PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Por el contrario, ha decidido no suspender cautelarmente la OPE en Educación y Salud al entender que la suspensión "ocasionaría mayores perjuicios a los terceros interesados, quienes verán retrasada sus expectativas de acceder a los puestos ofertados, a lo que debe sumarse el interés público de que se cubran determinadas plazas en la Administración Foral".
La Abogacía del Estado presentó sendos recursos contra el Decreto Foral 20/2015 de 25 de marzo que aprobaba la oferta de empleo público correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015, y el Decreto Foral 233/2015 de 9 de septiembre que modificaba la plantilla orgánica e incrementaba las plazas de la citada oferta de empleo incorporando 20 vacantes de bombero.
En el caso de la oposición de bomberos, la Sala de lo Contencioso ha emitido un auto este miércoles, en el que entiende que, según los argumentos de ambas administraciones, el exceso de plazas no sería de 20 sino de 13.
Si bien el decreto de marzo recogía una OPE de sólo 10 plazas, el auto indica que la Dirección General de la Función Pública del Gobierno navarro admitía 17 plazas. "Se ha de aclarar que única y exclusivamente tal apariencia de buen derecho se aprecia respecto del incremento de 13 plazas de bombero", agrega.
Según añade, "la suspensión parcial del citado decreto no produce perjuicios ni al interés general ni a los opositores" ya que si finalmente, en este proceso, el tribunal avala la oposición del Gobierno foral con 30 plazas "los 13 aspirantes siguientes con mejor nota podrían ser adjudicatarios de las plazas pertinentes".
La Sala expone así que "queda suspendida cautelarmente, única y exclusivamente, la ampliación respecto de 13 plazas de bombero, si bien, y puesto que no se ha suspendido cautelarmente el decreto de marzo ni se suspende en su integridad el DF 233/2015, como decimos, nada impide la ejecución de los actos subsiguientes a la convocatoria, entre los que se encuentran los correspondientes exámenes".
NO SE SUSPENDE EN SALUD Y EDUCACIÓN
En el caso de la parte relativa a la OPE en Salud y Educación, el TSJN no avala la petición del Estado de que se suspenda cautelarmente. Según el tribunal, pese a que la Abogacía del Estado dice que la no suspensión "perjudicaría a los futuros opositores, por el contrario, sería la suspensión la que ocasionaría mayores perjuicios a los terceros interesados, quienes verán retrasada sus expectativas de acceder a los puestos ofertados, a lo que debe sumarse el interés público de que se cubran determinadas plazas en la Administración Foral".
Abundando en esta idea, la Sala del TSJN cita una sentencia del Tribunal Supremo en la que explica que "la infracción de la legalidad es una cuestión que corresponde al fondo del litigio" y que su examen es "imposible" en una pieza en la "sólo se decide sobre la medida cautelar" de suspensión, "al no ser patente la mencionada infracción y al no poder resolverse ahora sobre su eventual incidencia en la conformidad o disconformidad a derecho del acuerdo recurrido".
Señalaba también el Supremo que "junto al interés general concurrente, existe el posible perjuicio para terceros, posibles beneficiarios de las pruebas" de oposiciones.
