MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Las multas habían sido acordadas por el Alto Tribunal el pasado 20 de septiembre y consistían en el pago diario de 12.000 euros para cada uno de los siete miembros, titulares y suplentes, de la sindicatura electoral de Cataluña y de 6.000 euros en el caso de 14 de los 15 síndicos territoriales.
La decisión ha sido tomada por el Constitucional después de que todos los síndicos justificaran tanto su renuncia al cargo como que dejaron sin efecto los acuerdos adoptados para la preparación del referéndum independentista, el cual había sido a su vez suspendido cautelarmente por el tribunal el 7 de septiembre pasado y declarado inconstitucional y nulo el 17 de octubre.
De este modo, el Pleno explica en un auto que las renuncias a sus cargos, remitidas al Constitucional entre los días 21 y 22 de septiembre, así como la previa revocación, en su caso, de "las resoluciones y acuerdos adoptados", supusieron la consecución de la finalidad pretendida por la medida coercitiva, por lo que el tribunal procede ahora a su levantamiento.
Respeto de Carme Vilanova (única designada que no aceptó el nombramiento, en su caso, como presidenta de la sindicatura electoral de Arán), el Constitucional indica que no se dieron los presupuestos para la imposición de la multa coercitiva, por lo que acuerda dejar sin efecto tanto esa medida como la deducción de testimonio a la Fiscalía.
El tribunal de garantías acordó también hace una semana dejar sin efecto la imposición de multas que fue fijada a finales de septiembre, igualmente de 12.000 euros diarios, al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep María Jové, como responsable electoral del 1-O, ya que no llegó a ejercer. Anuló por la misma razón la multa de 6.000 euros diarios que se impuso a Montserrat Vidal i Roca, igualmente responsable de este asunto.
