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El despertar cívico de las clases medias; por Elisa de la Nuez, abogada del Estado

20/05/2015
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El día 20 de mayo de 2015, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Elisa de la Nuez, en el cual la autora considera que para acabar con la corrupción es necesaria la reacción democrática de la mayoría de la sociedad española.

EL DESPERTAR CÍVICO DE LAS CLASES MEDIAS

¿Asistiremos el próximo domingo al primer acto del despertar cívico de las clases medias en España? Ojalá, porque la imprescindible regeneración democrática sencillamente no es posible sin ellas, como ha demostrado la Historia de otros países que se enfrentaron con los mismos problemas antes que nosotros y consiguieron solucionarlos. El diagnóstico sobre el tremendo deterioro de nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho está hecho desde hace tiempo; la relación entre buenas instituciones y progreso económico, sociedades abiertas e inclusivas y, en definitiva, el buen gobierno está también muy estudiada. La corrupción que tanto parece preocupar -por fin- a los españoles es sólo el síntoma de una enfermedad institucional grave, la sustitución, en la práctica, del Estado moderno y fuerte que establece nuestra Constitución (lo que los expertos denominan “El Estado weberiano”) por un Estado débil y clientelar, presa fácil de todo tipo de intereses, empezando, claro está, por los intereses de los más poderosos. El caciquismo, que durante un tiempo llegamos a pensar que era algo de otra época, ha vuelto con fuerza, si es que alguna vez llegó a irse. Para demostrarlo ahí tienen dinastías de caciques como la de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón que surgen en el siglo XIX y que llegan hasta hoy sin solución de continuidad. Cierto es que Carlos Fabra está en la cárcel pero su hija es todavía diputada en el Congreso por el PP.

Conviene insistir en que el caciquismo y el clientelismo son consustanciales a la forma de hacer política de los viejos partidos, con sus listas cerradas, su falta de democracia interna, su financiación irregular, su ocupación de todas y cada una de las instituciones, y en definitiva, su control casi total sobre el dinero de los contribuyentes que es el que permite, no lo olvidemos, atender a la cada vez más extensa clientela. Existe todo un entramado de personas físicas y jurídicas que no tendrían posibilidades de prosperar económica y hasta socialmente en entornos realmente abiertos y competitivos. Son aquellos que por falta de capacidad, mérito, esfuerzo y profesionalidad tendrían muy complicado conseguir un contrato o un puesto de trabajo de un nivel parecido a los que obtienen en el sector público gracias al patronazgo de un partido político. O los que sencillamente nunca han trabajado en otra cosa que en la política o en sus aledaños. Para entendernos, son los que le deben todo al partido.

Pero ¿cómo desmontar un Estado clientelar e ineficiente y alcanzar un Estado realmente eficaz y moderno? Ciertamente no es tarea fácil y suele llevar bastante tiempo. Otros países han necesitado -además de ese imprescindible despertar cívico de las clases medias- lo que los expertos han denominado una “coyuntura crítica”, generalmente encarnada en una guerra. Afortunadamente, ahora un acontecimiento bélico no es previsible ni tampoco parece necesario. Creo que nuestra tremenda crisis económica, que se ha llevado por delante el bienestar de tantas familias (se calcula que ha desaparecido un tercio de la clase media) y ha incrementado en nuestra sociedad la desigualdad y la injusticia de manera tan notable puede funcionar perfectamente como coyuntura crítica a estas alturas del siglo XXI.

Pero, además, contamos con un instrumento esencial: al menos formalmente, es decir, “aspiracionalmente” nuestro Estado es un Estado moderno. Si se fijan bien, no oirán ustedes a ningún político negar que tenemos un Estado homologable con el de otras democracias avanzadas, con instituciones razonablemente diseñadas, con un Estado de derecho sólido. Otra cosa es la realidad, claro, porque sencillamente muchas de nuestras leyes no se cumplen, o sobre todo no se cumplen por quienes se lo pueden permitir, que no somos la mayoría. Pero nadie a estas alturas se atreve a defender que el mejor modelo para España es el del Estado clientelar, que el capitalismo de amiguetes es una versión avanzada del capitalismo, que hay “caciques buenos” (salvo algún cacique gallego que sí se atrevió a decirlo) o que alguien que ocupa un puesto público relevante no esté ahí “por sus méritos” aunque los méritos se reduzcan de forma notoria a su relación con alguien importante. De ahí también la proliferación de CVs amañados, tesis plagiadas y carteras de clientes inventadas. Es precisamente de esa imposibilidad de reconocer cómo funcionan realmente las cosas de la que procede la perpetua esquizofrenia en la que vive instalada la vieja clase política, de Mariano Rajoy a Susana Díaz; no hay manera de hacer coincidir lo que dicen con lo que hacen; porque lo que hacen de verdad, sencillamente, no se puede contar.

Por esa razón, más que de rehacer nuestras instituciones desde cero se trata de revigorizarlas, de devolverlas a su verdadero ser. O dicho de otra manera, de intentar que las leyes (desde las que predican la independencia del Poder Judicial hasta las que establecen la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional) se cumplan de una vez. Por todos, pero en primer lugar por los que debieran ser sus garantes y protectores, los propios responsables políticos. Y por supuesto por los más poderosos. Porque eso es precisamente lo que caracteriza a un Estado de Derecho moderno: que no hay nadie “intocable”. Sin duda, es crucial para conseguirlo la labor de jueces independientes y profesionales; pero los jueces son siempre agentes que actúan una vez que el daño ya se ha producido. De ahí la importancia de reactivar los controles previos, los controles preventivos. Recordemos que la mejor forma de luchar contra los delincuentes o los corruptos no son las patrullas externas sino las internas.

¿Cuáles son esos controles internos? Pues son básicamente los que proporciona la existencia de una Administración meritocrática, neutral y profesional. La relación entre la debilidad de estos controles y el aumento de la corrupción es muy significativa, como se deduce del estudio que presentamos hoy en Madrid la Fundación ¿Hay Derecho?, una iniciativa de la sociedad civil en defensa del Estado de Derecho. Allí donde esos controles preventivos han sido sistemáticamente desmontados es donde más incidencia alcanza la corrupción política. Nada sorprendente, por otra parte. La arbitrariedad y el abuso están siempre ligados a la falta de controles y de rendición de cuentas. Si un alcalde puede cesar libremente a un interventor molesto o reducir el sueldo a un secretario de Ayuntamiento demasiado escrupuloso con el cumplimiento de la ley sin ningún problema, a cambio de obtener un buen número de votos favoreciendo ilegalmente a amigos y conocidos ¿por qué va a dejar de hacerlo? Los incentivos están claros.

El mérito, la capacidad, el esfuerzo y la profesionalidad son, precisamente, los valores esenciales de las clases medias porque son los valores que permiten a cualquiera, sea cual sea su origen, llegar a formar parte de ella. Por eso las clases medias son siempre las principales interesadas en salir de la trampa que supone un Estado débil y prisionero de los intereses de unos pocos (que para ellas será siempre “extractivo”) para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente moderno. En definitiva, el tipo de Estado que proclama nuestra Constitución. Nos toca por tanto a los que nos consideramos “de clase media”, es decir, a la mayoría de los españoles, despertar cívicamente. Sencillamente porque si somos suficientes podremos exigir que lo que proclaman nuestras leyes se haga realidad. Este año electoral nos ofrece una gran oportunidad, conviene no dejarla pasar si no queremos retroceder a sociedades pretéritas y tener que reescribir el clásico de Joaquín Costa Oligarquía y caciquismo en pleno siglo XXI.

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