MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
No obstante, la sentencia dada a conocer este miércoles por el alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, modifica el carácter definitivo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio a este archivo el pasado definitivo y le otorga otro provisional, por si alguno de los acusados recalara en España o se produjera otra circunstancia que obligara en el futuro a reactivar el procedimiento.
En esta causa llegaron a procesarse, por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el procesamiento de 40 militares ruandeses que en esos momento seguían ocupando cargos en el Gobierno de este país africano por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo cometidos en el golpe de Estado y la posterior limpieza étnica que se produjo entre 1994 y 2000.
De hecho, el propio presidente de Ruanda, Paul Kagame, llegó a ser investigado como uno más de los miembros del Frente Patriótico Ruandés por los "horrendos crímenes" contra la población civil, pero su cargo como jefe de Estado le proporciona inmunidad.
La Audiencia Nacional acordó el 28 de enero de 2015 el sobreseimiento de la causa y contra dicho acuerdo recurrió al Supremo la acusación particular.
Ahora, el Supremo rechaza levantar el sobreseimiento al aplicar al caso la reforma de la jurisdicción universal que entró en vigor el año 2014, al no cumplirse los requisitos que, tras la última reforma del PP extienden la jurisdicción española a determinados delitos como el genocidio ocurridos fuera de nuestro territorio.
REQUISITOS PARA INVESTIGAR
Esos requisitos, según recuerda la sentencia del Supremo, son que el procedimiento se dirija contra un español, o que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
Por ello considera de aplicación al caso la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 1/2014, que establece que "las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella".
El Supremo únicamente estima un punto del recurso de las acusaciones que se refiere a que no procede el archivo definitivo, ya que el sobreseimiento previsto en la disposición transitoria de la Ley aplicada tiene unos efectos similares a un sobreseimiento provisional, pues una vez archivado el procedimiento, si en momento posterior se constata que concurren los requisitos para activar la jurisdicción española, como la presencia de los acusados en España, el procedimiento deberá reiniciarse.
En su día, el juez Andreu concluyó que en la década de los 90 más de 4 millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas" que culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo.
Las víctimas fueron en su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña de la misma etnia. Entre los asesinados se encuentran nueve españoles, víctimas de las matanzas que se prolongaron desde 1994 hasta el año 2000.
En cuanto a los asesinatos de los españoles, el juez de la Audiencia Nacional señaló en su día que se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y "denunciaban los abusos que sufrían los desplazados de guerra". Fueron seis religiosos y tres trabajadores de la ONG Médicos del Mundo que murieron a manos de miembros del Frente Patriótico Ruandés.
Entre ellos, el juez describe el caso del misionero Joaquín Vallmajó, que había denunciado por escrito que los tutsi, etnia dominante, habían iniciado "una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos".
Por su parte, los tres civiles españoles, miembros de Médicos del Mundo que distribuían medicamentos en las localidades vecinas a la localidad de Mugunga, fueron testigos de más de 50 muertes y descubrieron una fosa común con cientos de cadáveres.
