MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Este mecanismo de financiación aparecía recogido en la disposición adicional tercera del real decreto ley 14/2010, en la que se carga sobre once empresas, especialmente las grandes eléctricas, la financiación de los planes de ahorro y eficiencia durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
En su fallo, el Constitucional señala que la selección de las empresas obligadas a financiar estos planes de ahorro y eficiencia energética "tiene una justificación objetiva y razonable, respetando, asimismo, el canon de proporcionalidad exigible".
Asimismo, indica que al haber concluido que la norma "no quebranta" el artículo 14 de la Constitución Española, descarta que pueda entenderse infringido el principio de intedicción de la arbitrariedad del artículo 9.3, "toda vez que la medida enjuiciada se asienta en criterios objetivos, legítimos y razonables".
Las empresas recurrieron la norma ante la Audiencia Nacional, cuya sección cuarta planteó la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Castelnou Energía y E.ON España, personadas en el proceso, presentaron alegaciones para ampliar la cuestión a otros artículos. Sin embargo, el Constitucional considera que su examen se debe circunscribir a los artículos 9.3 y 14.
En total, fueron 670 millones de euros los destinados a los planes de eficiencia que las empresas fueron aportando en los últimos años, a razón de 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.
Las empresas que hicieron frente a este coste fueron, de mayor a menor contribución, Endesa (34%), Iberdrola (32%), Gas Natural Fenosa (16%), EDP España (4%), E.ON (2%) y AES Cartagena (2%). Además, financian el plan con porcentajes inferiores al 2% Bizkaia Energía, Castelnou Energía, Nueva Generadora del Sur, Bahia de Bizkaia Electricidad y Tarragona Power.
Tras el vencimiento de este esquema de financiación, el Gobierno creó en 2013 el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, en el que se carga el coste de estas medidas, por importe anual de cerca de 200 millones de euros, sobre todo el sector energético en función del consumo. Esta medida se encuentra recurrida en los tribunales.
