MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El servicio jurídico de Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) ha interpuesto ante el juzgado que tramita el concurso de acreedores de la entidad esta demanda incidental, en nombre de ocho de los catorce clientes de Interdin con saldos superiores a 100.000 euros, para requerir la "separación" del patrimonio de los inversores de la masa concursal.
Los afectados pretenden que el juez determine si el saldo de los inversores puede formar parte de la masa concursal, como sostienen los administradores, o si, por el contrario, debe ser reintegrado a los inversores, tal y como señala la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La asociación ha explicado que el criterio del juzgado "será previsiblemente aplicable posteriormente a todos los clientes con fondos de inversión en Banco de Madrid respecto de los depósitos y las posiciones de tesorería unidas a los propios fondos, y se ven expuestos por esa vía a pérdidas indirectas" que, a su juicio, son "ilegítimas".
LA CNMV SOBRE BANCO DE MADRID
Asinver ha reconocido la labor que desde la CNMV, dentro del ámbito de sus competencias y de los límites de su posición institucional, se está haciendo en favor de los intereses de los inversores en unas condiciones que "no tienen precedente inmediato y cuyo único responsable de la situación causada es una administración concursal que actúa indiferente a la normativa específica en materia de servicios de inversión".
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha insistido este mismo martes en que los inversores de Banco Madrid deben poder trasladar sus depósitos en "un plazo razonable", mientras que ha advertido de que "la supervisión y las obligaciones que derivan no se pierden" por estar en concurso de acreedores. "Podría llegar el caso de que nosotros sancionemos a una sociedad en concurso y sus administradores concursales", ha dicho en un acto en Bilbao.
El Consejo de Administración de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España el pasado 10 de marzo tras la intervención de su matriz andorrana BPA, controlada por la familia Cierco, por supuesto blanqueo de capitales, dimitió en bloque un día después tras la celebración de una reunión extraordinaria.
