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No invocarás el Derecho internacional en vano; por Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid

05/07/2017
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El día 5 de julio de 2017, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Araceli Mangas en el cual la autora considera que los secesionistas se revisten de invocaciones a un Derecho internacional retorcido e inventado para sus propósitos golpistas a fin de disfrazar un delirio del que se debería ocupar el Derecho Penal.

NO INVOCARÁS EL DERECHO INTERNACIONAL EN VANO

Los secesionistas se revisten de invocaciones a un Derecho internacional retorcido e inventado para sus propósitos golpistas a fin de disfrazar un delirio del que -llegados a esta fase sediciosa- se debería ocupar el Derecho Penal.

Y no debemos callarnos ante sus falsedades tóxicas al margen del pensamiento racional fundamentado. Los secesionistas del Gobierno catalán desconocen por completo los principios, normas y prácticas del Derecho internacional y de la comunidad internacional.

El respeto a la unidad nacional e integridad territorial y a la libre determinación son dos principios del mismo nivel, principios jurídicos fundamentales con criterios de prevalencia de uno sobre otro establecidos por el propio Derecho internacional al margen de manipulaciones caprichosas.

Cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la breve Resolución 1514 de 1960 -la primera norma que afirmó el principio de libre determinación- se afirmó con contundencia: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. ¿No lo han leído los secesionistas? En aquella Resolución se basa la formulación sucinta del art. 1 de los Pactos de Derechos de la ONU de 1966 que invocan los secesionistas.

Ese párrafo se reitera en la todavía más importante y detallada Resolución 2625 de 1970 -con valor de derecho positivo-, de modo que no hay una libertad ilimitada para invocar, sin fundamento, ese principio y hacerlo prevalecer hasta violar el principio de respeto a la unidad nacional. Expresa que un Estado que tiene un gobierno democrático no tiene que soportar la invocación de libre determinación para romper su unidad nacional (párrafo séptimo): “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que [] estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. Lean.

En la delirante hipótesis de una Cataluña independiente, ¿admitirían el derecho a constituir un Estado separado con territorio de Cataluña para los que no acepten a ese nuevo Estado? ¿Admitirían la independencia de cientos de municipios que no votan a los separatistas? No cabe la libre determinación por barrios, provincias o regiones; en el Derecho internacional no hay un derecho irrestricto a constituir Estados según decida “la gente”.

Así entendido, maliciosamente, como un derecho de cualquier grupo de personas a crear Estados independientes, originaría tensiones intolerables para la estabilidad de cualquier Estado y para las relaciones internacionales en su conjunto. Por ello, el Derecho internacional regula los criterios para cohonestar ambos principios y, llegado el caso, establecer los criterios de prevalencia del derecho que proclaman los Pactos: a decidir separadamente (situaciones coloniales y racistas) y del derecho a decidir por toda la colectividad sin exclusiones (Estados de vieja formación y democráticos).

Sólo en algo tienen razón los secesionistas. Al final de la Historia, un Estado es una cuestión de efectividad: exclusión de facto del poder legítimo predecesor. Si se toleran estructuras de Estado dentro del Estado, si una organización territorial se comporta como un Estado con la tolerancia y cobardía de las instituciones legítimas del Estado, si el Gobierno abdica de aplicar la Constitución y la ley democrática, entonces tenemos todos los españoles un gravísimo problema. No hubo diálogo. Tampoco se ha querido aplicar la Constitución y la ley democrática. Por todo ello hemos llegado hasta aquí.

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