MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha condenado al promotor inmobiliario Luis Nicolás Mateos a seis años de cárcel por los delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y contra la Hacienda Pública por vender 13.500 viviendas en Brasil que nunca fueron entregadas a los compradores y por las que obtuvo un beneficio ilícito superior a los 700.000 euros.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal concluye en su sentencia que el principal acusado estafó a 313 personas con la operación ficticia consistente en la venta de estos apartamentos de lujo ubicados en el complejo residencial denominado Lagoa Do Coelho Resort, en Tourus (Brasil). Por ello le obliga a indemnizar a los afectados en concepto de responsabilidad civil con las cantidades que estos depositaron en la compra y que, en algunos casos, llegaron a alcanzar los 100.000 euros.
También han sido condenados Francisco Clemente Lozano y Segundo Francisco Clemente Lozano a diez meses de cárcel cada uno por los delitos de falsificación de documento mercantil y contra la Hacienda Pública. El Ministerio Fiscal les acusó de elaborar facturas falsas mediante obras en distintos inmuebles propiedad de la empresa del principal acusado.
La resolución determina que el dinero percibido por los condenados "nunca se destinó a la construcción de este complejo" que era propiedad de la empresa brasileña Lagoa Do Coelho Emprendimientos Turísticos y tenía como socio al Grupo Nicolás Mateos S.L, administrado por el principal condenado.
"En la parcela solo consta que se procedió a desbrozar la maleza y en cuanto al proyecto solo se pagaron gastos por licencia y proyectos de arquitectos", reza la sentencia.
VIVIENDAS DE HASTA 130.758 EUROS
El precio de las viviendas vendidas entre 2005 y 2008 oscilaban entre 76.500 y 130.758 euros, según reza la sentencia que determina que Luis Nicolás Mateos obtuvo en 2006 la "devolución indebida" de 94.145,57 euros y en el ejercicio del año siguiente una devolución por importe de 631.191 euros.
Desde diciembre de 2005 y hasta comienzos de 2008, multitud de personas adquirieron apartamentos en el complejo citado. Los contratos eran firmados personalmente por el promotor imputado, señala el Ministerio Fiscal en su escrito, salvo algunos que firmó el fuera director general Pedro Francisco Hernández, para el que solicita el archivo de su causa.
Con el fin de dar una garantía a los compradores y cumplir aparentemente con la legalidad vigente, en los contratos de compraventa se hacía contar un aval por el importe de las cantidades entregadas. Esta documentación fue emitida por varias sociedades que no figuraban inscritas en los Registros de Entidades a cargo del Banco de España, ni se encontraban habilitadas para el ejercicio de la actividad aseguradora.
