SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Así consta en un auto de fecha 6 de julio que ha sido notificado este lunes a las partes y que la empresa ha comunicado a su vez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con esta homologación por unanimidad de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se pone fin al litigio de Sniace y queda sin efecto la sentencia de la Audiencia Nacional que validó el despido de la mayoría de la plantilla (497 trabajadores de un total de 533) hace ahora dos años.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Antonio Portilla, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Supremo, porque "da una solución" a los diferentes colectivos que integran la plantilla de Sniace y es la "llave" de la reapertura de la fábrica torrelaveguense tras tres años cerrada.
"Sin esta sentencia no se podían hacer los contratos", ha recordado el sindicalista, quien ha resaltado el hecho de que la Sala haya acordado la homologación por unanimidad, sin un solo voto particular, lo que "viene a demostrar que la revisión de los despidos era posible y se podía conseguir".
El comité de empresa espera mantener una reunión con la dirección en los próximos días para perfilar los detalles de las nuevas contrataciones que permitirán poner en marcha a primeros de septiembre la fábrica de celulosa (Celltech), tras un proceso de puesta a punto que ya ha comenzado y que va a durar dos meses, y "diez meses más tarde" Viscocel.
ACUERDO LABORAL
El acuerdo supone la reversión de los despidos para 52 trabajadores a través de contratos relevo, y para el grueso de la plantilla, la garantía de una oferta vinculante de un puesto de trabajo indefinido, primero a tiempo parcial, y después a tiempo completo a medida que comiencen a funcionar las diferentes unidades productivas, previo cumplimiento de una serie de condiciones.
Esos contratos a tiempo parcial serán de 400 euros netos para los trabajadores de Sniace y Celltech y de 575 para los de Viscocel, por el mayor tiempo que tardará en estar operativa esta última fábrica.
Entre otras condiciones para optar a un puesto de trabajo "garantizado y preferente", los operarios tendrán que aceptar la procedencia de su despido derivado del ERE de 2013, acreditar que no emprenderán ningún litigio contra la empresa y que aceptan el cobro de la indemnización en los plazos acordados en el concurso de acreedores".
Los trabajadores que en 2013 estaban como personal relevista están excluidos de estas ofertas de trabajo preferente y garantizado y lo que se les ofrece es incorporarse a una bolsa de trabajo con derecho a ocupar cualquier vacante con preferencia frente a "terceros de iguales aptitudes y cualificación profesional".
REDUCCIÓN SALARIAL
El acuerdo también incluye una serie de modificaciones sustanciales que se plasmarán en el nuevo convenio colectivo, que tendrá una vigencia de seis años. Así, se contempla una reducción salarial del 20% para quienes formaban parte en 2013 del comité de dirección, de un 17,5% para los mandos intermedios y de un 15% para el resto de la plantilla.
Dentro de los seis años de vigencia, se establece para todos los trabajadores un subida salarial según el IPC incrementado en un 0,5% a partir del tercer año, así como el quinto y el sexto.
