MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
En el fallo, al que ha tenido Europa Press, la Sala va rechazando los recursos que alegan una serie de motivos comunes, como las denuncias referidas a la regularidad constitucional y legal de las injerencias en las comunicaciones postales, y la tipicidad de los hechos declarados.
Sobre la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones postales, el Supremo entiende que no es el caso y destaca que la pretensión de la investigación es realizarla "a partir de conocer los destinatarios, los números de teléfono empleados y las ubicaciones de los titulares de los teléfonos".
Por otra parte, asegura que "hubo control judicial" de la correspondencia que se abrió, en la forma descrita en la ley de enjuiciamiento criminal "con la presencia de la acusación, el juez de instrucción y el fedatario público que documentó el acto".
En cuanto al recurso sobre la concurrencia en el hecho probado de los requisitos precisos para la subsanación en el tipo penal, la Sala entiende que queda demostrado que hay una asociación formada, estructurada y dirigida para "cometer el delito de estafa y el instrumental de falsedad". "La necesidad de la asociación deviene por la rapidez con la que se destacan de teléfonos para impedir su localización", añaden.
Alguno de los recurrentes cuestionan también la diligencias de entrada y registro acordadas en la causa porque se produjo "indefensión consistente en que a la diligencia no asistió un intérprete de inglés, idioma de los recurrentes", algo que el Supremo también decide desestimar.
Y es que señalan que "ni hubo declaraciones, ni se practicó interrogatorio que hiciera exigible la presencia de un letrado para asistir en esa declaración personal".
En la sentencia se recuerdan que "son muchos" los perjudicados en el hecho objeto de la estafa que se declara probada, aproximadamente 80, de distintas nacionalidades, y que se tiene en cuenta que la cantidad de cartas enviadas, más de un millón, "ha podido producir varios perjuicios a pluralidad de personas que no han llegado a personarse o, incluso, a denunciar los hechos".
VARIAS CONDENAS
En la sentencia previa de la Audiencia Nacional, se condenaba a 24 personas a 11 años de prisión por delitos de estafa, falsedad documental en concurso medial y asociación ilícita.
Por otro lado, condenaba a tres personas a dos años y cuatro meses como responsables de un delito de falsedad documental en concurso medial con un delito de conspiración para cometer un delito de estafa.
Igualmente se condenaba a dos acusados a tres años de prisión por un delito de falsedad documental en concurso medial con un delito de estafa y por último a otra persona a cinco años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito continuado de estafa.
Además, se absolvía a siete personas de los delitos de los que estaban acusados. Los condenados también deberán devolver las cantidades sustraídas a los afectados de esta estafa organizada.
La Fiscalía exponía que la organización mandó cartas en base a documentos falsificados en los que se decía que el destinatario de la misma había resultado ganador de un premio en la lotería española por valor de unos 600.000 euros. Para poder cobrar ese dinero tenían que ingresar primero los impuestos relativos a esa cantidad.
Así, según la Fiscalía, enviaron millones de cartas y unas cientos dieron con el objetivo. Los destinatarios de las cartas contactaron con unos números de teléfono por los que consiguieron que ingresaran ese dinero.
