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Que se acaben las bromas; por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional

07/09/2015
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El día 7 de septiembre de 2015, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor opina que aunque su forma y plasmación técnica sean deficientes, el proyecto de reforma del TC puede ser una solución para evitar el secesionismo.

QUE SE ACABEN LAS BROMAS

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, dijo, en la presentación de la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que “la broma se ha acabado”. Naturalmente, se refería al delirio secesionista de los nacionalistas catalanes que tras continuas transgresiones de la ley, conocerá su punto álgido el 27 de septiembre. Ahora bien, junto a esta “broma” catalana, hay que recordar que todos los Gobiernos de Madrid, y especialmente los que presidió Rodríguez Zapatero, iniciador de este embrollo nacional en que nos encontramos, echaron también un cuarto a espadas.

En efecto, fue la voluntaria permisividad de ZP, ante la creación de un nuevo Estatut para Cataluña que no era necesario, la que iba a desencadenar todo lo que ha venido después. Es más: los propios nacionalistas catalanes no daban crédito a su candidez, como se demuestra por lo que dijo el Consejero de Gobernación del tripartito, Joan Carretero, en una entrevista en La Vanguardia del 19 de marzo de 2006, afirmando que, cuando se aprobó en el Parlament el nuevo Estatut, “todo el mundo votó, sabiendo que iba en broma” (sic). Y siguiendo con las bromas, hay que recordar el papel que el Presidente Mas le hizo padecer a nuestro Jefe del Estado en una reciente audiencia. En efecto, sólo cabe considerar como una broma, que el Presidente de una parte importante de España acuda a una entrevista con el Rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, para explicarle cómo va a ser el proceso secesionista que han desencadenado en Cataluña. Si esto hubiera ocurrido en un país serio, el señor Mas hubiera salido del Palacio de la Zarzuela en una ambulancia camino de un psiquiátrico o en un furgón policial para la cárcel. Sin embargo, aquí “no va passar res”.

Pero retrocedamos unos años atrás. El 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución española por referéndum nacional, alcanzando en Cataluña un 88% de los votos emitidos por el 67% de los electores que participaron. Cabe afirmar, por tanto, que fue precisamente en Cataluña donde se dio una de las cifras más altas tanto de participación ante las urnas, como de votos afirmativos. La gran mayoría de catalanes querían esa Constitución que les reconocía su vieja aspiración a la autonomía. Pues bien, 36 años después, hay que preguntarse qué ha ocurrido para que haya una mayoría significativa de ciudadanos catalanes que desean la secesión. La explicación radica en que tanto los Gobiernos de Madrid, como los de Barcelona, no se han tomado en serio la organización territorial que permitía, dentro de unos límites, nuestra Constitución.

Sea lo que sea, debemos afrontar la realidad explicando, por una parte, cómo se ha llegado a esta fuerte tendencia centrífuga del Estado y, por otra, si existen posibilidades aún para poder superar o embridar las tendencias secesionistas de Cataluña. De este modo, se pueden enumerar algunos de los muchos errores cometidos por los distintos Gobiernos de Madrid, dando continuas facilidades a los nacionalistas catalanes. Fue un error que en el Real Decreto-Ley electoral de 1977 no se estableciese una barrera eficaz para evitar que los partidos nacionalistas pudiesen entrar en el Congreso, dejando que su campo de acción fuese únicamente el Senado. La barrera del 3% de votos en una circunscripción no ha servido de nada. Otra cosa hubiera sido exigir que todos los partidos que se presentasen a las elecciones al Congreso, propusiesen listas de candidatos en más de 5 circunscripciones. Fue un error que el Título VIII de la Constitución, siguiendo el nefasto ejemplo de la II República, adoptase el “principio dispositivo”, que ha permitido a los nacionalistas exigir el aumento constante de competencias e incluso nuevos Estatutos, con lo que nuestra Constitución sigue sin tener un diseño definitivo del Estado. Fue un error que el intento de racionalizar el caos autonómico que significó la LOAPA lo inutilizase el TC. Fue un error no reformar la Ley del referéndum, en el sentido de haber establecido un quórum de participación de al menos el 50% de los electores que voten en este tipo de consulta, al mismo tiempo que se debería exigir una mayoría cualificada para la victoria del sí o del no. Si esto hubiese sido así no se habría aprobado el Estatut de 2006, puesto que no participó ni siquiera el 50% de los electores.

Fue un error permitir la inmersión lingüística en Cataluña, negando la enseñanza en español como lengua vehicular. El lavado de cerebros que se ha conseguido con la enseñanza en catalán y con una historia manipulada explica, después de 36 años, que exista una corriente favorable a la secesión por parte de los más jóvenes. Fue un error que el Estado haya renunciado a hacer cumplir la Constitución, las leyes y las sentencias que se refieren a cualquier materia y, especialmente, al derecho de los residentes en Cataluña que quieren recibir las enseñanzas en español. Fue un error, aún más grave, permitir la serie de presiones de todo tipo que se hicieron sobre el TC para conseguir una sentencia favorable al Estatut, como, por ejemplo, una manifestación encabezada por el Presidente de la Generalitat.

En fin, desde entonces hasta la fecha, sería enormemente largo enumerar la serie de desobediencias o de actos ilegales que continuamente ha realizado el Gobierno catalán ante la pasividad de los Gobiernos de Madrid. Pero baste con destacar dos cuestiones concretas: la primera, es que a pesar de la prohibición de que se celebrase un referéndum sobre el inexistente derecho de decidir, se acabó celebrando con las famosas urnas de cartón sin que interviniese la autoridad. Y la segunda es que hasta dos años después de haberse creado la Comisión para la Transición Nacional de Cataluña, el Gobierno no recurriese ante el TC un organismo ilegal que tiene como objetivo organizar la independencia de Cataluña y la creación de un nuevo Estado. En este caso, la broma ya es una broma pesada. En definitiva, los diferentes Gobiernos de Madrid, pero especialmente los dos últimos, han dado todas las facilidades para que triunfe el secesionismo catalán.

Llegados aquí se podría pensar qué solución se debería haber adoptado para evitar la locura del proyecto de los nacionalistas catalanes. Sólo quedan, a mi juicio, dos posibilidades para intentar salvar el atolladero que se nos viene encima. Una primera sería llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes, prometiendo que en un nuevo Estado Autonómico tanto Cataluña como el País Vasco, podrían tener una situación de preeminencia sobre el resto de las regiones, lo que sería volver al origen en el sentido de diferenciar entre nacionalidades y regiones. Por supuesto, esto difícilmente lo aceptarían los propios nacionalistas catalanes y vascos, pero las demás regiones lo admitirían mucho menos. Ese es el grave dilema en que se encuentra hoy inmersa España.

Y, la segunda, sería recurrir a nuestro ordenamiento puesto que posee una panoplia de medidas jurídicas que se pueden aplicar en una situación extraordinaria como es la actual: por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución, el artículo 410 del Código Penal o, en un caso extremo, la Ley de la situaciones de excepción. Sea lo que fuere, el Gobierno ha decidido añadir una medida más en este conjunto, mediante la reforma de la LOTC para establecer que las sentencias del TC puedan ser ejecutadas por él mismo. Por supuesto, esta reforma exprés tiene una finalidad concreta frente a las próximas elecciones catalanas, pero eso no implica que sea inconveniente o inconstitucional. Ciertamente, sigue el camino ya esbozado por otras Constituciones europeas como la alemana o la austriaca. Concretamente esta última establece en su artículo 146.2 que “correrá a cargo del Presidente Federal la ejecución de la mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional. La ejecución se realizará por los órganos de la Federación de los Estados, incluyendo el Ejército federal, que fuesen encargados de este cometido según el criterio del Presidente Federal y con arreglo a sus instrucciones”.

DICHO DE otro modo, una sentencia que no se pueda cumplir equivale a una mera recomendación ética, porque sin coerción no es jurídica. El inventor, por decirlo así, de la jurisdicción constitucional, el Abate Sieyès, decía que la naturaleza del poder le lleva a intentar expandirse y, por tanto, a transgredir los marcos que se le habían asignado. De ahí la necesidad de instaurar un control constitucional, que debería ejercer un Tribunal especial como un poder neutro de naturaleza política y jurisdiccional. La proclamación por la Ley del respeto a la Constitución no basta, porque toda Ley debe ser aplicada coactivamente.

Por ello el artículo 118 de nuestra Constitución señala que las sentencias en general deben cumplirse, pero en lo que respecta a las del TC, reguladas en el artículo 164, no se establece una vía rápida y eficaz para su ejecución. En definitiva, la proposición de Ley presentada por el Gobierno de Rajoy, al margen de que debería haber sido aprobada mucho antes y de que era muy recomendable el consenso con otros partidos, es indiscutible que llena una laguna jurídica. Ciertamente, aunque el texto sea en general válido, su forma y plasmación técnica deja mucho que desear. Por ejemplo, distingue entre “sentencias y resoluciones” del Tribunal, cuando las sentencias son también resoluciones, por lo que debería decir las “sentencias y otras resoluciones” del Tribunal. Pero lo más discutible es algo con lo que coincido con mi colega y discípulo, el procesalista Lozano-Higuero, esto es, el hecho de que la ejecución de las sentencias las pueda iniciar de oficio el propio Tribunal, ya que debería ser siempre a instancia de parte.

Sea lo que fuere, es posible que no se produzca la Declaración Unilateral de Independencia en la fecha que prevén Mas y Junqueras, pero lo que sí queda claro es que hay un núcleo muy importante de catalanes que seguirán pidiendo la secesión. Y ante ello, si el Gobierno no tiene ningún tipo de propuesta capaz de interesar, de ilusionar o de motivar a los catalanes que no desean la independencia, podemos enfangarnos en un peligroso periodo de seísmos jurídicos. Por lo demás, Artur Mas ya no está solo: un humorista puede ganar las elecciones presidenciales en Guatemala.

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