MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
Esta sentencia, de finales de octubre, no solo reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas, sino que anula el mecanismo de financiación del bono social, circunstancia que obligó recientemente al Gobierno a diseñar un nuevo sistema en el que el coste de la ayuda se carga sobre las comercializadoras.
El Ejecutivo adopta la decisión de recurrir al Constitucional después de que la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo desestimara el incidente de nulidad que había presentado el propio Gobierno en contra de la sentencia del tribunal. La Abogacía del Estado considera que los cauces legales no están agotados y que se puede recurrir al Constitucional.
Prospere o no, el recurso puede permitir al Gobierno ganar tiempo y postergar el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España de los cerca de 500 millones con las que estas empresas han financiado el bono social en los últimos años. El importe final está pendiente de que el Supremo proceda a la ejecución de la propia sentencia.
El dinero de la indemnización, si el Constitucional mantiene el criterio del Supremo, habrá de cargarse sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta segunda opción es menos probable, a la vista del reciente acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, por importe cercano a los 5.500 millones.
Al margen de esta indemnización, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sigue trabajando en el desarrollo normativo del real decreto ley sobre la nueva financiación del bono social, en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras eléctricas.
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO.
En su recurso ante el Constitucional, el Gobierno argumentará que el Supremo ha incurrido en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En concreto, el Gobierno quiere que se consulte a Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.
