MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía pide en la querella por rebelión que ha presentado ante el Tribunal Supremo contra la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y otros cinco exmiembros de la Mesa de este órgano que se acumule en esta causa, de ser admitida, lo ya instruido en la abierta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra muchos de estos exdiputados.
La Fiscalía ha presentado este lunes sendas querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en las que se acusa a un total de 20 personas -exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña- de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por hechos que engloban todo el denominado 'procés' que concluyó el pasado viernes con la declaración unilateral de independencia (DUI) y que se remontan a noviembre de 2015. Se reclama su citación y, en el caso de que no comparezcan, que sean detenidos.
EXDIPUTADOS QUERELLADOS
La querella interpuesta este viernes por la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se presenta contra un total de seis personas: la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet --todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados-- y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuiet i Pujals.
La competencia del Supremo respecto de todos ellos se justifica en el artículo 57.2 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña para los miembros del Parlament, que atribuye al alto tribunal el conocimiento de la responsabilidad penal "fuera del territorio de Cataluña".
Para la Fiscalía, los hechos atribuidos a los parlamentarios "se han desarrollado más allá del territorio de Cataluña y han producido efectos traspasando el territorio de dicha comunidad autónoma, irradiando al resto del territorio nacional".
Añade que el aforamiento de todos ellos subsiste en tanto mantienen sus cargos como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña.
El conjunto de acciones delictivas atribuidas a los parlamentarios "excede con mucho el acto mismo de la declaración o proclamación de un Estado independiente" para retrotraerse al periodo de creación de las condiciones para tal declaración, y extiende además sus efectos "más allá del ámbito parlamentario en todo lo que afecta a la redefinición de las relaciones de las distintas partes del territorio español, y de éste con la comunidad internacional".
Así, incide la Fiscalía en que los hechos son materia del Supremo por los actos cometidos "bien en el extranjero, bien con agentes y operadores de terceros países, con la finalidad de crearse una imagen internacional que les coloque en una posición de fuerza para conseguir su objetivo final".
TESTIGOS
Entre los testigos a comparecer en el Supremo la Fiscalía incluye a los miembros de la Mesa José María Espejo-Saavedra (de Ciudadanos) y David Pérez Ibáñez (del PSC), así como del letrado mayor del Parlament Antoni Bayona i Rocamora y el secretario general del mismo, Xabier Muro.
Entre las diligencias a practicar en este caso la Fiscalía también pide que se una a la causa copia de los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación y debate de las Ley de referéndum y el acta de las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre y de los días 26 y 27 de octubre (cuando se aprobó la declaración de independencia); diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, y una hoja "histórico penal" de los querellados.
