Catalá ha considerado que uno de los objetivos estratégicos de la COMJIB debe ser facilitar la igualdad en el acceso a la Justicia de modo que la vulnerabilidad económica, social o educativa no sean un obstáculo para obtener la protección jurídica adecuada por parte del Estado. Dentro de los colectivos de especial consideración ha señalado a los menores, los adolescentes en conflicto con la ley, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas privadas de libertad y las poblaciones indígenas.
El ministro ha valorado durante este encuentro la función de la COMJIB en el cumplimiento de los objetivos trazados por las Naciones Unidas en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ha destacado la importante labor que pueden tener España e Iberoamérica en el impulso conjunto de la paz, la Justicia y la solidez de las instituciones.
Basándose en estos principios, Rafael Catalá ha realizado un repaso por las reformas afrontadas en los últimos años en España con la doble finalidad de hacer frente a la crisis económica y financiera y adaptar las estructuras económicas y jurídicas a las nuevas realidades propias del siglo XXI.
Así, en relación con la lucha contra la violencia y el delito, Catalá ha subrayado la importancia de la reforma del Código Penal que hace hincapié en la búsqueda de respuestas punitivas proporcionadas sin abandonar la vertiente preventiva y atendiendo de manera especial al sufrimiento de quienes padecen el delito. La protección de los menores ha sido un punto clave y prioritario en este elenco de reformas, ha dicho el ministro.
El titular de Justicia ha destacado la mayor eficacia que implanta el Código Penal en la lucha contra nuevos delitos como la ciberdelincuencia o el yihadismo, la mejor protección de derechos y libertades de sectores desfavorecidos o la aplicación de una respuesta penal equiparable a la repulsa social de los delitos particularmente graves, para los que se ha introducido la figura de la prisión permanente revisable.
También se ha referido al Estatuto de la Víctima, que ha nacido con la finalidad de proteger especialmente los derechos de este colectivo, evitando una segunda victimización. La especial protección a los menores se concreta en actuaciones en los casos en que son víctimas, como el agravamiento de la pena en la trata de seres humanos, la pornografía infantil, la aplicación de la prisión permanente revisable en el asesinato de niños o la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales para prevenir que los condenados por delitos de abusos, agresión o explotación sexual trabajen en contacto directo con menores.
Igualmente, por primera vez en España se ha otorgado el reconocimiento de víctimas de violencia de género a quienes convivan con mujeres que han sufrido esta situación. También, se ha concedido el derecho de asistencia jurídica gratuita a menores, discapacitados intelectuales o enfermos mentales víctimas de abuso o maltrato y se han reforzado las medidas de protección en el proceso penal, evitando el contacto visual con el inculpado. Y con la aprobación del nuevo baremo de accidentes de tráfico se mejora la situación de esta categoría de víctimas.
El objetivo declarado de alcanzar la igualdad de acceso a la Justicia ha tenido su reflejo en España en la reforma del régimen de asistencia jurídica gratuita, que elimina la necesidad de acreditar insuficiencia económica en la violencia de género, terrorismo o casos de trata de seres humanos, así como a los menores y personas discapacitadas víctimas de malos tratos. También se reconoce este derecho a las asociaciones cuyo fin sea la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de terrorismo.
La lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción en las instituciones públicas han tenido un espacio importante en la intervención de Rafael Catalá, que considera que la transparencia en las instituciones y el combate contra la corrupción son esenciales para conseguir la cohesión social y fortalecer la salud de la democracia.
Con el fin de dejar claro que el crimen no puede resultar rentable y que el criminal no solo ha de purgar la pena impuesta por los tribunales, sino también restituir lo robado, se puso en marcha en España el pasado mes de octubre, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En relación con la lucha contra la corrupción, el ministro se ha referido al Plan de Regeneración Democrática afrontado en España durante la última legislatura que incluye la adopción de medidas penales y procesales en el seno del Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras. En virtud de esta legislación, se ha conseguido evitar que un cargo público condenado por corrupción sea incluido en las listas electorales, que el autor de un delito contra la Administración obtenga la libertad condicional sin haber restituido previamente el daño económico causado, que los partidos políticos tengan responsabilidad penal fiscal, estando sujetos a un férreo control económico, financiero y contable y exista una regulación sobre la financiación ilegal de los mismos.
Al concluir el repaso de las principales medidas reformistas aprobadas por el Gobierno de España en los últimos años en el ámbito de la Justicia, Rafael Catalá ha puesto la experiencia española al servicio de COMJIB y de los distintos países iberoamericanos.
