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Ayudas para la redacción de planes de gestión forestal

21/05/2015
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Orden FYM/398/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la redacción de planes de gestión forestal, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (BOCYL de 20 de mayo de 2015). Texto completo.

ORDEN FYM/398/2015, DE 12 DE MAYO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL, COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020.

El Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, establece el marco de las ayudas comunitarias al desarrollo rural.

Este Reglamento incluye entre las ayudas de desarrollo rural, en su artículo 24, la ayuda para la prevención y reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes. Dicha ayuda tiene como finalidad el reforzar las infraestructuras de protección y preparar las formaciones forestales actuando sobre la estructura de la vegetación, realizar labores de mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral, llevar a cabo acciones encaminadas a minimizar los efectos del cambio climático y los riesgos naturales y bióticos que afectan a los montes, todo ello apoyado en Planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes cuando la explotación forestal a subvencionar supere determinado tamaño, que en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León se ha fijado en 100 hectáreas.

El artículo 45.2.e) del Reglamento mencionado, en desarrollo de aquellas medidas que incluyan operaciones de inversión, permite la financiación de dichos planes de gestión forestal e instrumentos equivalentes.

Así, manteniendo los objetivos de la normativa comunitaria, las ayudas que se regulan en la presente orden contribuirán a:

Mejorar el conocimiento de la biodiversidad y proteger los hábitats y las especies de fauna y flora amenazada.

Promover el aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos forestales.

Planificar los usos y la gestión de las áreas naturales protegidas.

Proteger los bosques de los incendios forestales, plagas y enfermedades, y otros desastres naturales.

Apoyar el desarrollo socioeconómico y mantener las fuentes de renta y empleo de las zonas rurales.

Contribuir a la creación de nuevas empresas y a la continuidad de las ya establecidas en el sector, fomentando el espíritu empresarial y a la estructura económica territorial.

La presente orden se ha elaborado tomando como marco la normativa comunitaria citada, así como sus Reglamentos de ejecución y desarrollo, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Vínculo a legislación, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio Vínculo a legislación, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, así como Ley 5/2008, de 25 de septiembre Vínculo a legislación, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en la medida en que éstas sean aplicables a sus convocatorias.

Estas ayudas se encuentran incluidas en el documento de programación denominado Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, elaborado por la Junta de Castilla y León, actualmente en fase de revisión por la Comisión Europea, siendo su contenido acorde con el indicado documento de programación. Dado que aún no se ha aprobado el nuevo programa, se ha dotado a estas bases reguladoras de una cláusula suspensiva que limita su alcance en función de los términos de la postura final de la Comisión Europea respecto al programa.

La Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, ha informado favorablemente las medidas financiadas por el FEADER a las que se refiere la presente orden.

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de las disposiciones anteriormente citadas, la competencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la tramitación, resolución y pago de las ayudas cofinanciadas con cargo a los fondos FEADER que se regulan en la presente orden corresponde a la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con el Decreto 86/2006, de 7 de diciembre, por el que se designa al Organismo Pagador y al Organismo de Certificación de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de acuerdo con el Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentran competencias en esta materia.

En virtud de lo anterior, en el ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 3/2001, de 3 de julio Vínculo a legislación, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y consultadas las organizaciones sectoriales más representativas,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a la redacción de planes de gestión forestal, previstas en el artículo 24 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de esta orden.

Artículo 2. Finalidad.

La finalidad de esta ayuda es incrementar la superficie que cuente con planificación de su gestión forestal, en la que establezcan acciones preventivas destinadas a conseguir un estado selvícola y de manejo que disminuya los daños derivados de incendios, desastres naturales y catástrofes.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente orden, se entenderá por:

a) “Monte o terreno forestal”: Es todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

b) “Explotación forestal”: Conjunto de terrenos forestales de una provincia correspondientes a un mismo titular, que sean declarados en la solicitud.

c) “Titular de explotación forestal”: El que ejerce la actividad forestal organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación.

d) “Explotaciones en régimen privado”: Todas las explotaciones de titularidad particular y las de titularidad patrimonial de entidades locales.

e) “Plan de gestión forestal”: Los Instrumentos de Ordenación Forestal recogidos en el artículo 38 Vínculo a legislación de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

El plan de gestión forestal estará en vigor mientras su apartado denominado Plan Especial no haya finalizado.

Artículo 4. Actuaciones subvencionables.

1. Podrá ser objeto de ayuda la elaboración de proyectos de ordenación y planes dasocráticos, según proceda, así como sus revisiones, en los términos previstos en el Anexo I.

2. Para las explotaciones forestales que cuenten con rodales que vayan a ser objeto de cortas de regeneración durante la vigencia del plan especial, excepto para las explotaciones de arbolado adehesado, será subvencionable la elaboración y revisión, en su caso, de proyectos de ordenación de las mismas.

Para las explotaciones que no vayan a ser objeto de cortas de regeneración, o las que cuenten con arbolado adehesado en regeneración, será subvencionable la elaboración y revisión, en su caso, de planes dasocráticos.

3. Los planes y proyectos deberán incluir entre sus objetivos la prevención de daños y, en concreto, alcanzar y mantener un estado selvícola de la masa forestal que reduzca la posibilidad de sufrir incendios, desastres naturales y/o catástrofes. Además, deberán contener apartados relativos a actuaciones específicas tanto en prevención de incendios y como frente a otros desastres naturales.

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta orden:

a) Las personas físicas o las personas jurídicas titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado.

b) Las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales, sin necesidad de constituirse con personalidad jurídica, para realizar en común todas las actuaciones previstas en esta orden, debiendo nombrar un representante con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación.

Las entidades locales sólo se podrán agrupar entre sí, no pudiendo agruparse con cualquier otro tipo de beneficiario.

En todo caso, siempre que una solicitud de ayuda integre a más de un titular, éstos deberán constituirse en agrupación.

c) Las comunidades de bienes, titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado.

2. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquéllos a los que se les haya denegado la concesión de sucesivas ayudas en virtud de lo establecido en los artículos 14.4 y 26.3 de esta orden, durante el período de cumplimiento de las denegaciones acordadas.

Artículo 6. Terrenos objeto de las actuaciones.

1. Podrán ser objeto de las actuaciones previstas en esta orden los terrenos:

a) Calificados como forestales según lo establecido en la legislación en materia de montes. Estos terrenos deberán venir identificados en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (en adelante SIGPAC), a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitud, con alguno de los siguientes usos definidos en el Anexo II de del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre Vínculo a legislación, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas: Forestal (FO), Pastizal (PS), Pasto arbustivo (PR), Pasto con arbolado (PA) o Improductivo (IM).

A los efectos de esta orden, se entenderá que tienen uso forestal los terrenos que hayan sido forestados mediante las ayudas a la forestación de tierras agrícolas, aunque su uso en el SIGPAC aún no figure como tal.

b) Calificados en el SIGPAC como Viales (CA).

En aquellos términos municipales en los que se utilicen para la identificación de las parcelas referencias alfanuméricas distintas a las contenidas en SIGPAC, de acuerdo con la relación que publica anualmente la Consejería con competencia en ayudas agrícolas de la Política Agraria Comunitaria, así como en los terrenos que no tengan asignada la referencia SIGPAC o que, disponiendo de acuerdo de concentración parcelaria firme, el uso asignado en SIGPAC sea “Zona Concentrada no incluida en la ortofoto” (ZC), las referencias alfanuméricas, los usos y las superficies de las parcelas se obtendrán de la base de datos del Catastro o, en su caso, de los órganos competentes en concentración parcelaria o en designación de usos.

En el supuesto de terrenos que estén sometidos a concentración parcelaria, serán admisibles aquéllos en los que el solicitante tenga asignada la finca de reemplazo en el acuerdo firme de concentración o, en el caso de que éste no sea firme, la autoridad competente en concentración parcelaria certifique la asignación de la finca de reemplazo y que los recursos pendientes de resolución no afectan directamente a la finca asignada.

Para los terrenos situados dentro del perímetro de una zona de concentración parcelaria, pero excluidos de ésta, en tanto no se disponga de los datos oficiales sobre la firmeza de la concentración, se solicitará al correspondiente Servicio Territorial con competencia en concentración parcelaria, certificado sobre su exclusión, debiendo utilizarse en estos casos la referencia, uso y superficie SIGPAC si los hubiera, o en su defecto, los correspondientes datos catastrales.

2. En cualquier caso, dichos terrenos deben estar declarados zonas de medio o alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con la Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León.

3. No se admitirán los terrenos que:

a) No cumplan las condiciones descritas en los apartados anteriores, aunque para una gestión más completa de la explotación, podrán ser incluidos en el texto o planos del plan de gestión si el titular lo considera oportuno.

b) Formen parte de montes catalogados como de Utilidad Pública.

c) Estén sujetos a contratos en materia forestal suscritos con la Consejería competente en estas ayudas.

d) Estén acogidos a la ayuda para la prevención de daños a los bosques, durante los dos primeros años de ejecución del plan de actuaciones aprobado para la misma.

e) No estén ubicados en el mismo término municipal o en términos colindantes.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 Vínculo a legislación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el artículo 5 Vínculo a legislación del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las actuaciones objeto de subvención habrán de ser evaluadas en sus afecciones a la Red Natura 2000. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 Vínculo a legislación de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, las administraciones públicas, en el ámbito de Castilla y León, deben adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la ejecución de acciones contrarias a los objetivos de dicha ley. En el caso de la ayuda a la redacción de planes de gestión forestal, la evaluación de ambos aspectos se efectuará sobre el propio documento una vez presentado, previamente a la aprobación del mismo. Todos aquéllos documentos que cumplan las condiciones que se establezcan expresamente con este fin en las correspondientes convocatorias se podrán considerar ya evaluados, en particular conforme lo previsto en el artículo 25 Vínculo a legislación del Decreto 6/2011, de 10 de febrero. El resto deberá someterse a la necesaria evaluación, previamente a su aprobación.

Artículo 7. Condiciones generales.

1. Los planes de gestión forestal recogidos en el Anexo I deberán comprender las siguientes superficies mínimas:

a) 5 hectáreas, cuando la especie principal sea Populus spp. de producción.

b) 10 hectáreas, cuando la especie principal sea Pinus radiata, Eucalyptus sp. o Pseudotsuga menziesii.

c) 50 hectáreas para las restantes especies, de las cuales, al menos 25 de ellas deberán ser continuas.

2. Las superficies mínimas podrán corresponder a una o varias parcelas, siempre que el área continua de planificación sea al menos de 1 hectárea. No interrumpirá la continuidad en la planificación la existencia de arroyos, canales, vías o caminos, vías pecuarias, vías férreas o cualquier instalación de características semejantes.

El Servicio Territorial competente en estas ayudas de la provincia en la que estén situadas las explotaciones forestales en las que vaya a realizarse la actividad subvencionable (en adelante, Servicio Territorial) valorará técnicamente la viabilidad de la planificación solicitada, en caso de solicitudes que incluyan áreas de planificación muy distantes entre sí.

Artículo 8. Financiación de las ayudas.

Las ayudas reguladas en esta orden se financiarán con cargo al FEADER, a los Presupuestos Generales del Estado y a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León en los porcentajes que se determinen en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el período 2014-2020, porcentajes de cofinanciación que se detallarán en las resoluciones individuales de concesión de las respectivas ayudas.

Artículo 9. Cuantía de la ayuda en el sistema de módulos o costes estándar.

1. Los importes para la financiación de las actuaciones relacionadas en el artículo 4 de esta orden se han elaborado siguiendo un sistema de módulos o costes estándar.

2. En ese sentido, los importes unitarios son los que se relacionan en el Anexo II de la presente orden.

3. Para formalizar las solicitudes de ayuda, todos los solicitantes deberán basarse en los importes del sistema de módulos o costes estándar del Anexo II, que serán los que se utilicen para proceder a la concesión de la misma.

4. No obstante, una vez concedida la ayuda, las entidades públicas beneficiarias, que adjudiquen las actuaciones concedidas para su ejecución por un tercero conforme a la normativa sobre contratación pública vigente, deberán justificar la ejecución de las mismas mediante el sistema de facturas de los costes realmente realizados, en la forma que se establezca en la orden de convocatoria.

En este caso se financiará con cargo a esta ayuda, como máximo, el importe total que, en su caso, se hubiera concedido mediante el sistema de módulos, que será el reflejado en la resolución de concesión de la ayuda.

Artículo 10. Procedimiento de concesión.

1. Las ayudas reguladas en la presente orden se concederán dentro del crédito disponible, en régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 Vínculo a legislación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el capítulo I del Título II de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre Vínculo a legislación.

2. El procedimiento de concesión se iniciará mediante convocatoria aprobada por orden del titular de la Consejería con competencia en estas ayudas, publicada en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Artículo 11. Criterios de valoración.

1. Las solicitudes de ayuda a la redacción de planes de gestión forestal se valorarán, teniendo en cuenta los criterios establecidos a continuación y cuyo desarrollo por rangos se realizará en las correspondientes órdenes anuales de convocatoria:

a) Superficie de actuación: Se priorizará a partir de una determinada superficie solicitada en función de la especie principal de la explotación. Este criterio tendrá una ponderación del 20% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

b) Continuidad de la gestión, por tratarse de revisiones de planes de gestión aprobados por la administración forestal, cuyo Plan Especial esté próximo a finalizar, es decir, que éste concluya durante el año de publicación de la orden de convocatoria de la ayuda o en el año inmediatamente posterior al mismo.

Este criterio tendrá una ponderación del 20% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

c) Tipo de masa: En función de la movilización de recursos que produzca la masa a planificar. Este criterio tendrá una ponderación del 20% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

d) Asociación de propietarios forestales: Pertenecer a una asociación de propietarios forestales legalmente constituida, domiciliada en Castilla y León. Este criterio tendrá una ponderación del 10% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

e) Ubicación de los terrenos: Actuaciones que se realicen en terrenos localizados en términos municipales que incluyan cualquiera de estas figuras de protección: Espacios Naturales Protegidos declarados con anterioridad a la publicación de la correspondiente convocatoria, Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, (Decreto 114/2003, de 2 de octubre); Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, (Decreto 83/1995, de 11 de mayo); Plan de Recuperación del Oso Pardo, (Decreto 108/1990, de 21 de junio); Zonas de Especial Protección y Áreas Críticas relacionadas en el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico (Decreto 4/2009, de 15 de enero); Zonas de Especial Protección relacionadas en el Plan de Conservación del Águila Perdicera (Decreto 83/2006, de 23 de noviembre); y Espacios Naturales con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado y áreas designadas para formar parte de la Red Natura 2000, con anterioridad a la publicación de la correspondiente convocatoria. Este criterio tendrá una ponderación del 10% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

f) Agrupación de titulares: Contarán con mayor puntuación las solicitudes con más titulares agrupados. Tendrá una ponderación del 8% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

g) Riesgo de incendios forestales: Actuaciones que se realicen en terrenos localizados en términos municipales según estén declarados como zonas de riesgo de incendio alto o medio. Este criterio tendrá una ponderación del 5% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

h) Inventario previo:

Este criterio tendrá una ponderación del 5% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

i) Integración laboral de las personas con discapacidad: Ocupar un mayor porcentaje de trabajadores discapacitados en relación con sus respectivas plantillas, o bien que, cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de ayuda. Este criterio tendrá una ponderación del 2% en el valor final de la puntuación de la solicitud.

2. La puntuación de las solicitudes se calculará como la suma del valor resultante en cada uno de los criterios.

3. La selección de las solicitudes se realizará por orden de prioridad decreciente.

4. En caso de existencia de dos o más solicitudes que, en aplicación de los criterios anteriores, alcancen idéntica puntuación total tendrán preferencia las que presenten mayor importe total solicitado y de persistir el empate la preferencia se determinará atendiendo a la mayor puntuación parcial obtenida en cada uno de los criterios de valoración establecidos en el apartado 1, en el mismo orden en que han sido establecidos.

Artículo 12. Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. La solicitud de ayuda se formalizará en el modelo normalizado que, a tal efecto, se establezca en la correspondiente orden de convocatoria, y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

2. La solicitud se presentará en los lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria de la ayuda y deberá ir acompañadas de los documentos e informaciones que se determinen en aquélla.

3. No se admitirán las solicitudes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando se presente más de una solicitud por titular de explotación forestal. En caso de detectarse la existencia de más de una solicitud por titular de explotación forestal, se considerará válida la que se hubiera presentado en último lugar en cualquiera de las formas que se establezcan en la orden de convocatoria, inadmitiéndose las restantes solicitudes o partes de solicitudes en caso de agrupación de titulares.

b) Cuando no alcancen la puntuación mínima que se establezca en la correspondiente orden de convocatoria.

c) Cuando la solicitud se presente con posterioridad a los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación, de conformidad con el artículo 13.1 del Reglamento Delegado (UE) 640/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.

4. Excepto en los casos de fuerza mayor y en circunstancias excepcionales, de conformidad con el artículo 13.1 del Reglamento Delegado (UE) 640/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, la presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido en las órdenes de convocatoria, dará lugar a una reducción del 1% por día hábil de los importes a los que el solicitante habría tenido derecho en caso de presentación de la solicitud en el plazo establecido. Las solicitudes presentadas con posterioridad a los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación se considerarán inadmisibles.

5. Debido a que la puntuación para la concesión de la ayuda a la redacción de planes de gestión forestal se obtiene de lo marcado para cada uno de los criterios de valoración en la solicitud de ayuda, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se permitirá ninguna modificación al alza de los apartados que contengan información a utilizar en el cálculo de los criterios de valoración establecidos en el artículo 11 de la presente orden, ni los relativos al importe solicitado.

La no cumplimentación de dichas casillas determinará que se considere que el dato no existe o que el solicitante no desea que sea valorado.

Artículo 13. Instrucción.

1. Verificado por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y por el Servicio de la Dirección General que gestiona estas ayudas, en el ámbito de sus competencias y funciones respectivas, el cumplimiento de los requisitos exigidos, si la solicitud no está debidamente cumplimentada, no reúne dichos requisitos o no se acompaña de la documentación necesaria, desde el Servicio Territorial se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por la Dirección General con competencia en estas ayudas, en los términos previstos en el artículo 42 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente: El Jefe del Servicio competente en estas ayudas.

- Vocales: Dos funcionarios de la Dirección General competente en estas ayudas, nombrados por el titular de dicho órgano directivo, de los cuales uno actuará como secretario con voz y voto.

3. A partir de la información aportada en la solicitud y en la documentación que la acompañe, la Comisión aplicará los criterios de valoración expresados en esta orden, y obtendrá un listado priorizado provisional de las solicitudes, conforme al cual establecerá la relación de solicitudes seleccionadas, susceptibles de ser atendidas en primera instancia con el presupuesto disponible en la convocatoria.

4. Los Servicios Territoriales requerirán a los solicitantes seleccionados para que presenten la documentación complementaria que se determine en la orden de convocatoria, entre la que figurará un informe técnico previo al documento de planificación de la gestión forestal. Dichos documentos serán presentados en los lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria de la ayuda.

5. Si la documentación complementaria presentada no está debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos exigidos, desde el Servicio Territorial se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por la Dirección General con competencia en estas ayudas, en los términos previstos en el artículo 42 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. El Servicio Territorial revisará toda la documentación complementaria, en especial el informe técnico previo aportado por el solicitante, y supervisará técnicamente la idoneidad del tipo de plan de gestión y del inventario a realizar, así como de la planificación en aquellas solicitudes que incluyan áreas de planificación muy distantes entre sí y elaborará un informe técnico sobre la viabilidad de las actuaciones proyectadas.

7. La Comisión de valoración, a la vista del informe técnico elaborado por el Servicio Territorial a que se refiere el apartado anterior, calculará nuevamente, cuando proceda, la puntuación de las solicitudes, aplicando los criterios de valoración expresados en esta orden y obtendrá un listado priorizado definitivo de las solicitudes.

8. El Servicio de la Dirección General competente en estas ayudas formulará una propuesta de resolución que contendrá la relación ordenada de los solicitantes para los que se propone la concesión de las ayudas y la relación de aquéllos para los que se propone su denegación debidamente motivada.

Artículo 14. Resolución.

1. La convocatoria se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116 Vínculo a legislación y 117 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10 Vínculo a legislación, 14.1 Vínculo a legislación y 46 Vínculo a legislación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la notificación.

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 5.1.b) de esta orden, la concesión de la ayuda, sin perjuicio de expresar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, se realizará a la agrupación.

Desde la Dirección General con competencia en estas ayudas se podrán establecer las condiciones que debe cumplir cada tipo de documento de planificación y las características de los montes en que proceda que se apliquen.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los efectos de que se puedan interponer los recursos administrativo o contencioso administrativo señalados anteriormente.

3. La notificación de la resolución que se dirija a los interesados se podrá llevar a cabo por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada Buzón electrónico del ciudadano, para lo cual los interesados deberán acogerse previamente a dicho servicio, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la “ventanilla del ciudadano”, suscribiéndose al procedimiento correspondiente.

Si optan por este medio de notificación deberán hacerlo constar expresamente en la solicitud de ayudas, marcando la casilla correspondiente.

4. Se podrá solicitar por escrito la renuncia total o parcial a las ayudas concedidas, sin penalización alguna, en un plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión.

Si el beneficiario renunciara transcurrido dicho plazo se le podrá denegar la concesión de sucesivas ayudas de las reguladas en esta orden durante los tres años siguientes al de la resolución por la que se acepte la renuncia.

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión.

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá dar lugar, en los términos y por las causas que se establezcan en la convocatoria, a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso dicha modificación pueda suponer un incremento de la cuantía de la ayuda concedida ni la alteración de su finalidad.

2. La solicitud de modificación se formalizará en el modelo normalizado que, a tal efecto, se apruebe y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

3. La solicitud de modificación se presentará en la forma, lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria de la ayuda y deberá ir acompañada de los documentos e informaciones que se determinen en aquélla.

4. Todas las solicitudes de modificación que supongan una disminución de la puntuación obtenida en la fase de valoración para la concesión inicial no serán admitidas a trámite, salvo que la ayuda hubiera sido concedida en todo caso. No se recalculará puntuación cuando la modificación sea debida a causas de fuerza mayor.

5. El Servicio de la Dirección General competente en estas ayudas formulará la correspondiente propuesta de resolución que será resuelta por la Dirección General con competencia en estas ayudas, autorizando o no la modificación solicitada.

Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116 Vínculo a legislación y 117 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10 Vínculo a legislación, 14.1 Vínculo a legislación y 46 Vínculo a legislación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la notificación.

6. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud.

7. Como consecuencia de la resolución adoptada, las obligaciones y compromisos de aplicación a la ayuda inicialmente concedida se adaptarán a las que resulten de esta nueva resolución.

Artículo 16. Ejecución.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en la forma y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria.

2. Cuando la actividad subvencionada no pueda realizarse en el plazo establecido, podrá concederse al beneficiario, a solicitud de éste, una prórroga del plazo de ejecución, por causas debidamente justificadas.

El procedimiento para la concesión de la prórroga es el establecido en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.

La solicitud de la prórroga y su concesión deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate.

La solicitud de prórroga se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas. Dichas resoluciones no serán susceptibles de recurso.

Artículo 17. Justificación y pago.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 del Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, el pago de la ayuda se efectuará, previa solicitud, que se formalizará en el modelo normalizado que, a tal efecto, se apruebe y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

2. La solicitud se presentará en los lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria de la ayuda y deberá ir acompañada de la documentación e informaciones que se determinen en aquélla, para justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y la adecuada aplicación de los fondos recibidos.

3. Excepto en los casos de fuerza mayor y en circunstancias excepcionales, en los términos expresados en el artículo 13.1. Reglamento Delegado (UE) 640/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, la presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido en las órdenes de convocatoria, dará lugar a una reducción del 1% por día hábil de los importes a los que el solicitante hubiera tenido derecho en caso de presentación de la solicitud en el plazo establecido.

Las solicitudes presentadas con posterioridad a los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación se considerarán inadmisibles.

4. La solicitud de pago se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116 Vínculo a legislación y 117 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10 Vínculo a legislación, 14.1 Vínculo a legislación y 46 Vínculo a legislación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la notificación.

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 5.1.b) de esta orden, la resolución de pago se realizará a la agrupación.

5. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los efectos de que se puedan interponer los recursos administrativo o contencioso administrativo señalados anteriormente, en los plazos de tres y seis meses respectivamente.

6. La notificación de la resolución que se dirija a los interesados, se podrá llevar a cabo por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada Buzón electrónico del ciudadano, para lo cual los interesados deberán acogerse previamente a dicho servicio, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la “ventanilla del ciudadano”, suscribiéndose al procedimiento correspondiente.

Si optan por este medio de notificación deberán hacerlo constar expresamente en la solicitud de pago marcando la casilla correspondiente.

Artículo 18. Obligaciones y compromisos.

1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir, además de las obligaciones y compromisos establecidos en la presente orden y en las órdenes anuales de convocatoria, con las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Vínculo a legislación, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio Vínculo a legislación, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre Vínculo a legislación y en la en la normativa comunitaria que resulte de aplicación, las siguientes:

a) Facilitar la información que se le solicite sobre la actuación subvencionada.

b) Elaborar los planes de gestión objeto de ayuda conforme a las condiciones técnicas particulares que en cada resolución de concesión se establezcan y conforme a los modelos elaborados por la Dirección General con competencia en estas ayudas, que pueden obtenerse en la página web de la Junta de Castilla y León http://www.jcyl.es. Dichos documentos contendrán, como mínimo, la información requerida para los formatos simplificados de los planes de gestión recogida, igualmente, en la página web de la Junta de Castilla y León.

c) Elaborar los planes de gestión dentro del plazo de ejecución previsto en la orden de convocatoria.

d) Presentar la solicitud de pago y demás justificaciones en la forma y plazos previstos en la orden de convocatoria, junto con todos los documentos requeridos.

e) Permitir la realización de los controles que efectúe cualquier autoridad competente, así como las comprobaciones que sean necesarias.

f) No realizar durante los cinco años siguientes a la fecha del pago de la subvención, ninguna modificación importante que menoscabe los objetivos originales del plan de gestión subvencionado, conforme lo dispuesto en el artículo 71.1 Vínculo a legislación del Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

g) Comunicar a la Dirección General con competencia en estas ayudas la solicitud y, en su caso, la concesión y pago de cualquier subvención obtenida para idéntica actividad, objeto o finalidad a la que corresponde a estas ayudas.

h) Contratar, o mantener en sus respectivas plantillas, un porcentaje mayor de trabajadores por su condición de discapacitados que los estrictamente exigidos en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de ayuda, en aquellos casos en que el beneficiario haya hecho valer alguna de las circunstancias previstas en el artículo 11.1.i) de esta orden.

2. La responsabilidad del cumplimiento de los compromisos y obligaciones corresponde exclusivamente a los beneficiarios.

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 5.1.b) de esta orden, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones y compromisos será exigible individualmente a cada una de sus miembros en lo relativo a las parcelas aportadas por él.

Artículo 19. Obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.i) Vínculo a legislación del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones, el beneficiario deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social mediante declaración responsable al efecto, sin perjuicio de la posible comprobación que, en tal caso, se podrá solicitar.

Artículo 20. Transmisión de la titularidad del expediente o de los terrenos objeto de ayuda.

Si la titularidad del expediente o de los terrenos objeto de ayuda asociados al mismo, se transmitiesen, total o parcialmente, inter vivos o mortis causa, durante el período de compromisos, se adecuarán las ayudas que pudieran corresponder al beneficiario a la situación del nuevo titular, que deberá cumplir y acreditar las condiciones exigibles para la percepción de las ayudas en los términos, forma y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria y subrogarse en todas las obligaciones y compromisos existentes.

Artículo 21. Incompatibilidad.

1. Las ayudas reguladas en esta orden son incompatibles con otras subvenciones otorgadas sobre los mismos recintos SIGPAC para la misma finalidad u objeto por cualesquiera otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados, autonómicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, así como con aquellas otras declaradas incompatibles de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Además, no podrán obtenerse dos ayudas por idénticos conceptos con cargo a la misma convocatoria.

2. Todas las ayudas contempladas en esta orden respetarán los criterios de compatibilidad, acumulación y notificación a la Comisión Europea derivados de la normativa que sea de aplicación.

Artículo 22. Información y publicidad de las ayudas concedidas.

1. Una vez resuelta la convocatoria, se publicará en el “Boletín Oficial de Castilla y León” una relación de las ayudas concedidas, en los términos establecidos en el artículo 18 Vínculo a legislación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, dicha resolución será objeto de publicidad en la dirección http://www.jcyl.es, por tiempo no inferior a un mes desde la publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

2. Los datos de los beneficiarios se publicarán de acuerdo con el artículo 111 del Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados miembros.

3. Por otra parte, los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a cumplir las normas detalladas relativas a las responsabilidades en materia de información y publicidad establecidas en el Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Artículo 23. Régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Vínculo a legislación, en el Título V de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre Vínculo a legislación, adecuándose la tramitación del procedimiento sancionador a lo dispuesto en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto Vínculo a legislación, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 24. Causas de incumplimiento.

Dará lugar al inicio del procedimiento previsto en el artículo siguiente, además del incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el artículo 18 de esta orden, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haberse concedido la ayuda sin reunir alguno de los requisitos exigidos en la presente orden.

b) La renuncia a la ayuda concedida.

c) El incendio o destrucción de la explotación forestal.

d) La expropiación forzosa de los terrenos.

e) Las catástrofes naturales graves e irreversibles.

f) Las previstas en el artículo 37.1 Vínculo a legislación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 25. Procedimiento para determinar el incumplimiento.

1. El procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro, será el establecido en el artículo 63 del Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en el Título III del Reglamento Delegado (UE) 640/2014, de la Comisión, de 11 de marzo, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre Vínculo a legislación, y en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la que se determina el procedimiento de actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Servicio de la Dirección General con competencia en estas ayudas.

3. El Servicio instructor notificará el inicio del procedimiento al interesado, otorgándole el preceptivo trámite de audiencia.

4. Una vez concluido el procedimiento, el Servicio instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución.

5. El procedimiento se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116 Vínculo a legislación y 117 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10 Vínculo a legislación, 14.1 Vínculo a legislación y 46 Vínculo a legislación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la notificación.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento, teniendo en cuenta las posibles interrupciones producidas por causas imputables a los interesados. Transcurrido el plazo máximo, se producirá la caducidad del procedimiento.

7. La notificación de la resolución que se dirija a los interesados se podrá llevar a cabo por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada Buzón electrónico del ciudadano, para lo cual los interesados deberán acogerse previamente a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la “ventanilla del ciudadano”, suscribiéndose al procedimiento correspondiente.

Artículo 26. Consecuencias del incumplimiento.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento de incumplimiento determinará la pérdida total o parcial del derecho al cobro de los pagos pendientes de percibir y, en su caso, el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas, atendiendo a criterios de ponderación en función de la magnitud del incumplimiento, conforme a lo establecido en la orden de convocatoria.

2. Por otra parte, la pérdida del derecho al cobro podrá ser parcial cuando los supuestos relacionados en el artículo 24 afecten a una parte de la superficie objeto de planificación. En estos casos, la resolución que acuerde el incumplimiento acomodará los compromisos a la nueva situación.

3. Cuando proceda la exigencia del reintegro de las cantidades percibidas y si el incumplimiento resultase imputable al beneficiario, se exigirá así mismo el importe de los intereses legales correspondientes.

En estos casos, al beneficiario se le podrán denegar las ayudas contempladas en la presente orden durante los tres años siguientes a la resolución por la que se acuerde el incumplimiento.

4. Cuando el incumplimiento se deba a causas no imputables al beneficiario no se exigirá la devolución de los importes recibidos.

En todo caso, se entenderá que son causas no imputables al beneficiario la renuncia a la ayuda, siempre que se efectúe dentro del plazo establecido en esta orden, las previstas en las letras c) a e) del artículo 24, así como aquellos otros supuestos excepcionales aceptados por la Dirección General con competencia en estas ayudas, previo informe del Servicio Territorial correspondiente.

Artículo 27. Inspección, seguimiento y control.

1. La Dirección General con competencia en estas ayudas establecerá los Planes de Controles administrativos y sobre el terreno a realizar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación a las ayudas reguladas por esta orden, en los que se recogerán los criterios básicos así como la metodología general para la realización de los mismos.

Los controles serán efectuados de modo que se asegure la comprobación eficaz del cumplimiento de las condiciones de concesión de las ayudas y de los pagos contemplados en la presente orden.

2. Los afectados por los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, estarán obligados a colaborar en su realización. Se denegarán las solicitudes de ayuda o pago correspondientes si los solicitantes o sus representantes dificultasen o impidiesen la realización de un control sobre el terreno.

3. Los controles administrativos y de campo se basarán, en virtud de lo dispuesto en el citado Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como en su Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014.

Artículo 28. Cláusula suspensiva.

Las ayudas reguladas en la presente orden están condicionadas a la aprobación definitiva por la Comisión Europea del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Como consecuencia de ello:

a) Las resoluciones de concesión de ayuda que se adopten quedarán sujetas a la condición suspensiva en tanto se produzca la referida aprobación, la cual, en su caso, será notificada a todos los interesados.

b) Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados al cumplimiento de lo previsto en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, aun cuando los términos finales en que sea aprobado el referido programa recojan obligaciones, condiciones o requisitos no previstos en estas bases reguladoras.

c) En los supuestos de divergencias con los términos finales del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, la Dirección General con competencia en estas ayudas, previa audiencia del interesado, resolverá la modificación de las concesiones de ayudas afectadas, las cuales podrán ser dejadas total o parcialmente sin efecto o introducirse en las mismas nuevas condiciones.

d) En caso de que una ayuda resuelta al amparo de estas bases reguladoras, sea dejada sin efecto como consecuencia de los términos en que finalmente sea aprobado el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, tal circunstancia no generará derecho alguno sobre su beneficiario.

e) Las resoluciones de concesión de ayuda que, en su caso, se adopten en aplicación de la presente disposición deberán informar a sus beneficiarios de los términos de la suspensión.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de los Anexos.

Se habilita al titular de la Dirección General con competencia en estas ayudas para modificar los Anexos de esta orden con el objeto de adaptarlos a nuevos módulos o costes estándar o a cualquier requerimiento de carácter medioambiental o técnico.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Anexos

Omitidos.

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