BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El informe, presentado este miércoles en rueda de prensa por el decano del Icab, Oriol Rusca, señala que a final del año 2015 en la demarcación del colegio barcelonés --que incluye Barcelona y 11 demarcaciones de los alrededores-- quedaban pendientes 141.948 casos y otros 217.433 en el resto de Catalunya.
Destaca el elevado número de expedientes acumulados en relación a los casos que ingresaron y las causas que se resolvieron: en 2015 ingresaron en los juzgados catalanes 89.178 expedientes en este ámbito y se resolvieron 107.944.
Comparativamente, la cifra total de 359.381 asuntos pendientes en la jurisdicción civil al final del 2015 es similar al balance de los años anteriores pero presenta un ligero aumento progresivo: 352.611 en 2014, 345.130 en 2013 y 337.680 en 2012.
Por otra parte, el Colegio de la Abogacía catalana estima que los juzgados catalanes tardan una media de un año y medio en resolver los procedimientos penales que tienen encima de la mesa aunque, según ha advertido Rusca, se trata de un cálculo que hacen en base a su experiencia pero no que no recoge ningún informe.
En el ámbito civil calcula que la duración es de un año, en la jurisdicción social de un año, en la contencioso-administrativo de dos años, mismo tiempo que han estimado para los procesos de los que se encarga Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Rusca, acompañado en rueda de prensa de las diputadas del Icab Eva Pous y Sònia Torras, ha hecho un balance general del estado de la Justicia en referencia a años anteriores: "Puede estar más o menos igual, pero igual al peor momento. Estamos igual, sí, pero igual de mal que en el peor momento".
RETRASOS EN LOS JUICIOS
Los abogados también lamentan que más del 80% de los juicios se celebran con retraso y que estas demoras se dan sobre todo en los juzgados sociales, seguidos de los penales y de los juzgados de instrucción.
Este dato presentado este miércoles por el Icab procede de una encuesta del propio colegio a 450 abogados de un total de 16.500, y que refleja también que más del 64% de los letrados considera que el retraso en la tramitación judicial se debe a una "organización inadecuada" del juzgado mientras que un 54% lo achaca a una insuficiencia de personal.