PACTO PARA UNA NUEVA JUSTICIA
A pesar de los innegables esfuerzos de los últimos años, es indiscutible el descontento de la sociedad con la Justicia. Una institución esencial en la convivencia de los españoles debe ser rediseñada con el mayor consenso posible. La legislatura que comienza puede ser la del gran pacto que permita modernizar la justicia española.
Los ciudadanos exigen que la Justicia no sea solamente imparcial, sino que la imagen que proyecta a la sociedad lo sea igualmente. Se hace necesario volver a la fórmula de elección de los vocales judiciales del CGPJ directamente por los jueces. Del mismo modo, es preciso limitar el poder absoluto del Fiscal General sometiéndolo al control y la decisión del Consejo Fiscal, elegido por los fiscales, y de la Junta de Fiscales de Sala, integrada por la cúspide profesional de la Carrera, y se puede incluso separar su mandato temporal del que tiene el Gobierno. La ciudadanía nos lo exige, los profesionales de la justicia debemos alejarnos de toda esfera de poder, del mismo modo que éstas no deben interferir en nuestra organización y trabajo.
Además, es inaceptable que jueces y fiscales puedan pasar de la política a sus juzgados, como si de habitaciones de una misma casa se tratara. Ir de un juzgado que investiga políticos a un cartel electoral y de vuelta a investigar en el juzgado a tus rivales electorales en menos de seis meses resulta sorprendente e inasumible en una democracia moderna. Que un fiscal o un juez deje de serlo y se dedique a la vida pública no debe ser objeto de reproche. El problema es el de aquellos, que, tras pasar por la política, pretenden volver a ponerse la toga. Se debiera regular, por un lado, un sistema que prohíba volver cuando se vaya a hacer política pura y dura o, al menos, que al regresar se deba estar muchos años sin ver un solo asunto relacionado con la política, aun de forma muy lejana. Por el otro, permitir que temporalmente un juez o fiscal pueda aportar en las parcelas que domina, justicia e interior, su experiencia, pero que cuando regrese se le aplique el régimen más severo en cuanto a abstenciones que pueda figurarse, prohibiéndole incluso dedicarse a la jurisdicción penal y administrativa.
Tenemos una Justicia de gran calidad técnica, con profesionales enormemente preparados pero con un sistema antiguo y agotado. Cualquier recurso que se invierta en el modelo actual no podrá solucionar el problema, aunque creáramos cientos de juzgados y plazas de fiscales en pocos años los colapsaríamos nuevamente. Es preciso consensuar un nuevo modelo, diseñar, entre todos, una Administración de Justicia, eficiente, eficaz, de calidad y rápida.
La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, quienes investigan la corrupción deben disponer de todos los medios necesarios, obviamente. Pero también son importantes los pequeños conflictos, aquellos que solamente importan a los implicados, pero que para ellos condicionan su vida y su futuro, como un accidente de tráfico, un despido, el pago de una deuda, que no aparecerán en la prensa pero también exigen celeridad. Desde aquí debe empezarse a construir, en la esfera inferior, para el ciudadano anónimo. Además, deben desjudicializarse múltiples asuntos, acudirse a vías de mediación y conciliación, reservando a la jurisdicción el mínimo número de procesos. Luego, los asuntos de mayor complejidad deben ser tratados con criterios de especialización, resueltos por jueces y fiscales expertos en cada materia. En definitiva, los tribunales de instancia.
Es imprescindible cambiar el sistema de proceso penal encomendando la investigación al Ministerio Fiscal, como en todos los países de Europa. De este modo se consigue mayor celeridad, eficacia y respeto de los derechos al pasar el juez a ser garante, de todos, y no investigador. El fiscal debe quedar reservado únicamente al derecho penal y defensa del orden público en otras jurisdicciones redefiniendo sus funciones podrían conseguirse una ampliación de plantilla, sin coste, superior al quince por ciento.
No solamente hay que cambiar los modelos y las leyes procesales, también es preciso mejorar la gestión de recursos materiales y personales. La gestión autonómica de competencias no puede implicar desigualdades, no debemos tener una Justicia con dos velocidades.Y sobre todo, no es posible que los programas informáticos no se comuniquen entre distintos juzgados y fiscalías según el territorio. Son necesarias herramientas informáticas útiles y sencillas que favorezcan el trabajo de todos los profesionales, pero además deben ser las mismas para toda España o al menos compatibles. Desgraciadamente en algunos territorios, no todos, la transferencia ha supuesto una reducción de medios en comparación con el territorio que gestiona el Ministerio.
Parece difícil, pero de todo ello venimos hablando en las últimas legislaturas y tenemos textos y proyectos del PSOE y del PP con grandes semejanzas. Incluso, como punto de partida, estudios elaborados por equipos multidisciplinares al final de 2015 patrocinados por el Ministerio de Justicia. Solamente falta que haya voluntad de acuerdo entre las fuerzas políticas y deseo de mejorar la Administración de Justicia, los profesionales estaremos encantados de poder ayudar. Confiemos en que ésta sea la legislatura de la Justicia.
