La colaboración con el CGPJ y la FGE se plasmará, entre otros aspectos, en la difusión del convenio y de las funciones de la ORGA en relación a los bienes decomisados y embargados entre el personal del ámbito de competencia, así como en el impulso del procedimiento de realización anticipada de estos activos en los casos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado designarán entre sus miembros a uno de los seis vocales que integran la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.
En relación al CGPJ además, se habilitará el acceso al Punto Neutro Judicial para el desarrollo de la actividad de la ORGA y se impulsará la formación de jueces y magistrados en el campo de aplicación del convenio. Desde la Fiscalía General del Estado se promocionarán medidas para garantizar el afianzamiento de las posibles responsabilidades civiles como el aseguramiento de los objetos y ganancias del delito. Asimismo, la Fiscalía podrá ser beneficiaria de los recursos obtenidos por la ORGA mediante la presentación de propuestas a la Comisión de Adjudicación cuyo fin directo sea la lucha contra la criminalidad organizada.
El Ministerio de Justicia, por su parte, impartirá las instrucciones necesarias a los funcionarios de la ORGA y demás personal afectado en la localización y gestión de estos bienes. Deberá colaborar con el Ministerio Fiscal en las diligencias de investigación, en el procedimiento de decomiso autónomo y en la ejecución de las comisiones rogatorias, así como en la coordinación del seguimiento de las anotaciones preventivas efectuadas como medida cautelar.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos nació el pasado mes de octubre gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales y como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con investigaciones patrimoniales.
En estos meses, la Oficina ha estado trabajando en el diseño de su plan de actuación y en el desarrollo de tareas de gestión para reducir los elevados costes que las gerencias del Ministerio de Justicia estaban soportando como consecuencia de la gran cantidad de bienes embargados y decomisados almacenados en sus depósitos.
La ORGA comenzó su plan de desarrollo el pasado mes de marzo en Cuenca y el próximo 1 de junio ampliará su funcionamiento al resto de Castilla-La Mancha y en materia de cooperación internacional. El 1 de octubre extenderá su actuación a las demás comunidades autónomas del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, así como a los órganos de jurisdicción estatal. Finalmente, el 1 de enero de 2017 estará operativa para la totalidad de España.
