspondiente al expresidente de Caja Madrid de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero por las tarjetas 'black'. Impuso una condena de seis años de prisión por un delito de apropiación indebida y al pago, de forma conjunta y solidaria con los 65 acusados, de los 9,3 millones de euros.
Los magistrados explican que esto ha tenido lugar al declarar el recurso de casación presentado por Blesa "desierto". Apuntan que sus herederos no han continuado con la acción procesal y que por el "tiempo transcurrido" se debe tener este escrito "por desistido y debe declararse desierto".
Recuerdan que tras su fallecimiento la responsabilidad penal ya quedó extinguida "sin perjuicio de que subsista la acción civil contra sus herederos". Y señala que el resto de partes personadas, con excepción de la Fiscalía, "no han solicitado nada al respecto".
De este modo, el Supremo comunica a la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia, en este caso la parte relacionada con la responsabilidad civil. Este órgano judicial es quién debe comprobar si toda la cantidad defraudada ha sido repuesta y, en caso contrario, proceder a la venta de los bienes ya embargados de Blesa.
PENDIENTE DE ESTUDIAR LOS RECURSOS DE OTROS CONDENADOS
La Sala de lo Penal aún tiene que estudiar los recursos de los acusados y acusaciones contra la sentencia condenatoria de entre tres meses y seis años de prisión por el uso fraudulento que hicieron de la tarjeta de empresa, creada en un primer momento para gastos de representación.
El que fuera presidente de Caja Madrid apareció muerto con un tiro en el pecho en la finca Puerto del Toro de Villanueva del Rey (Córdoba), a la que acudía con frecuencia a cazar. En ese momento se encontraba en una situación de libertad a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre el recurso que había presentado contra su condena por las tarjetas 'black'.
Blesa, presidente de la caja entre 1996 y 2010, alegó en su escrito que no existe una prueba de cargo que acredite su responsabilidad en la práctica de este sistema de visas a las que se cargaron más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 por parte de los 65 acusados.
