BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
Así lo ha acordado en un auto, recogido por Europa Press, la magistrada instructora de la querella, Mercedes Armas, a raíz de las peticiones de medidas cautelares que formuló en ella la Fiscalía Superior de Cataluña.
La magistrada considera que "no ha lugar, por el momento", fijar fianza a los querellados para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
SIN PERJUICIO DE HACERLO MAS ADELANTE
Justifica no adoptar la medida por "el incipiente estado de estos autos y de las previsibles diligencias que deberán ir sustanciándose", pero puntualiza que lo hace sin perjuicio de lo que posteriormente, en función del desarrollo de la instrucción, pudiera decidirse.
Argumenta la decisión de ordenar el cierre de la web 'garanties.cat', pese a que no se constata que esté administrada directamente por el Govern, porque su contenido "es claramente atentatorio de las advertencias de que tal Gobierno ha venido siendo objeto y cuya desatención ha provocado estas diligencias", al constatar la estrecha relación de dicha web con la celebración del referéndum.
Y sobre la web de los voluntarios 'https//connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017', considera que sigue "el camino trazado por el Govern en clara confrontación objetiva con las resoluciones del Tribunal Constitucional, de claros indicios de criminalidad".
"Los plazos y modos del proceso no pueden demorar la tutela judicial que tal situación evidencia, y la medida se ofrece ponderada y proporcionada, pues la información y opciones de participación directa en el referéndum por parte de los ciudadanos que se contienen en dichas páginas ponen en riesgo evidente el efectivo acatamiento de las resoluciones judiciales", afirma.
PUBLICIDAD DEL 1-O
Sobre la petición de la Fiscalía de que se dirija oficio a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no difundan la publicidad institucional sobre el referéndum, la juez cree que "la generalidad de este requerimiento choca con la normal actuación jurisdiccional".
Considera que no es trabajo de los órganos judiciales penales advertir dentro de un procedimiento "a cualquier persona física o jurídica, grupo o colectividad de que no cometan actos que pudieran revestir carácter delictivo".
Por eso, pide oficiar al jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil que le informe de qué medios de comunicación con sede en Cataluña --a excepción de TV3 y Catalunya Ràdio, ya apercibidos por el TC-- han insertado cualquier tipo de publicidad institucional para requerirles que cesen de publicitarla.
