UNA REBELIÓN EXPLÍCITA
La sustitución de una legitimidad por otra no es una tarea fácil, resulta arduo y puede traer complicaciones de gran calado y transcendencia, lo importante es tener certeza sobre dos elementos que deben servir tanto de premisa como de fundamentación al proceso: hasta dónde se está dispuesto a llegar, y hasta dónde están dispuestos a soportar los que se encuentran enfrente- ya no sólo los poderes públicos del Estado español, sino también la ciudadanía tanto dentro como fuera de Cataluña-. Estas son dos preguntas clave que se debe plantear cualquier independentista. Pero esta vez, sí, se han rebasado todos los límites y escenarios admisibles. Por supuesto que no se ha respetado la legalidad, pero ya no nos referimos únicamente a la española, sino también a la catalana, que supuestamente debería haber dotado a todo el proceso independentista de Cataluña de legitimidad. Pero incurrir en la ilegalidad siempre tiene consecuencias funestas y fatídicas.
Todo ha se ha orquestado hasta el último detalle: mensajes cortos y eficaces ante una opinión pública sensibilizada por años de adoctrinamiento mediático y a través de una educación abandonada al diseño de espurios intereses de partido y nacionalistas: desde el “España nos roba”, al “derecho a decidir”, pasando por tantos otros lemas y soflamas que fácticamente pretendían ofrecer una imagen de un sometimiento de décadas -si no centenario- a una presunta ilegítima y torticera situación represiva tanto económica, como cultural y política de un territorio que pretendidamente siempre habría querido ser independiente del Estado español.
De este modo, todo el edificio de legalidad ficticia que ha envuelto y amparado este fallido ensayo de referéndum ha puesto de manifiesto que la Generalitat ha hecho un uso inicuo de sus competencias estatutarias. Ha excedido sus potestades, y ya no sólo desde la perspectiva constitucional, sino desde la que le otorga la propia legalidad catalana, empezando por el Estatuto de Cataluña, pasando por la Ley electoral catalana, llegando hasta el Reglamento del Parlament. Todo se ha obviado y se ha transgredido. Pero esta vez se ha traspasado lo admisible, porque en esta ocasión se está llevando a cabo un alzamiento contra el régimen constitucional del que nos dotamos los españoles en 1978 -y la eminente mayoría de los catalanes que votaron la Constitución española-. Se está pretendiendo una secesión que no sólo atenta contra la integridad del territorio de España, sino también contra los fundamentos básicos de nuestro Estado de Derecho. Se alega libertad de expresión, libertad de participación y de manifestación, y por supuesto, el derecho a expresar a través del sufragio una opinión política que -en sí misma considerada puede ser más o menos compartida-. Pero en Derecho los cauces, las formas, los procedimientos y los trámites reflejan cautelas, garantías libertades y derechos. Las Leyes de Transitoriedad y la llamada Ley de Referéndum han prescindido de los cauces parlamentarios preestablecidos, han roto el diálogo parlamentario que se articula a través de las enmiendas, la pausa de reflexión que se basa en el plazo de preparación de textos alternativos. El proceso afirma democracia, saltándose los trámites democráticos y parlamentarios. Exige respeto, cuando se ignora a la minoría. Demanda comprensión cuando se utiliza a menores para emitir mensajes a la prensa internacional de persecución política. Y es cierto, no ha habido garantías en esta consulta, y no debía haberlas, porque no era un referéndum. Se ha plebiscitado y se ha subastado en plaza pública la legitimidad española. El pueblo sin cauces legales se convierte en poder constituyente, y rompe la legitimidad.
Por todo ello, dejar vota a Artur Mas, a Puigdemont, y a los miles que efectivamente y a pesar de las prohibiciones y advertencias han emitido su voto en el equívoco referéndum, no es más que el colofón de una ilegítima actuación de un poder público, el catalán -que jamás hay que olvidar que también lo es español- que ha roto el esquema constitucional que se basa en la aceptación de algunas cuestiones que no son de singular y unilateral disposición, porque no pueden serlo ni en España ni en ningún país que pretenda considerarse un Estado de Derecho.
Por ello, ni es voto, ni es libertad de expresión, ni es actualización de derechos políticos subyugados: es libertinaje jurídico, es rebelión explícita y contundente, y es sedición en la medida en que pudiese conducir a mayores. No, no se puede subvertir más el orden de las cosas: por supuesto que no es un referéndum. Pero no porque no se haya permitido votar, sino porque no se podía dejar votar en ningún supuesto -salvo el concertado, amparado y coordinado con el Estado español-; porque significaba la defenestración y aniquilación del régimen que ha unido a los españoles desde la Transición, y cuyo espíritu ni está superado ni se debe superar. Este espíritu es reflejo de consenso, convivencia, tolerancia y de mutua y recíproca aceptación entre nosotros. No hay ni puede haber dos legitimidades, la que invocan los Mossos de Esquadra para no intervenir en los colegios y mesas electorales, y la de la Guardia Civil y la Policía Nacional, para evitar el desarrollo y desenvolvimiento de algo que no es derecho a decidir, sino derecho a quebrar el marco constitucional. No es libertad de expresión, es alarde de autoritarismo en su peor manifestación. Por ello, sí -en esto coincidimos-, el día después es el más importante, de aquí que no debamos ni podamos prescindir de los hechos, de su ponderación, y de sus consecuencias. Sería causa de indignidad colectiva la inacción, la inane contemplación, la tácita sumisión -a qué, por qué y de qué-: no se puede contemporizar con cuestiones que no son admisibles, ni de partida ni de salida. Diálogo, sí, sin condiciones pero con premisas. Transacción, por supuesto, pero en lo transable, no en lo indisponible. Reforma constitucional, puede ser, pero sosegada, atemperada, y consensuada amplia y contundentemente. Ni improvisación ni concesión impuesta unilateralmente.
Por todo ello, no hay dos legitimidades: ni siquiera confluencia de las mismas. La legitimidad española es la que sustenta ampara y fundamenta la de la Generalitat. Pero su subversión convierte en inanes cualquier consideración relativa y restringida a la legalidad, ya que se ha superado ese plano sin ambages ni contemplaciones. Es el momento de defender la dignidad -la propia, y la del pueblo catalán- y la de España. La legitimidad debe imponerse.
